Desde julio comenzará a regir en Estados Unidos la “Ley Internacional de Emprendedores”, con la cual empresarios extranjeros podrán aplicar a un visado para crear compañías en etapa inicial de desarrollo (startups) en ese país.

Se trata de un “estatus provisional” que permitía acceder a una visa para trabajar en temas humanitarios o en asuntos médicos, pero a partir del 17 de julio también podrán aplicar emprendedores calificados.

En noviembre de 2014, el presidente Barack Obama prometió facilitar y agilizar el proceso para que los emprendedores trabajaran en EE.UU.

Finalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) terminó de delinear las reglas y las publicó en el Registro Federal.

La H-1B es la visa más popular para trabajadores altamente calificados y requiere que los extranjeros muestren que pueden ser contratados, despedidos, pagados y controlados por un empleador.

Pero estos requerimientos dejan afuera a quienes desean establecerse en Estados Unidos para crear una compañía, por lo que muchos emprendedores eligen otros destinos.

Con la nueva legislación, podrán acceder los dueños de empresas (de no más de cinco años de creación) con potencial de tener un “rápido crecimiento" y de crear empleos, por medio de subvenciones gubernamentales de al menos u$s100.000 o de un fondeo mínimo de u$s250.000 de un inversor calificado.

Esta regla explícitamente elimina que los pequeños negocios sean tomados en consideración.

Otros requerimientos incluyen la habilidad de operar legalmente en el país y que los fundadores deben ser dueños de un mínimo del 10% de la compañía en el momento de la aplicación.

El estatus dura dos años y medio y puede ser renovado por un período similar. También puede ser revocado en cualquier momento si se cree que la compañía no está beneficiando más al público.

El gobierno espera cerca de 2.940 aplicaciones por año. La aceptación será determinada según el caso. Actualmente, el USCIS aprueba cerca del 25% de requerimientos de estatus provisionales, cerca de 1.200 al año.

No se sabe si esta legislación permanecerá con el nuevo gobierno de Donald Trump, ya que podría ser vetada con otra ley o un decreto del presidente.