La Cámara baja aprobó un proyecto de la diputada Margarita Stolbizer (GEN) que permitirá la actualización de las cuotas alimentarias. La norma obtuvo media sanción por 221 votos a favor y solo uno en contra, de un diputado del Pro.

El proyecto debatido modifica la Ley 23.928 de Convertibilidad, que establece la prohibición de actualizar las deudas de sumas de dinero. Al respecto, la diputada del GEN señaló que “hay una deuda que por su carácter debería ser prioritaria, y son las cuotas alimentarias”.

En ese sentido, la legisladora autora del proyecto señaló que “el problema más grave de la economía para los argentinos es la inflación: por su persistencia, por su carácter indomable y por sus efectos sociales, especialmente en los sectores más vulnerables que no tienen mecanismos de defensa".

"Uno de esos impactos es el que sufren las mujeres que son las que mayoritariamente reclaman el valor de la cuota alimentaria para sostener a los hijos menores a su cargo. Con la prohibición actual, los jueces no pueden actualizar las cuotas. Entonces tienen que iniciar reclamos judiciales, lo que genera además de demoras, tensiones y conflictos familiares y una litigiosidad que llena los tribunales de pleitos que podrían y deberían evitarse”, agregó Stolbizer.

"Debemos tener presente que estamos hablando de obligaciones alimentarias, que por su carácter y su finalidad responder al principio de respeto de los derechos humanos y deben permitir la atención de las necesidades del beneficiario para llevar adelante una vida digna y poder desarrollarse integralmente”, remarcó.

Al respecto el diputado Gustavo Fernández Mendía (Justicialista-La Pampa) apoyó el proyecto y sugirió que se disponga incorporar a la ley un párrafo que establezca directamente la obligatoriedad de que los jueces dispongan un mecanismo de actualización para esos casos, de modo tal que ello no dependa del magistrado en cada caso, señaló Parlamentario.com.

A su turno, el diputado Eduardo Conesa (Pro) consideró “un grave error” que la Ley de Convertibilidad prohíba la indexación, por lo que sugirió directamente que se deroguen los artículos 7° y 10° de esa norma que establecen esa condición que consideró única en el mundo.

A su juicio, dijo que “esto es completamente contrario al desarrollo del país”, advirtiendo que al existir esa norma los argentinos opten por defenderse de la inflación apelando al dólar. Conesa terminó votando en contra, al no ser autorizada la corrección que sugería.