Legales
La agenda oficial, completa: blanqueo laboral, flexibilización, nueva ART y fuerte rebaja de impuestos
10-01-2017 El Gobierno está convencido de que modificar el marco legal vigente hará que las empresas contraten más personal y reducirá costos. Desde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, todos apuntan a un nuevo sistema o a un "plan B". Los 11 puntos de la iniciativa
Por Sebastian Albornos
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Uno de los grandes objetivos que se trazó el Gobierno para el 2017 es el de darle impulso al mercado del trabajo. Esto, en un contexto en el que la situación laboral viene arrojando números preocupantes en cuanto a despidos y suspensiones.

Las opiniones sobre los beneficios que pueda traer la iniciativa oficial están divididas. Hay quienes señalan que dará lugar a un retroceso y los que entienden que contribuirá a ponerle fin a un escenario adverso.

Tal como anticipara iProfesional, al hablar de blanqueo el Gobierno hace referencia a:

1. - Solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años. El objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.

2. - Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo, en lugar de pagar subsidios a desempleados.

3. - Reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y construcción, entre otros). El objetivo: incorporar a un millón de trabajadores en blanco en el lapso de tres años.

4. - Condonar multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes.

5. - Relanzar la ley de Primer Empleo, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales.

6. - Facilitar el "sinceramiento" a pequeñas firmas, de menos de diez personas: no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.

7. - Contemplar la situación de empresas con más de una decena de trabajadores, en cuyo caso abonarán cargas y contribuciones pero no multas.

8.-  Apuntar a "sincerar" la realidad, en primer lugar, de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos menores a los $12.000.

9.-  Reducir la informalidad, creándose para tal fin el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales), en el que se identificará a empresas con empleados no registrados.

10. Proponer un plan simplificado para monotributistas que poseen dependientes. Pagaría una suma única en lugar de cargas sociales. Esta modificación es similar a la aprobada en épocas del kichnerismo, para entre 3 y 5 empleados.

11. Rebajar los aportes patronales no sólo para los jóvenes sino, además, cuando la empresa opta por "sincerar" personal en situación irregular.

Para no desfinanciar a la Anses, el oficialismo promete hacerse cargo de la rebaja, que no impactaría sobre las obras sociales de los sindicatos.

Por el lado del Gobierno, no hay dudas de que el blanqueo es el camino a seguir.

En este sentido, el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, presenta esta iniciativa como "la única posibilidad" de acceder "al mundo real del trabajo", tanto para estudiantes como para dependientes que se encuentran en situación irregular y desocupados sin formación.

"No hay otra forma de integrar el mundo de la educación formal con el mercado laboral que no sea a partir de un marco formativo de estas personas", asegura.

A la hora de graficar la importancia de flexibilizar los mecanismos de contratación y despidos, grafica: "Debe ser como en el organismo humano, comer y descomer".

El secretario reconoce que las pasantías cobraron mala fama en la década del '90, producto de la legislación flexibilizadora del Gobierno de Carlos Menem. No obstante, sostiene: "No vamos a matar a todos los perros porque uno esté rabioso".

En tanto, considera primordial avanzar con el proyecto de blanqueo, habida cuenta de que casi el 40% de la fuerza laboral está en negro. "El trabajo no registrado en este país es un drama y para el Gobierno, un tema prioritario", recalca.

Entre las opciones para llevar esta iniciativa adelante, asegura que está en carpeta un modelo similar al aplicado por la gestión anterior para formalizar el personal doméstico, mecanismo por el que pudo pasarse de una regularización de apenas el 5% al 35%.

"Estamos viendo poblaciones masivas que no están registradas. El 50% del empleo informal se encuentra en empresas de menos de cinco personas", apunta.

Como era de prever, las afirmaciones de Ponte -ex hombre fuerte del Techint a nivel global- no han hecho otra cosa que encender las alarmas dentro de la CGT.

Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción, ya "avisó" que la central obrera "no va a resignar derechos".

No es, por cierto, el único tema que preocupa a los "peso pesado" del sindicalismo. Sumado al plan de blanqueo laboral, aparece otra iniciativa que ya cuenta con media sanción: el nuevo proyecto de ART.

La propuesta de ley introduce la intervención de las comisiones médicas con el fin de reducir la creciente cantidad de juicios por accidentes de trabajo.

Sólo en 2016 se iniciaron 130.000 demandas derivadas de presuntos siniestros laborales. El Gobierno detalla que 70% de los afectados inició la acción judicial sin haber pasado por una comisión médica.

En tanto, desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo afirman que hay cerca de 300.000 expedientes en curso que suman unos 4.500 millones de dólares más intereses.

Palabra resistida
Consciente de que la palabra "flexibilización" es cuanto menos polémica, los funcionarios del Ministerio de Trabajo tratan de desvincular los cambios que apuntalan de ese concepto.

El titular de la cartera, Jorge Triaca, asegura que lo que se busca es que "haya más producción porque eso va a generar más trabajo".

Detalla, además, que para lograr tal cometido el Gobierno promoverá "exenciones, más apoyo financiero del Estado y que los planes sociales sirvan para integrarse al empleo privado".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanza con el plan de disminuir la carga tributaria que recae sobre las empresas, de modo tal de que haya una mayor propensión a contratar personal en la medida en que disminuyan los aportes y contribuciones.

"Tenemos una economía que funciona en un 35% en negro", recalca el titular de Hacienda.

Entre los ítem bajo la lupa del funcionario figuran:

- La reducción de los aportes patronales, con techo del 35%

- La rebaja del IVA del 21% al 18%

- La reducción o eliminación del impuesto a los débitos bancarios

"Estamos trabajando para eliminar impuestos distorsivos que frenan la producción, el crecimiento y el consumo", expresa Dujovne.

"Se va a proponer una reforma tributaria integral y mi obsesión es lograr bajar el nivel de informalidad de la economía", completa el funcionario.

Flexibilización en el Congreso
La Cámara de Comercio y parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) han dado el visto bueno a la propuesta de avanzar en un blanqueo.

Consideran que el país debe reducir la informalidad y, además, bajar la carga de empleabilidad, ya que le quita competitividad a las empresas locales.

En tal sentido, los costos laborales en el país son los más altos de la región.

Según el Word Economic Forum, la Argentina se ubica última en el ranking de impuestos al trabajo y en la posición 130 lo que a productividad general se refiere.

Por supuesto que los gremios rechazan estas afirmaciones y endurecen sus posturas: el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, llamó a un "paro nacional" para que no se avance en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En la arena política, la primera batalla debería librarse en el Congreso.

En principio, una modificación "pro-empresa" no contaría con el apoyo de ninguno de los partidos de origen peronista (el Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador).

Asimismo, tampoco convalidarían normas que avalen la "flexibilización" y que le quiten responsabilidades indemnizatorias a las compañías, como el régimen de aprendizaje y la pasantía.

Con la ley actual, estas últimas pueden extenderse 12 meses por sólo 20 horas semanales de trabajo, mientras que la resolución ministerial prohíbe expresamente que bajo esta modalidad sean ocupados aquellos puestos de trabajo clave de la empresa.

Como argumento para rechazar la postura del Ejecutivo, el FpV afirma que entre 1994 y 1999 se redujeron los aportes patronales más del 50% y, sin embargo, el desempleo aumentó el 48%.

El bloque comandado por Héctor Recalde señala dos indicios que considera elocuentes:

- A partir del convenio firmado con McDonald's para la contratación de jóvenes desocupados

- Tras la intención de la Casa Rosada de trasladar los juicios por accidentes de trabajo al fuero de la seguridad social

El primero fue declarado inconstitucional por la Justicia. El segundo fue desestimado y dio lugar a una ley que es la que se debate en estos días.

"La política económica es la que crea empleo, no el derecho de trabajo", remarca Recalde.

El legislador señala, además, que la iniciativa oficial de rebajar las contribuciones patronales va a "desfinanciar la seguridad social".

Facundo Moyano, del Frente Renovador, considera que el macrismo está convencido de que "la flexibilización es el camino y que el problema son los salarios".

Mientras que el blanqueo domina las conversaciones de políticos y sindicalistas, el Gobierno tiene en carpeta otras alternativas tendientes a que reducir los costos laborales de las compañías.

Para impulsar estos cambios, algunos funcionarios han propuesto ir por el "atajo". Es decir, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se oficialice antes del 1 de marzo, cuando arrancan las sesiones legislativas.

No obstante, hay otra ala del entorno presidencial que advierte que esto podría derivar en un gran revés político, ya que tiene que pasar por el filtro de la Comisión Bicameral, en la que el Gobierno es minoría.

El ojo en los juicios laborales
De acuerdo con el plan de "blanqueo", el trabajador dejará de cobrar los extras indemnizatorios que pagan las empresas que no registran a sus empleados, que lo hacen en forma tardía o que declaran un menor salario.

Respecto de las intenciones del macrismo de reducir la cantidad de juicios, Triaca expresa: "Hay una enorme litigiosidad. Se gastan muchísimos recursos en litigios que no resuelven ni la empleabilidad ni el desarrollo de la producción".

Según la cartera que conduce, en la Argentina ya se paga hasta 7% de la nómina salarial en concepto de seguros de riesgo del trabajo. "Esto hay que cambiarlo, ya que significa menos empleo y menos oportunidades de desarrollo", apunta.

Para el macrismo, en tanto, una de las causas que impulsa las demandas se vincula con el concepto de "in dubio pro obrero", que significa que si el juez tiene alguna duda entonces debe darle la derecha al trabajador, por ser la parte más débil.

En caso de que no logre avanzar con estas reformas, el macrismo tiene un "plan B": cubrir las vacantes en los juzgados laborales nacionales con magistrados que tengan una "mirada pro-empresa".

Claro que tampoco le será tan fácil, ya que deberá contar con la luz verde del Senado, que es el que debe avalar el nombramiento de jueces tras el proceso de selección realizado por el Congreso de la Magistratura.

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