La llegada de Uber al país fue con escándalo. Los sindicatos de los taxistas salieron a la calle el mismo día en el que supieron que la aplicación de servicios de autos desembocaba en Buenos Aires.

Con su presión, lograron que judicializar el tema, aunque el servicio continúa activo. La Justicia está detrás de la ganancia que la compañía produjo el último año y por eso sus directivos son investigados por una abultada evasión impositiva.

La Justicia recibió los últimos días del 2016 dos informes claves en la causa. Entre enero y noviembre de 2016, Uber facturó 69.643.951,1 pesos.

El negocio comprende que por cada viaje, la empresa se queda con el 25% y el resto se le paga al conductor. Por esto, la empresa obtuvo 17.410.987,8 y entre los conductores se repartieron 52.232.963,30 pesos.

Más allá de la recaudación, el tema pasa por los impuestos que eludieron. Uber no pagó el IVA entre enero y noviembre de 2016 por un total de $3.656.307,43 y tampoco $2.089.318,53 en concepto de Ingresos Brutos por el periodo 2016, a nivel nacional, y otras tasas impositivas por $522.329,63 ante el fisco porteño.

Por este tema hay cinco directivos que son acusados por evasión tributaria, tanto a la AFIP, a nivel nacional, así como a la AGIP, a nivel porteño. Pero también los acusan de lavado de dinero.

El fiscal penal contravencional Martín Lapadú ya pidió que vayan a juicio 7 choferes de Uber por dos contravenciones: por uso indebido del espacio público y por el ejercicio ilegal de una actividad.

También ordenó que si se detectan in fraganti a algunos de los 3.978 uberistas a los que se debe indagar, se los detenga. Las penas van de hasta diez días de arresto o bien multas de hasta 50 mil pesos.

La app desarrollada por una empresa holandesa triunfó en distintos mercados por tratarse de una forma móvil y personalizada de pedir autos. La clave es el costo de los viajes: es notablemente diferente porque se rige por la oferta y la demanda que haya de clientes y de autos para cada recorrido.