La audiencia pública convocada por la Corte Suprema por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a unas siete millones de personas, mostró un alto grado de incumplimiento y demoras en las obras.

El debate tuvo una primera sección expositiva de las partes y una segunda en la que los ministros del máximo tribunal formularon preguntas a los representantes del Estado Nacional, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la empresa estatal AySA.

La mayoría de las consultas recibieron como respuesta la imposibilidad de dar precisiones sobre cantidad de personas afectadas por la contaminación en la cuenca, cumplimiento de plazos comprometidos, proyección de obras a futuro e indicadores.

"Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dicen en el informe, es que ya hay u$s5.200 millones invertidos, pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia. ¿Qué se hizo con eso?", cuestionó con dureza el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. 

La respuesta ensayó salidas que, más allá de los recursos intermedios, confluían en la tangente de las estadísticas y terminaban ofuscando al Tribunal: "Esos siguen siendo indicadores, no resultados", también se escuchó expresar al ministro Horacio Rosatti.

"Existe un alto índice presupuestario que aún no se ha identificado. Hay diferencias entre los registros de gestión y la información del PISA, y esto reduce la permeabilidad al control.

Por ejemplo, se informan obras afectadas a municipios que no están en la cuenca, como Vicente López y Tres de Febrero", detallaron a su turno desde la Auditoría General de la Nación (AGN).

Este organismo ya había adelantado una semana atrás que, en lo que a ordenamiento ambiental del territorio se refiere, "no se logró ningún avance sustantivo", pese a haberse destinado $3.804 millones del presupuesto PISA, de un total de $21.919 millones.  

El momento de mayor tensión se vivió cuando un grupo de vecinos de la Villa 21-24 de Barracas rechazó las exposiciones de funcionarios y advirtieron que el “25 por ciento de los niños de la zona tiene plomo en la sangre”.