Mauricio Macri está logrando lo que Juan Domingo Perón no pudo antes de ser derrocado en 1955: tocar los convenios colectivos de trabajo.

Este es uno de los puntos principales para destrabar los acuerdos de inversión para relanzar Vaca Muerta en Neuquén y que en las próximas horas continuarán con nuevos anuncios en materia de hidrocarburos.

La importancia de la adenda al convenio colectivo de trabajo reside en que, a partir de ahora, habrá un nuevo régimen especial para los trabajadores petroleros del yacimiento de gas no convencional. A cambio de la estabilidad en su empleo, sufrirán una modificación drástica en sus condiciones laborales, incluidas pérdidas de beneficios adquiridos.

Entre ellos, se anula el pago de las "horas taxi" (o de traslado), se suprimen las extra y se habilita contratos por tiempo determinado. En realidad, se trata de un avance respecto de los acuerdos ya firmados en octubre en los yacimientos convencionales y de los puestos en marcha en Chubut semanas atrás.

El entendimiento entre la provincia de Neuquén, las operadoras y los sindicatos, además, implica la quita de retenciones a las exportaciones petroleras de la provincia, la eliminación de impuestos provinciales, subsidios al gas e inversiones por parte del Estado y de las petroleras privadas. Todo para reactivar la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional.

Con todo, la clave de los acuerdos anunciados no pasa tanto por su contenido sino más bien por su impacto “simbólico”. Luego de que Macri se cansara de repetir el año pasado la máxima de Perón de que “la estrella polar es la productividad”, el Gobierno puso la primera piedra en lo que apuesta a convertir en un caso testigo.

Paradojas de la vida, el presidente no peronista lo consiguió gracias a la ayuda del gobernador peronista de Nequén, Omar Pérez, y el líder de los petroleros de Neuquén, Río Negro y la Pampa, Guillermo Pereyra, también peronista y senador nacional. Una pequeña radiografía que muestra la cintura del macrismo para hacer alianzas y del peronismo para “desensillar hasta que aclare”.

"Estos convenios los necesitamos en todos los sectores de la argentina", se envalentonó el mandatario en su anuncio en Casa Rosada. Así dejó en claro la idea del Ejecutivo de extender cambios en los convenios colectivos más allá de la actividad no convencional del shale y el tight gas, donde las petroleras finalmente lograron su cometido.

El plan en la Rosada es extender los “acuerdos de productividad” a los yacimientos petroleros convencionales, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Vaca Muerta es sólo una de las escalas de un proyecto que comenzó en Mendoza y Neuquén para extenderse a Chubut, Santa Cruz y la provincia más austral del país.

En Neuquén, sin embargo, los camioneros son uno de los sindicatos que se oponen a replicar lo firmado por sus pares petroleros. El titular de la seccional, Carlos Roja, aseguró a iProfesional que “no habrá cambios” en su convenio colectivo. “Nosotros no entramos, seguimos con el que teníamos”, aseguró el sindicalista.

Rojas forma parte de la Federación Nacional de Camioneros, junto a Hugo y Pablo Moyano. El hijo del camionero se pronunció la semana pasada en contra de la modificación de los convenios. Y, tal como lo anticipó este medio, los camioneros de Chubut también rechazaron modificar su esquema de trabajo.

Sucede que las provincias y los gremios petroleros de la Patagonia son los más afectados por los anuncios de este martes. Son ellos los que a partir de ahora sentirán con mayor intensidad la presión de las empresas para replicar la dinámica de Vaca Muerta, que amenaza a la región con succionar inversiones de otras provincias.

Justamente, los gremios petroleros de Chubut vienen de firmar un esquema de trabajo que incluye  suspensiones por 10 días sin goce de haberes para unos 1.700 trabajadores, una vez que se reincorporen en febrero a sus puestos tras las vacaciones dispuestas desde fines de diciembre. La provincia era la que más resistió los cambios, pero finalmente los aceptó.

Una batalla abiertaCon Vaca Muerta, el Gobierno formalizó el esquema de acuerdos de productividad a cambio de inversiones que hasta ahora ningún sindicato se animaba a promocionar de manera pública, como lo hizo el de los petroleros de Neuquén, Río Negro y la Pampa.

El aval gremial permitió el avance del plan que desde principio de año el ministro de Energía, Juan José Aranguren, intentó poner en práctica y que los funcionarios promocionan como “win win”, todos ganan. En concreto, esto supone que todas las partes tienen que “ceder” -según explican los funcionarios- aunque algunas ganen menos que las otras.

Sin embargo, ya nadie oculta un quiebre en el sindicalismo. 

Las cláusulas, por ahora secretas, implicarían la pérdida de hasta 800 puestos de trabajo y una reducción del salario de bolsillo cercana al 40%. De ese modo, las petroleras reducen el costo operativo por pozo y ensanchan su margen de rentabilidad, una de las condiciones que lograron imponer luego de bajar pozos, suspender y recortar personal a lo largo del 2016.

Sin embargo, la batalla por los convenios recién empieza. En efecto, las negociaciones continuarán en las próximas horas -seguirá con el precio del petróleo- y todavía enfrenta obstáculos por resolver. El Gobierno tenía planeado firmar el acuerdo el año pasado, pero lo tuvo que demorar por las suspensiones y despidos que persisten en la provincia, debido a la caída de la actividad petrolera y la baja internacional del precio del barril.

En esa línea, el secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía, José Rigane, rechazó que los trabajadores sean usados como “variable de ajuste” y amenazó con lanzar medidas de fuerza si el Gobierno avanzaba sobre las condiciones de trabajo de los petroleros.

“El objetivo es cumplir con un pedido de las petroleras para hacer más rentable al sector, como si no hubiesen obtenido ganancias millonarias en los últimos años en el país. Pero la intención también es mostrarles a los inversores extranjeros que en Argentina hay un Gobierno capaz de avanzar contra los trabajadores", explicó el líder sindical.

El titular de la CTA autónoma, Pablo Micheli, llamó a combatir la “flexibilización laboral”, luego de que el Ejecutivo confirmara su intención de relanzar las pasantías.

Pero fue uno de los miembros del triunvirato que conforma la CGT, Hector Daer, quien evidenció las diferencias al interior del sindicalismo al sostener que el acuerdo de los petroleros “no es el mejor ejemplo", al tiempo que lo relativizó.

"No es que se flexibiliza el empleo, adecúan las condiciones a la situación actual", dijo.

Otro aspecto por despejar es la conciliación para 1.500 despidos producidos por la baja de 33 equipos de YPF y los conflictos que hay en varias contratistas de Vaca Muerta, como Halliburton y Schlumberger por despidos y recorte de las horas taxi.

En tanto, otras empresas como Calfrac y Weatherford también podrían entrar en conflicto si les recortan parte del salario a los empleados.

Más síntomas de la resistencia que despiertan los acuerdos firmados en la Rosada y que en Neuquén son vistos en algunos sectores como un paso más hacia la “reforma laboral”.

El futuro de las inversiones

"Hoy es un día que abre una etapa de futuro para la energía de nuestro país. Teníamos que dar garantías, certidumbres, para que vengan las inversiones", dijo Macri al presentar el acuerdo.

Las empresas que participarán de la extracción de gas en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometen a invertir u$s5.000 millones en 2017 y u$s15.000 millones por año desde 2018. “Es un compromiso pero para desarrollar falta mucho millones y no solo en 2017”, advirtió a iprofesional el exsecretario de Energía, Daniel Montamat.

En concreto, la inversión comprometida implica un incremento del 21% respecto del año pasado, cuando alcanzó un volumen de u$s4.100 millones. La tasa refleja un aumento moderado si se compara con una inflación que el propio Gobierno estima cercana al 40%. Pero además el monto todavía está lejos de los u$s10.000 millones por año que necesitaría Vaca Muerta.

De las 19 concesiones otorgadas en el área, sólo dos se encuentran en explotación. Ahora el Gobierno aspira a que con la firma de este convenio las 17 concesiones restantes, que actualmente se encuentran en etapa piloto, comiencen a desarrollarse. En total son 30.000 kilómetros cuadrados en gran parte inexplorados, mundial de gas no convencional

Por otra parte, el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas de 7,5 dólares por millón de BTU en los pozos nuevos, extendiendo el Plan Gas que vence el 31 de diciembre de este año. Además, invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector.

Mientras que Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región. “El precio del gas se confirma por varios años y eso garantizar inversiones”, dijo a este medio el ministro de Energía neuquino, Alejandro Nicola, quien ahora deberá sentarse con las operadoras para detallar el plan piloto de inversiones.