Impuestos

El Gobierno busca alternativas para avanzar con la reforma tributaria y la coparticipación

24-01-2017 Al tener minoría en el Congreso, Cambiemos debe negociar con gobernadores y con otros partidos. Solo cuenta con el aval directo de 5 de los 24 mandatarios provinciales y deberá negociar bastante para lograr aprobarlas en lo que le queda de mandato. Buscará aumentar su representación este año
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A fines del año pasado, el presidente Mauricio Macri se propuso como uno de los objetivos para lo que queda de su mandato avanzar con una reforma tributaria integral y con una nueva ley de coparticipación federal.

Más aún luego del enojo que causó en muchos gobernadores la transferencia de $25.000 millones a la provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional para compensar una parte de lo que las arcas bonaerenses pierden en cada ejercicio por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense.

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien se encarga de dialogar con los mandatarios provinciales, remarcó que el objetivo es “reformular el sistema tributario” para “dar alivio fiscal” a los individuos, las empresas y provincias.

De esta manera, se pretende revisar Ingresos Brutos, el impuesto al Cheque, el nivel del IVA y los aportes patronales, entre otros tributos. En marzo, una comisión bicameral comenzará a analizar las distintas alternativas para llegar a un proyecto que sea analizado por el Congreso.

No será fácil avanzar porque muchos de estos impuestos son coparticipables. Es decir, impactan directamente en lo que van a recaudar las provincias. Históricamente, a los gobernadores argentinos nunca les alcanzó el dinero que les giraba el Gobierno nacional. Esa fue una de las cuestiones por las cuales se hace difícil avanzar en una materia que según la Constitución nacional de 1994 se debería haber resuelto hace 20 años.

Y el escenario no es el más favorable para Cambiemos en un año electoral. Deberá lograr sí o sí el mayor consenso posible antes de comenzar el tratamiento legislativo de cualquiera de estos temas ya que no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y además la ley de coparticipación tras ser aprobada por el Congreso nacional debe ser refrendada por las legislaturas provinciales.

Es que ninguna provincia puede resultar perjudicada por la aparición del nuevo régimen. La ley de coparticipación tendrá como origen al Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no pudiendo ser modificada unilateralmente, ni reglamentada, debiendo ser aprobada por las provincias. 

Esto implica que el macrismo debe conseguir el apoyo de 37 de los 72 senadores y de 129 diputados de los 257 que componen la cámara baja.

De todas maneras, el panorama no es tan oscuro para Cambiemos como parecería serlo con una primera lectura. Al comienzo del gobierno macrista, el kirchnerismo era la primera minoría, con un casi centenar de representantes, casi veinte más que el interbloque Cambiemos.

Pero luego casi una treintena de legisladores abandonaron el bloque que responde a la expresidenta Cristina Kirchner.  Diecisiete diputados formaron el Bloque Justicialista, cuyo espacio –junto con el Frente Renovador de Sergio Massa- acompañó al macrismo en varias votaciones esenciales.

Estos espacios se hacían llamar “oposición responsable” porque argumentan que acompañan al Gobierno y le ponen un freno cuando es necesario. El massismo también acompañaría la reforma tributaria pero impulsa gravar algunos ítems que no cuentan con el aval del macrismo, como la renta financiera y las retenciones a la minería.

Una promesa de campaña
Durante la campaña electoral, uno de los "caballitos de batalla" de Mauricio Macri fue cuestionar el sistema de coparticipación y prometer "un sistema más distributivo para que llegue directamente a las provincias y a las intendencias".

Sin embargo, durante la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa del año pasado, a pesar de que mencionó varios proyectos a tratar en el Congreso, la propuesta de un nuevo reparto de fondos con las provincias fue la gran ausente.

Esto provocó la reacción de varios gobernadores de la oposición y pedidos de mandatarios provinciales aliados, como el caso de la bonaerense María Eugenia Vidal, quien recordó que gobierna la provincia con la mayor cantidad de habitantes, la que más aporta al PBI y la que recibe mucho menos de lo que le corresponde por la coparticipación de recursos.

La reforma que piensa el macrismo, y que será presentada formalmente a los gobernadores a principios de febrero, no le haría perder fondos a las provincias porque la porción de la torta de dinero que en la actualidad reciben es mucho menor a la que debería ser.

El punto estará en debatir cómo se repartirán los nuevos fondos y si después el Gobierno podrá lograr aumentar su participación en el Poder Legislativo (donde cuenta con casi 90 diputados y poco más de 15 senadores) y ganar espacio en las provincias.

Es que solo gobierna en cinco de los veinticuatro distritos del país: Alfredo Cornejo en Mendoza, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en territorio bonaerense, Ricardo Colombi en Corrientes y Gerardo Morales en Jujuy.

Pero en las legislaturas no tiene mayoría ni se acerca a ella, como ocurre en la provincia de Buenos Aires.

Nuevo cálculo
Conforme a la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal) la masa de fondos para distribuir se integra con lo recaudado por todos los tributos nacionales que existían a la fecha de vigencia de esa norma, que data de 1988. 

Es por ello que dentro de los impuestos coparticipables se puede citar al Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias, Internos, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, a la Ganancia Mínima Presunta.

Asimismo, indicó que sólo estos últimos tres son coparticipables en un 100%, ya que los otros destinan un porcentaje a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La cláusula transitoria sexta de la Carta Magna de 1994 obligaba a sancionar una nueva ley antes de que finalice el año 1996. Por falta de acuerdo e intereses contrapuestos, nunca se avanzó sobre el tema por lo que se dictaron varias normas “complementarias” como el Fondo del conurbano y el Fondo Federal Solidario (FFS). Esto provocó que la coparticipación se volviera un sistema complejo de coordinación financiera.

En la actualidad, los cuestionamientos surgen por el coeficiente a utilizar, ya que al no haber una ley que se ajuste a la realidad, existe un retraso para determinarlos y calcular la coparticipación provincial, ya que se emplea los parámetros de 1988, cuando la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía. 

En principio, de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios macristas, la idea es pasar de la administración vertical (utilizada durante el kirchnerismo, con un papel preponderante del Poder Ejecutivo nacional, que actúa con un alto nivel de discrecionalidad) a la horizontal. Esto implicaría que se destinarían más recursos a las provincias sin depender de la decisión del presidente de turno.

Además, en este tema, cada legislador no solo tiene en cuenta los intereses del partido o bloque al que pertenezca sino también los de la provincia que los eligió. El encargado de llevar adelante las negociaciones con los gobernadores es el ministro Frigerio.

No hay que pasar por alto que la nueva ley debe incorporar a la Ciudad de Buenos Aires dentro del reparto para que deje de depender del Estado nacional

Esto provoca que los territorios más importantes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza consideren que la norma termina por privilegiar a las provincias más pequeñas en términos de población.

 

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