La audiencia pública convocada por la
Corte Suprema por el
saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo, que afecta a unas siete millones de personas, mostró un
alto grado de
incumplimiento y
demoras en las obras.
El debate tuvo una primera
sección expositiva de las partes y una segunda en la que los
ministros del máximo tribunal formularon
preguntas a los
representantes del
Estado Nacional, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la empresa estatal AySA.
La mayoría de las consultas recibieron como respuesta la
imposibilidad de dar
precisiones sobre cantidad de
personas afectadas por la
contaminación en la cuenca, cumplimiento de
plazos comprometidos, proyección de obras a futuro e indicadores.
"Según los datos objetivos que presentan, estos
indicadores del plan siguen siendo de
gestión y no de
resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dicen en el informe, es que ya hay
u$s5.200 millones invertidos, pero sólo se
cumplió el
20% de la
sentencia. ¿Qué se hizo con eso?", cuestionó con dureza el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
La respuesta ensayó
salidas que, más allá de los recursos intermedios, confluían en la tangente de las
estadísticas y terminaban
ofuscando al Tribunal: "Esos siguen siendo indicadores, no resultados", también se escuchó expresar al ministro
Horacio Rosatti.
"Existe un alto
índice presupuestario que aún no se ha identificado. Hay diferencias entre los
registros de
gestión y la información del PISA, y esto reduce la
permeabilidad al
control.
Por ejemplo, se informan obras afectadas a
municipios que
no están en la
cuenca, como Vicente López y Tres de Febrero", detallaron a su turno desde la
Auditoría General de la Nación (AGN).
Este organismo ya había adelantado una semana atrás que, en lo que a
ordenamiento ambiental del territorio se refiere, "
no se logró ningún avance sustantivo", pese a haberse destinado $3.804 millones del presupuesto PISA, de un total de $21.919 millones.
El momento de mayor tensión se vivió cuando un grupo de vecinos de la Villa 21-24 de Barracas rechazó las exposiciones de funcionarios y advirtieron que el “25 por ciento de los niños de la zona tiene plomo en la sangre”.