La Unidad de Información Financiera (UIF) afirmó este jueves que no puede brindar información sobre el caso que involucra a Gustavo Arribas hasta "agotar el análisis" de la operación sospechada de lavado de dinero, luego de que trascendiera que el organismo no habría informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse", subrayó el organismo que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

En un comunicado, resaltó que "conforme al artículo 22 de la Ley 25.246, los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia, y que revelar informaciones fuera del ámbito de la UIF se encuentra penado con prisión".

La Unidad de Información Financiera se expresó de esta forma luego de que una versión periodística señalara que en abril de 2016 había recibido un alerta desde el exterior a causa de transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht envió en 2013 a una cuenta de Arribas.

Desde entonces las autoridades de la UIF no informaron a la Justicia sobre esos giros, que según informó a la Justicia de Brasil el operador paulista Leonardo Meirelles, llegaron a casi 600 mil dólares, en el marco del escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato".

"El artículo 19 de la Ley 25.246 indica, que sólo cuando la UIF hubiese agotado el análisis de una operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la ley, es cuando debe poner los mismos en conocimiento del Ministerio Publico Fiscal a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal", sostuvo el organismo.

A la vez, indicó que "por primera vez desde su creación, la institución funciona de manera plenamente autónoma, sin injerencias indebidas por parte del Gobierno, la política, o intereses sectoriales, tal como lo requieren los estándares internacionales y la Ley Argentina".

"Las prácticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gestión está logrando restituir respetando el apego incondicional a la legalidad", añadió la unidad antilavado.