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La idea de las agrupaciones es que los jefes de familia de los sectores más vulnerables obtengan un status similar al de los monotributistas 
29/11/2016 - 11:00hs

Tras lograr que el Gobierno declare la emergencia social hasta el último día de 2019, las organizaciones sociales irán por más y buscarán que los beneficiarios de los distintos programas sociales y asignaciones puedan acceder también a un plan de prestaciones médicas y de tratamientos de salud.

La idea de estas corrientes sociales encabezadas por la Ctep —Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular— es que los jefes de familia de “los sectores vulnerables” de la Argentina obtengan un estatus similar al de los monotributistas, lo que les daría la posibilidad de acceder -a ellos y a sus grupos familiares- a una obra social de su elección.

Según confiaron voceros de las organizaciones, éstas volverán a la carga con la propuesta de incluir la atención de salud antes de la sesión especial del 6 de diciembre, el día señalado para que el Congreso considere convertir en ley el nuevo proyecto de emergencia social pactado entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el colectivo de organizaciones piqueteras.

El anterior proyecto de emergencia social, que había conseguido la media sanción del Senado y que el Gobierno amenazaba con vetar, disponía, entre otros puntos, “la creación de un millón de puestos de trabajo” y la puesta en marcha de una obra social que diera cobertura sanitaria a ese universo de damnificados por la falta de empleo.

Pero aquella iniciativa quedó fuera de circulación no más sellado el pacto del Gobierno con las entidades sociales, pese a que no incluyó ni el millón de puestos de trabajo ni la obra social específica.

“Vamos a seguir insistiendo con el tema, porque necesitamos una obra social que de atención a la gente de la economía popular”, adelantó uno de los líderes del movimiento piqueteros.

Cuando la primera versión de la Emergencia Social todavía estaba en pie, dirigentes de la CGT que acompañaban a las organizaciones sociales analizaron la factibilidad de crear una “obra social de distinta naturaleza” para aquellos que quedaran inscriptos en un Registro Nacional de la Economía Popular.

En cualquier caso, los sindicalistas encargados de gestionar la nueva obra social confiaron que el acceso a los servicios de salud de los sectores vulnerables sería necesariamente gradual porque, según calculan, “el sistema de salud colapsaría”.

Fuentes próximas al despacho de Stanley sostienen que el gobierno de Mauricio Macri no está predispuesto a reabrir la discusión y revisar los términos del acuerdo.

La atención de salud de los monotributistas es, además, justamente una de las preocupaciones del mundo sindical, toda vez que consideran “a todas luces insuficiente” el aporte económico que reciben de los trabajadores autónomos y de emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Esta cuestión es una de las observaciones puntuales que hacen los responsables de las obras sociales sindicales, que recibieron de muy buen grado la “reparación histórica” que significó, por parte del actual gobierno, la distribución de 30 mil millones de pesos en bonos públicos y 2700 millones de pesos en efectivo a esas entidades de salud.

El sindicalismo peronista también pretende un mejor aporte del PAMI para cubrir los mayores gastos en salud que demanda, por una cuestión cronológica, la atención de los jubilados..

Otra propuesta en materia de salud de la cosecha de la CGT apunta a la creación de una “agencia de nuevas tecnologías de avanzada”, que vendría a funcionar como un tribunal de avanzada, pero sin carácter vinculante.