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El Gobierno hizo lugar a un viejo pedido de la CGT y accedió a frenar el denominado “descreme”, a través de acuerdos entre gremios chicos y privadas
03/02/2017 - 16:37hs

El Gobierno comenzó a atender un reclamo sindical de hace casi 20 años: limitar el flujo hacia la medicina privada de afiliados de obras sociales pequeñas con las que establecen acuerdos comerciales, una alternativa prevista en la legislación pero que golpeó desde los 90 las finanzas de las organizaciones tradicionales.

La problemática, que en la CGT denominan "descreme" por la pérdida a manos de prepagas de sus afiliados más jóvenes y con mejores salarios, representa hasta el 80% de los 5 millones de afiliados del sector privado. 

El primer paso lo dio el Ejecutivo. A través de la resolución 45, la Superintendencia de Salud (SSS) inhibió a tres obras sociales para sumar afiliados por fuera de sus actividades.

Se trata de tres entidades de salud de organizaciones pequeñas en el ámbito gremial, pero que suman centenares de miles de asociados que terminan atendidos por la medicina privada

La resolución involucró a la obra social del Personal de la Actividad del Turf; la de Sociedades de Autores y Afines, y la de Empresarios de Agencias de Remises.

En el primer caso el gremio cuenta con unos 200 afiliados propios pero su obra social registra 170 mil asociados que en la actualidad se atienden en prepagas del interior.

El gremio de Autores, con apenas 3 mil afiliados propios reúne unos 200 mil beneficiarios de su obra social, que a su vez reciben atención a través del Grupo Médico ACE. Los funcionarios consultados dijeron que el gremio de remiseros tiene una operatoria similar. 

En la SSS aclararon que los acuerdos son legales y que la dinámica se repite en varias organizaciones, como la Obra Social del Automóvil Club (ACA), que deriva a sus afiliados a Galeno; la del Personal de los Organismos de Control Externo (Ospoce), cuya beneficiaria es Swiss Medical, o las de varios gremios marítimos que mantienen acuerdos comerciales con OSDE.

En el sector el negocio es conocido desde hace años y constituye el eje principal del flujo de afiliados en la medicina prepaga. Los promotores de esas compañías captan empleados (los más requeridos son los jóvenes y de salarios altos) con el argumento de que su aporte servirá para atenderse en el sector privado. Con esa nómina, las prepagas rinden una comisión a la obra social, en general sin infraestructura, indicó Ámbito Financiero. 

Hasta ahora la CGT debatía la problemática puertas adentro y con los funcionarios del área pero no abiertamente para no generar fisuras entre colegas.

Pero desde 2012 la problemática se agravó con la creación de nuevos subsidios que paga la SSS (SUMA, Sumarte y Suma 70) en función del número de afiliados, y que terminaron por beneficiar en gran medida a las organizaciones más chicas con acuerdos con prepagas.