Judicialización. Es la palabra que circula en estos días, como un fantasma acechante, entre las empresas de telecomunicaciones.

Y refiere nada menos que al inminente decreto anunciado por el Ministerio de Comunicaciones para introducir cambios y una mayor competencia en el marco regulatorio del sector.

El plan oficial apunta a agilizar las ansiadas inversiones. Especialmente, en un mercado que es capaz de poder traccionarlas de manera constante y que está en condiciones de llevarle algo de alivio a un Gobierno altamente necesitado de ellas.

Los funcionarios buscan evitar la judicialización del futuro decreto. Acorde con este objetivo, tratan de promover el diálogo entre las empresas en conflicto.

Especialmente, entre Telefónica y Cablevisión del Grupo Clarín. Desde las esferas oficiales se intenta generar un marco propicio para que las partes se sienten a negociar los términos de los próximos acuerdos.

Los mismos deberán establecer -ni más ni menos- el rol de las distintas empresas para así cumplir con el mandato de mayor competencia en la actividad que pretende la administración de Mauricio Macri.

Si bien se han concretado algunos encuentros informales en bares tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, los saludos con fuertes apretones de mano terminan con un "minga" cuando alguno de los dos se da vuelta para retirarse.

"El decreto está ahí, pero se está viendo cómo hacer para evitar que se judicialice", aseguró a iProfesional un especialista en regulación de una de las empresas más grandes del rubro.

"Y sí. Si se está pensando en recurrir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), lógicamente se va a reclamar a la Justicia local en caso de que alguna vea afectados sus derechos", coincidió otra fuente relacionada con la industria.

Por lo pronto, el hecho de que un decreto -que aún está por ver la luz- ya tenga que soportar la sombra de ese fantasma, sólo anticipa malas noticias.

Una de ellas es que la postergación de las nuevas medidas atrase las inversiones ya frenadas de los distintos actores del mercado.

Y que, a raíz de ello, también se vean ensombrecidas las aspiraciones de un Gobierno que se muestra aperturista ante el mundo pero que, a la hora de tener que tomar cartas en el asunto en temas sensibles (en este caso en el sector de las telecomunicaciones), las cosas no le resulten tan sencillas.

Hay algo que es muy claro: todos los jugadores, los internacionales, los locales, los más grandes y los pequeños, tienen la billetera presta y pronta, pero ninguno va a abrirla si la letra de la norma por salir no se ajusta mayoritariamente a sus criterios.

Si esto ocurre, quedará ensombrecido el denodado esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Comunicaciones para alentar la llegada de dólares, como fue el road show en Nueva York y Washington que tuvo lugar en noviembre.

En estos momentos, el foco ya no es lo que podría ocurrir en las elecciones de 2017. Ahora se trata, casi exclusivamente, de la letra final del decreto por venir.

Molestias con antecedentes¿Qué es lo que motivaría la judicialización del futuro texto que corregirá modificaciones del decreto 267?

En principio, Telefónica ya ha manifestado su disconformidad con los cambios planteados. Lo hizo a través de la presentación de dos recursos administrativos al Poder Ejecutivo en los que expresó que vulneran sus derechos.Uno de los puntos que cuestionó es que no se le permita a las empresas de telecomunicaciones la posibilidad de ofrecer televisión paga a través de vínculos satelitales.

Precisamente, esta propuesta habría sido una de las que Telefónica le elevó a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para ingresar a ese mercado hasta tener iniciados los despliegues de fibra óptica y así remplazar el uso de una tecnología por otra.

Este aspecto- sobre el que la compañía expresa su disconformidad manifiesta - también estaría molestando a otra "peso pesado": Claro.

La filial local del magnate mexicano, Carlos Slim, tiene como premisa no opinar antes de que se produzcan los hechos, según explicaron desde esa compañía a iProfesional. Sin embargo, en el sector se comenta que también se siente discriminada.

Más aun, en un contexto en el que Claro ya brinda su servicio de TV pago en la mayoría de los países de América latina a través del vínculo satelital. No sólo eso: es uno de los principales jugadores de la región.

El otro aspecto que también promovería la judicialización es el vinculado con el espectro de 2,5 Ghz sobre el que Cablevisión avanzara luego de la compra -vía Nextel- de cinco empresas que disponían de ese recurso (Skyonline, Callbi, Netizen, Trixco e Infotel).

Se trata de un espectro asignado a servicios inalámbricos fijos (Internet fija) pero que, en el futuro decreto, podría reasignarse (refarming, en la jerga de telecomunicaciones) para telefonía 4G.

Una decisión de este tipo habilitaría a Cablevisión a ingresar en el negocio de la telefonía móvil y encarar rápidamente inversiones por u$s500 millones, tal como lo hizo saber.

El grueso de las grandes empresas de telecomunicaciones se queja de que pagaron más de u$s1.500 millones para hacerse de espectro 4G .

En consecuencia, pretenden que Cablevisión haga lo propio con la obtención del espectro de 2,5 Ghz.

Sin embargo, desde la firma del Grupo Clarín argumentan que esas bandas se obtuvieron en el mercado secundario - en el que no hay licitaciones- y que ya fueron abonadas vía la adquisición de las cinco empresas mencionadas.

El tema del espectro muestra una posición heterogénea entre los distintos players del negocio. Están los que piensan que si la intención del Gobierno es promover la construcción de infraestructura, entonces debe ser entregado libremente o cobrar montos bajos.

"Si licita a precios altos, después que no se queje de que la telefonía móvil es cara", afirmó el ejecutivo de una importante compañía de telecomunicaciones independiente.

Lo cierto es que estos aspectos (impedimento para ofrecer TV paga satelital y el reparto del espectro) son dos de los principales "issues" que hacen altamente judicializable el decreto que está por dar a luz, si sale tal como ha sido inicialmente previsto.

Que una norma sobre el mercado de las telecomunicaciones se judicialice es absolutamente negativo para el mercado en general, no sólo desde el punto de vista político sino también económico.

Algo de esto ya se vio en el reclamo de Clarín al gobierno kirchnerista por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), cuando entendió que estaba alterando derechos adquiridos. 

También, con la adjudicación de espectro 4G para el Grupo Vila-Manzano a finales de 2014, que luego fue quitado por la administración K a raíz de la falta de pago en tiempo y forma.

Esto también motivó una queja en la Justicia, aún irresuelta, que impide ya no sólo que el Gobierno pueda disponer de más espectro para licitar sino, básicamente, que esas bandas estén disponibles para brindar mejores servicios a los argentinos.

En concreto, cualquier medida judicial en este sector es capaz de producir un fuerte impacto negativo.

Los tiempos de la Justicia atentan contra los de la industria "telco". 

Si con el decreto en ciernes y con la futura ley de comunicaciones convergentes se pretende contar con un marco regulatorio ágil y que promueva los despliegues de red y las inversiones, cualquier reclamo atentará contra esa premisa.

"Los despliegues de red tienen que ser rápidos. Es como la Justicia, si llega tarde, no sirve", describió uno de los empresarios del sector. 

A este ejecutivo precisamente no le preocupa ni la reasignación de espectro para Cablevisión ni que haya más competencia. Considera que hay que mantener la dinámica de la industria o, caso contrario, la calidad de los servicios se deteriora y hasta se corre el riesgo de desaparecer.

Por lo pronto, la Justicia no ha demostrado ser demasiado ágil con los temas de telecomunicaciones. Si el decreto se judicializa, entonces la idea de impulsar una mayor competencia en este sector quedaría como una nueva utopía.

Si esa competencia tarda en llegar, los únicos perjudicados serán los usuarios. Es decir, los 41 millones de argentinos que consumen telefonía móvil, banda ancha y televisión/video en múltiples formatos.

Y, más afectados aún, serán aquellos habiten en zonas de escasa competencia, ya que continuarán pagando precios caros por servicios que no responden a una calidad acorde.Avances en el CIADIEl fantasma de la judicialización apareció cuando Telefónica dejó en claro que recurrirá al CIADI.

En ese sentido, ya hay conversaciones adelantadas en el Tribunal. De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, se está trabajando en tres ejes para evitar potenciales conflictos:

-Transparencia: se cuestiona la manera en que le están entregando a Cablevisión el espectro de 2,5 Ghz.

-Discriminación: se promueve el ingreso de Cablevisión en el mercado de telefonía móvil con bajas barreras de ingreso y, como contrapartida, se retrasa la entrada de las "telcos" al negocio de la TV por suscripción.

- Tratados de inversiones recíprocas: así como se le permite a DirecTV brindar servicios convergentes (TV pago más Internet) para cumplir con un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, no se contempla la misma situación para otros países con los que se tienen celebrados pactos idénticos, como España y México.

Una vez más, el fantasma de la judicialización asusta al Gobierno, en un contexto en el que las empresas están a la defensiva en la previa a la salida del decreto.

Sin embargo, los que más van a sufrir por esa eventual contienda judicial no son las compañías sino los propios argentinos. Los millones que consumen y pagan altos precios por servicios de calidad cuanto menos cuestionable.