Otro dolor de cabeza para el sciolismo. El fiscal platense Álvaro Garganta pidió la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez y el ex Subsecretario Administrativo, Walter Carbone, por supuesto "lavado de activos" mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración del ex gobernador Daniel Scioli.

Por otro lado, el fiscal también ordenó una serie de allanamientos en el Aeroparque Jorge Newbery y en San Fernando, en las oficinas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (Eana) y de Emprendimientos y Servicios Aeronáuticos SA. Esta última, habitualmente alquilada por la gobernación sciolista, está sospechada por la Justicia de haber sido utilizada para la campaña presidencial del ex motonauta con fondos públicos. Y con el nombre de fantasía Flyzar, pertenece a Gustavo Carmona, un piloto que estuvo investigado por la Justicia junto al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, en una causa por dádivas.

La inhibición para Pérez y los otros ex funcionarios de Scioli será, según el requisitorio por "un valor de $15.000.000, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio mencionado en la materialidad ilícita objeto de la imputación que se les realiza así como las costas del proceso". Por otra parte, la prohibición para salir del país de los imputados es "sin previa autorización judicial".

Pérez y Carbone están acusados como "coautores" del delito de "peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Para el fiscal, ambos "sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de $10.720.347 destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas". Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre $ 300 y 700 mil, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso.