Tecnología
El Reino Unido aprueba una nueva ley de vigilancia que permite espiar y "hackear" a sus ciudadanos
01-12-2016 Podría solicitarse a servicios, como WhatsApp o Facebook, que creen una "puerta trasera" para acceder a los chats encriptados de sus usuarios
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El Reino Unido aprobó una nueva legislación para vigilar, monitorizar y acceder a los historiales de búsqueda de Internet y a los dispositivos de sus ciudadanos, algo que fue calificado por muchos expertos como "la ley de vigilancia más restrictiva jamás aprobada por una democracia".

La nueva normativa, denominada Investigatory Power Act en inglés, entrará en vigor en 2017, varios años después de su primer borrador (2014) y de que fuera analizada y completada a lo largo de 2015 y 2016.

Bajo este nuevo marco, el Gobierno británico busca conseguir nuevas y mejores herramientas para combatir el terrorismo y otras amenazas para el Estado.

Sin embargo, también permite varias prácticas que fueron duramente criticadas en el pasado, como el almacenamiento de datos de usuarios por defecto.

Los operadores de Internet que funcionen en el Reino Unido tendrán que almacenar todos los movimientos de sus clientes durante un año en caso de que el Gobierno necesite acceder a ellos. Esto implica que el historial de búsquedas de un usuario no se borrará tan fácilmente.

A su vez, las empresas podrían verse obligadas a eliminar la protección de sus actividades en caso de que el Gobierno así lo requiriese.

Así, podría solicitarse a determinados servicios, como WhatsApp o Facebook, que creen una "puerta trasera" para acceder a los chats encriptados de sus usuarios, lo que en el pasado ya se ha demostrado que es un problema de seguridad y que da vía libre a hackeos y extracción de información privada.

Lo más grave es que se podrá hackear el teléfono de un ciudadano británico, incluso si está en el extranjero, sin necesidad de la intervención de un juez.

Además, se podrán almacenar amplias bases de datos de información, independientemente de que se haya cometido algún acto criminal.

Varios expertos señalaron que la posibilidad de filtrar, analizar y buscar datos a este nivel es un problema no solo de seguridad sino también de garantías democráticas.

Las agencias de inteligencia de Reino Unido todavía tienen que establecer unos límites para algunas de las medidas, pero dado que la ley ya fue aprobada, cualquier correción necesitaría cierto tiempo para aplicarse.

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