El Gobierno evitó que la mayor área de distribución energética del país se quede sin concesión. Se trata de la zona en la cual brinda el servicio Edenor y que abarca al noroeste del Gran Buenos Aires (GBA), y al norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 4637 km2 y una población de siete millones de habitantes.

La compañía, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, estaba a punto de caer en causal de disolución si en el balance anual presentaba resultados con patrimonio neto negativo.

Si bien en el ejercicio correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre pasados ya había informado sobre esta situación, lo cierto es que si también incurre en patrimonio neto negativo en el balance anual debería disolverse y, por ende, perder la concesión.

Para evitarlo el Gobierno acaba de acudir en auxilio de Edenor. Lo hizo a través de Cammesa, la empresa encargada de administrar el mercado mayorista energético, que le entregó a la distribuidora una nota de crédito por una suma que en el mercado estiman es cercana a los $1.300 millones.

Si bien no habrá fondos frescos girados a la cuenta de Edenor, la nota de crédito le servirá a la empresa como ajuste contable que volcará al balance de los 12 meses correspondientes a 2016, y así disipará la posibilidad de disolución societaria y la eventual pérdida de la concesión. 

Pero al no ser un subsidio sino un crédito, la compañía deberá devolver el dinero en varias cuotas y una vez que lo disponga en Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y que la Justicia defina, con un fallo de fondo, la situación de las tarifas energéticas. Más que nada las que Edenor cobra en ciertas localidades de su área de concesión en el GBA.

Es que a raíz de las medidas judiciales contra los aumentos de tarifas definidos por el Estado Nacional, y la devolución de lo cobrado en las zonas abarcadas por los fallos y los amparos, la distribuidora volvió a sufrir problemas financieros en los últimos meses.

En su balance de los primeros nueve meses del año mostró una pérdida de $1.842 millones. El rojo informado en ese período estuvo influenciado por la obligación de devolver lo que había cobrado con aumento en los partidos de La Matanza y Pilar, en los que ofrece servicios a casi 800.000 usuarios. 

Estos problemas, sumados al incremento en el costo de las sanciones y penalidades impuestas por el Gobierno por cortes de luz, le generaron a Edenor un quebranto que la llevó a presentar un déficit patrimonial de $317,2 millones, entre enero y octubre pasados.

En ese momento, Edenor advirtió que de mantener dicho déficit patrimonial al final del año podría disolver la sociedad y hasta perder la concesión.

Una vez blanqueado este escenario, el directorio de Edenor activó negociaciones con funcionarios del área energética para encontrar una estrategia de salvataje, teniendo en cuenta que no posee problemas de caja, sino que su situación de quebranto está generada por el freno judicial a la suba de tarifas y la obligación de devolver lo cobrado a partir de febrero pasado, con efecto retroactivo a esa fecha.

El martes, mediante una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la empresa informó haber recibido una notificación de Cammesa para, por instrucciones del Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren, entregarle créditos por las medidas cautelares que afectaron "la aplicación de los precios estacionales establecidos por las resoluciones MeyM 6/2016 y 41/2016, en función de los datos informados a sus áreas operativas por los períodos pendientes a la fecha".

En el comunicado, la compañía agregó que "la medida informada permitiría, en principio, revertir la situación patrimonial deficitaria que la sociedad presentó en sus estados financieros al 30 de septiembre pasado".