"Dar para recibir" fue, hasta ahora, la estrategia utilizada por el Gobierno a la hora de encarar las negociaciones políticas.

La premisa era más que clara: ante los pedidos de los mandatarios provinciales, la billetera oficial se abría y era generosa si ellos ayudaban con dotar de gobernabilidad a un oficialismo que no cuenta con mayoría propia en el Congreso.

Este "toma y daca" funcionó bien en los primeros meses. A punto tal que el macrismo gozó de cierta comodidad para aprobar leyes fundamentales para su gestión, como la que le permitió "abrochar" el acuerdo con los fondos buitre.

Las críticas por cierta laxitud fiscal -escuchadas desde el inicio de su mandato- terminaban quedando opacadas ante un logro mayor, como es el de asegurar la estabilidad política.

Pero aquellos días felices para el Gobierno parecen haber encontrado un punto de inflexión.

Es que ahora no sólo recibe una catarata de críticas por las concesiones financieras brindadas a diversos sectores (empezando por las provincias) sino que, además, no obtiene favores políticos como contrapartida.

En definitiva, ahora está en duda si esa metodología de buscar consensos por medio de la billetera ha comenzado a agotarse.

A fin de cuentas, la seguidilla de derrotas que sufrió el Gobierno en el Congreso en las últimas semanas ha sido elocuente en este sentido:-La "primereada" de Sergio Massa con su propio proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias obligó al oficialismo a un cambio de estrategia. Primero debió apurar la presentación de su propio texto y luego tuvo que negociar con la oposición.

-La concesión de un acuerdo con las organizaciones sociales (a un costo fiscal de $30.000 millones) dejó en claro que preveía una segura aprobación de esa ley. Y que prefirió negociar antes que tener que convalidar un proyecto que lo obligaba a otorgar un millón de nuevos subsidios.-La ley de emprendedores, una iniciativa con la marca registrada del PRO, sufrió un inesperado traspié al ser objetada la forma en que iba a financiarse y cómo serían compensados los beneficios impositivos dirigidos a los nuevos emprendimientos.

-La derrota de la reforma política -incluyendo el voto con boleta única electrónica- supuso otro duro golpe para el macrismo, que había diseñado su estrategia para las legislativas de 2017 en base a contar con este nuevo sistema.

De manera que, para Mauricio Macri, lo que ocurrirá en los próximos días en el Congreso será mucho más que una pulseada por intentar promover algunas leyes.

Más bien, dejará en evidencia si su forma de relacionamiento con los gobernadores provinciales va rumbo a encaminarse o si ingresará en un sendero repleto de conflictos.

Quedará además a prueba qué tan sensible es el sistema político al argumento de la emergencia fiscal.

Es que, según la visión oficial, una excesiva permisividad con Ganancias agigantará el rojo en las cuentas públicas y, a su vez, complicará la situación financiera de las provincias (que dependen de este recurso coparticipable).

De acuerdo con lo originalmente acordado por el Gobierno nacional con las distintas jurisdicciones, el costo fiscal que implica el alivio del gravamen no debía superar los $27.000 millones.

Por otro lado, cerca del 50% de lo recaudado por este tributo luego es distribuido entre las provincias.

De manera que, una vez más, apelará a la alianza con los gobernadores para que ejerzan presión sobre sus legisladores en el Congreso.

Un claro ejemplo de los costos que sufrirá una provincia por la aprobación de un proyecto u otro (el del Gobierno o el de Massa), lo aportó el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, quien puso cifras al asunto:

-Si prospera la iniciativa del tigrense, su provincia perderá cerca de $370 millones por menores ingresos.

-Si el proyecto que avanza es el del Gobierno, deberá resignar unos $200 millones.

Discusión demoradaLa Casa Rosada, que había delineado una iniciativa de menor impacto para las arcas estatales, aseguró que iba a estar lista para ser debatida junto con el Presupuesto y la limitación de los llamados "superpoderes".Sin embargo, se demoró en la presentación y esto le abrió al Massa una gran oportunidad para presentar la suya. Y, claro está, le posibilitó sacar un amplio rédito político.En este sentido, propuso fijar números más favorables para los asalariados y hasta detalló la forma de financiar el alivio en Ganancias: gravar la renta financiera, los acuerdos de dólar futuro y aplicándole impuestos a la minería.

Por su parte, el proyecto del Ejecutivo -que será defendido este martes en el Congreso- contempla un aumento del mínimo no imponible de apenas el 15%. Es decir, muy por debajo de la inflación proyectada para 2017.

Hoy día, ese piso es de $18.800 netos para los trabajadores solteros y de $25.000 (netos) para los casados con dos hijos.

El arco opositor considera que la propuesta del oficialismo "vuelve a quedar muy alejada de la realidad", ya que luego de las paritarias del año próximo se sumarán cerca de medio millón de contribuyentes.

"No es lógico hablar de un incremento en el piso del tributo de apenas el 15% cuando durante el año se registró una inflación del 42%", repiten quienes no comulgan con el macrismo.

Remarcan, además, que llegó la hora de darle empuje al mercado interno y argumentan que gran parte del costo fiscal de la medida se recuperará vía un mayor consumo.

Desde el oficialismo, en tanto, buscan calmar las críticas a su proyecto y afirman que están dispuestos a mejorarlo, si es que aparecen propuestas lógicas sobre cómo financiarlo.A la búsqueda de la billetera alternativaPara impulsar su iniciativa, el massismo cuenta con el apoyo de otros partidos opositores. Propone cinco fuentes de recaudación alternativas.

No obstante, el Gobierno no se muestra dispuesto a aceptar varios de los puntos, como el de volver a aplicar retenciones a la minería.

En filas oficiales saben que una merma de los recursos de las provincias puede jugarle en contra a la hora de tener que negociar futuros proyectos en el Senado, ya que la mayoría de sus integrantes obedece a los gobernadores.

Tiene en claro, además, que no pueden dormirse. De hecho, ya recibieron el primer llamado de atención: el bloque del Frente para la Victoria junto con el Partido Justicialista mantuvo un encuentro con varios gobernadores con el fin de rechazar la reforma electoral impulsada por el macrismo.

En este contexto, se hace evidente el malestar del Gobierno con algunos mandatarios provinciales. Especialmente con aquellos que solicitan auxilio permanente en la Casa Rosada y que prefirieron no avalar el sistema electoral propuesta por el Ejecutivo.

Fueron pocos los que apoyaron al macrismo. Al salteño Juan Manuel Urtubey (que ya utiliza este sistema en su provincia) se sumó el visto bueno del entrerriano Gustavo Bordet.

En estos días, no sólo hubo "tirones de orejas" por el traspié que sufrió esta iniciativa. Cuando todo estaba encaminado para aprobar el proyecto de Ley de Emprendedores (una de las promesas de campaña del macrismo), la discusión se estancó en la cámara alta a raíz de las quejas de varios senadores.

Es que, de prosperar, las provincias debían financiar, junto con la Nación, este régimen de promoción cediendo impuestos coparticipables.

En el fondo, sostienen en el macrismo, se trata de una presión al Gobierno para que les otorgue más fondos.

Por ahora, los gobernadores no les darán el aval a sus diputados y senadores para que apoyen la iniciativa, ya que se traducirá en una menor entrada a sus debilitadas cajas.

En consecuencia, el proyecto sólo avanzará si sus ingresos fiscales, de cara al 2017, están garantizados.

Mientras tanto, piden ayudaEn medio de este tira y afloje entre oficialismo y oposición, los gobernadores se pasean por la Casa Rosada.

Se acerca el fin de año y necesitan una ayuda financiera extra para hacer frente al medio aguinaldo.

Desde el macrismo señalan que ahora están sumergidos en una dura pulseada parlamentaria por un paquete de normas clave y que recién superada esa instancia podrán analizar sus peticiones.

El lote de mandatarios que requiere de fondos frescos urgentes para aguinaldos incluye, entre otros, a Alicia Kirchner (Santa Cruz), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y al radical Gerardo Morales (Jujuy).

Las dos necesidades -la legislativa del Gobierno y la de los mandatarios provinciales urgidos por los apremios financieros- disparan todo tipo de sospechas sobre lo que vaya a suceder en los próximos días.