La CGT coincidió con "el espíritu" que de las modificaciones a la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) , aunque cuestionó "el mecanismo del decreto de necesidad y urgencia" (DNU), publicado el lunes en el Boletín Oficial, a partir de "los serios riesgos de inconstitucionalidad".

La central obrera criticó la herramienta del decreto porque "no existe excepcionalidad para utilizar ese mecanismo", pero coincidió con el espíritu de los cambios, señalaron algunos de sus referentes.

"El movimiento obrero respaldó los cambios introducidos en la ley de ART.

"Luego de lo ocurrido con el proyecto de refortma del Impuesto a las Ganancias, hubiese sido imposible que el Gobierno intentase aprobar por decreto una norma que afecta al mundo del trabajo sin el concurso sindical", señalaron algunos de sus dirigentes.

Héctor Daer, integrante del triunvirato de la central y jefe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), fue taxativo: "La CGT coincide con el espíritu de la reforma, pero lamenta el mecanismo del decreto porque podría provocar la declaración de inconstitucionalidad", afirmó.

El dirigente gremial indicó que las reformas a la ley -que obtuvo media sanción del Senado en diciembre último- fueron consecuencia de las observaciones sindicales al proyecto oficial original y expresó que la norma estaba prácticamente "pulverizada y, en la faz práctica, en realidad casi no existía".

Según el secretario gremial del sindicato del Seguro y secretario de Comunicación de la CGT, Jorge Sola, este DNU nace con amenaza de ser frenado en la Justicia por inconstitucional.

"No es que la CGT vaya a ir a la Justicia, lo que sí entiendo es que muchos abogados de ese sector no están de acuerdo con este decreto y pueden interponer recursos judiciales", aclaró.

"Como miembro de la CGT sí puedo decir que estamos disconformes con la situación porque no hay no están dadas las condiciones ni de necesidad ni de urgencia", dijo en Clarín.

Desde la Central obrera quiere que a la par se establezca una ley de Higiene y Seguridad, como medida real de prevención de accidentes.

"Está toda la artillería del Gobierno apuntada a bajar la litigiosidad y por ende las alícuotas; en definitiva todo es para cumplir con la baja de los costos laborales", apuntó Sola.

Para Daer, lo primordial ahora es trabajar de forma conjunta en una norma de prevención de la accidentología laboral, y reseñó que uno de los cambios incorporados por la Cámara alta fue la fijación de "un plazo de entre tres y seis meses para comenzar a elaborar una ley preventiva y de fondo".

El sindicalista también admitió la posibilidad de que "cualquier abogado presente un pedido de inconstitucionalidad"; remarcó que se había registrado "un incremento importante de las alícuotas de los riesgos laborales" y que existen actividades en las que la carga de asegurar a un trabajador alcanza el 20% del costo del salario, cuando el promedio ronda sólo el 9 por ciento.

Según Daer, lo trascendente es que haya una ley que prevenga los accidentes y no que sea resarcitoria de "los daños generados".

Voces en contraHéctor Amichetti, jefe de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) junto con bancarios, pilotos, molineros, lecheros, farmacia, docentes privados y televisión, entre otros gremios, rechazó de forma total el decreto presidencial y, en declaraciones a Télam, aseveró que debió privilegiarse la prevención de los trabajadores.

"No se resolverá el problema de la litigiosidad sin prevención. Estas reformas sólo contemplan la resolución de los asuntos del sector empresario", puntualizó el gremialista a esta agencia.

Por su parte, las Centrales de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Pablo Micheli y de los Argentinos (CTA) de Hugo Yasky también rechazaron el decreto de reformas, en tanto la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Hugo Godoy sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo sólo procuró garantizar "la rentabilidad patronal y destruir derechos fundamentales".