Impuestos
La Justicia le prohíbe salir del país a Alberto Pérez, el N°2 de Scioli, por presunto lavado de dinero
02-12-2016 Lo dispuso la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, quien también le dictó la inhibición de sus bienes para tratar de asegurar un eventual resarcimiento económico. Se lo acusa de emitir facturas "truchas" durante la gestión en el gobierno bonaerense
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La jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, dictó la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, en el marco de la causa por supuesto "lavado de activos" mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración de Daniel Scioli.

La orden recayó también contra el ex Subsecretario Administrativo de Pérez, Walter Carbone -el ex funcionario del dragón de metal-, y otros tres ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete, quienes fueron inhibidos por 15 millones de pesos y que no podrán salir del país sin autorización judicial.

Pérez y Carbone, acusados por los delitos de "peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", negaron ante la justicia haber participado en la sustracción entre 2014 y 2015 de más 10 millones de pesos, mediante facturas truchas por servicios brindados para eventos públicos.

Así la jueza aceptó el pedido del fiscal Álvaro Garganta quien había soliciado la prohibición de salir del país y la inhibición de los bienes de Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli, que es investigado por supuesta administración fraudulenta.

El pedido de Garganta también recae sobre ex subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete Walter Carbone a quien le encontraron un dragón caja fuerte en su casa del country Abril.

"A los imputados Alberto Perez, Walter Edgardo Carbone, Sandra Mamberti, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli, aunque asumiendo diferentes roles, se les atribuye haber haber cometido el delito de peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público todo ello en 25 hechos", definió Garganta en el pedido que le elevó al juez.

El fiscal solicitó la inhibición general de bienes para tratar de "asegurar un eventual resarcimiento económico, las costas del proceso, y en su caso el decomiso de los bienes". El pedido de inhibición asciende a 15 millones de pesos.

 

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