Una de las principales derrotas parlamentarias que sufrió el macrismo en su primer año de Gobierno fue el rechazo del justicialismo en el Senado al proyecto de ley que instaura el voto electrónico para los comicios nacionales.

Sin embargo, durante el receso legislativo, el Ejecutivo comenzó a negociar con diferentes facciones de la oposición para conseguir la sanción de una norma que permitiera probar el sistema digital de sufragio en algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires y Salta, donde ya funciona a nivel local.

A este grupo se sumará la provincia de Córdoba, donde la Legislatura aprobó el voto electrónico para ese distrito, aunque regirá recién en los comicios de 2019.

Sin embargo, estos planes del macrismo con el apoyo de aliados circunstanciales del PJ, como los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Carlos Schiaretti (Córdoba), recibieron un baldazo de agua fría desde un país donde reina, paradójicamente, una argentina, aunque ella no tuvo ninguna responsabilidad sobre un inesperado veto al sistema digital.

Sucede que el impulso político al voto electrónico en la Argentina llega justo en su momento de mayor descrédito internacional.

Esta semana, otra noticia de alto impacto sobre el tema fue la marcha atrás que dio Holanda, ante el temor a las vulnerabilidades del sistema.

Miedo "orange" al “hackeo” electoralEl Consejo Electoral de Holanda contabilizará manualmente los sufragios de las elecciones generales del 15 de marzo y comunicará los resultados por teléfono, ante la creciente preocupación a un ciberataque que pueda influir en el resultado de los comicios.

Las advertencias sobre un posible intento de Rusia por alterar los resultados electorales no permiten depender de la informática en las próximas elecciones, dijo el 15 de marzo Julia Rademaker, portavoz del Ministerio del Interior.

Tras las informaciones que relacionaron a Rusia con varios ciberataques durante los recientes comicios presidenciales en Estados Unidos para favorecer la victoria del candidato republicano Donald Trump, las agencias de inteligencia alertaron de que esa situación podría repetirse en Holanda.

“Ante los indicios de que Rusia puede estar interesada en influenciar en los comicios, habrá que recurrir al viejo lápiz y papel para contar los votos”, indicó el ministro holandés del Interior, Ronald Plasterk, al informar de la medida adoptada, porque, subrayó, hay que “evitar cualquier sombra de duda”.

El propio vice primer ministro holandés, Lodewijk Asccher, reconoció que incluso “no se atreve” a comunicarse por teléfono con el jefe del Gobierno, Mark Rutte, debido a la “alta preocupación por el espionaje ruso”. 

“No puedo descartar que los actores estatales extranjeros puedan intentar influir en las decisiones políticas y la opinión pública” en Holanda, señaló Plasterk en una misiva enviada al Parlamento holandés.

Según el ministro holandés de Interior, el sistema que se utiliza en los colegios electorales es “vulnerable” a los piratas informáticos y eso “plantea preguntas sobre si las próximas elecciones podrían ser manipuladas”. 

Aunque sea un proceso más lento, no se utilizará el sistema electrónico para contabilizar los votos, ya que el recuento manual es “más seguro”, añadió.

En el país europeo el conteo se realizaba manualmente pero los resultados eran luego llevados a las comunas y procesados por el software que quedó descartado.

El mismo programa era utilizado para cuantificar los resultados en los distritos electorales y en la Comisión Electoral. Pero desde los próximos comicios, será manual en todas las etapas.

Los comicios generales de marzo en Holanda tienen especial importancia porque son los primeros de una serie de votaciones que medirán este año el nivel del populismo y el euroescepticismo en el Viejo Continente.

De hecho, el Partido de la Libertad (PVV), del ultraderechista Geert Wilders, junto al liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), encabezado por Mark Rutte, se debaten el liderazgo en las encuestas de intención de voto. 

Gestiones en el Parlamento

Mientras eso ocurre en el marco internacional, en la Argentina, el macrismo no frena en su intento por llevar el voto electrónico a todas las mesas electorales del país, pese a la derrota que sufrió en el Senado en noviembre.

En este contexto, aceptaría una propuesta de Urtubey de votar con el nuevo sistema de votación pero sólo en dos jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta, y a modo de prueba piloto.

La condición de la Casa Rosada es que esta prueba se haga en el marco de una reforma del sistema electoral que generalice la plataforma digital en 2019 en todo el país.

La reforma electoral, que incluye el voto electrónico, suma otras cuestiones, como la eliminación de las candidaturas múltiples y de las colectoras.

Para que en las elecciones de diputados nacionales se pueda sufragar mediante esta modalidad, la Capital Federal y Salta necesitarán el aval de una ley del Congreso y una medida favorable de la Cámara Nacional Electoral, que debería autorizar que se vote con dos sistemas diferentes: el electrónico y el de boletas de papel.

Esos dos distritos son los únicos de todo el país en los que ya se usa el sufragio digital en toda la extensión de sus territorios.

El caso cordobésOtro distrito que observa el macrismo es la provincia de Córdoba, que ya utiliza la boleta única en papel, pero que aprobó el uso del voto electrónico en un trámite exprés, sin discusión legislativa y en una versión más cuestionable que la que se buscó impulsar a nivel nacional. 

El 21 de diciembre, la Legislatura cordobesa aprobó la Ley N° 10.420, que incorpora al voto electrónico como metodología de sufragio en el ámbito provincial. 

El tratamiento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Juan Schiaretti fue expeditivo: ingresó a la Legislatura como proyecto una semana antes de aprobarse y no atravesó debate alguno.

Desde 2011 este distrito cuenta con un mecanismo de votación mediante boleta única, que evita la mayor parte de las objeciones a la tradicional boleta partidaria: robo de listas, marcación previa, dificultad en el conteo, entre otras.

Un grupo de especialistas en computación y derecho, junto con representantes de asociaciones civiles, rechazaron en una conferencia de prensa en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) al proyecto del voto electrónico que se aprobó con el apoyo del bloque de Unión por Córdoba (oficialismo) y de la Unión Cívica Radical (UCR).

La postura fue expuesta por los doctores en computación Javier Blanco y Nicolás Wolovick, docentes e investigadores de la FAMAF; Carlos Aguirre, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la UNC, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático; y Javier Pallero, analista de políticas públicas en la organización internacional Access Now.

Blanco señaló que, cuando se habla de incorporar tecnología a los sistemas electorales, en realidad se está aludiendo a las tecnologías digitales, y que eso ya viene ocurriendo en diferentes fases de unos comicios, como la transmisión de los resultados. El problema surge cuando se pretende emplear estas tecnologías en el corazón mismo del acto electoral. 

“La emisión del voto es un proceso cuya garantía de transparencia está dada por la estructura física de la urna y del voto de papel”, sostuvo Blanco, citado por la agencia TSS. 

Introducir, en ese espacio tan delicado, máquinas que procesan información y cuyo funcionamiento es opaco para el votante, que desconoce –y no tiene forma de saber– cómo opera esa computadora, puede ser muy riesgosa. 

“Se da la paradoja –agregó Blanco– en la cual, para proponer mayor transparencia a la votación, se introduce un sistema absolutamente opaco en el núcleo de ese proceso”.

Señaló también que el sistema de voto electrónico es cerca de cinco veces más oneroso que los mecanismos tradicionales y que los equipos tienen una rápida obsolescencia, lo que contradice la promoción de estos sistemas que hace hincapié en que el gasto en la adquisición se efectúa una sola vez.

“Lo que hay acá –dijo Blanco– es un fetichismo tecnológico. Es considerar que la tecnología de la información tiene propiedades que no tiene, como la transparencia, cuando  los informáticos que trabajamos en estas cosas sabemos y denunciamos que esa transparencia tan mentada no existe. También se pueden quemar urnas electrónicas. Es más, se pueden quemar de maneras mucho más fáciles, a distancia, casi imperceptiblemente”.

Aguirre recordó que “de los 20 países con mayor desarrollo humano del mundo, solo uno usa el voto electrónico y en forma parcial: Estados Unidos, que tuvo bproblemas”.

La Ley N° 10.420 posee varias contradicciones. El artículo 11 prescribe que los fiscales informáticos designados por los partidos políticos deberán ser graduados universitarios y matriculados en el Colegio Profesional de Ciencias Informáticas (CPCI). 

Sin embargo, en el artículo 16 se le asigna al presidente de mesa la facultad de examinar los dispositivos de votación “a fin de cerciorarse que funcionan correctamente”. 

Así, por un lado, se exige que para auditar el sistema sólo se recurra a profesionales matriculados, y por otro se habilita a revisar las máquinas de votación a autoridades de mesa elegidas al azar y que en la amplia mayoría de los casos carecen tanto de habilitación formal como de conocimientos específicos en computación.

Finalmente, el artículo 3, en su inciso d, prevé que el hardware y el software empleados para la votación puedan ser fiscalizados “antes, durante y posteriormente a su uso”. Aguirre se preguntó: “¿Qué pasa si durante la votación salta un problema? ¿Se para la elección? No se puede frenar jamás”. 

La cuestión de la colegiatura de los informáticos ya lleva varios años en las provincias que, como Córdoba, pretenden restringir la práctica de la computación a círculos cerrados de profesionales asociados a un colegio del ramo. 

El tema aparece en la ley de voto electrónico cordobesa y fue tratado por Pallero, dado que él ve en ello una restricción a los derechos civiles constitucionalmente reconocidos. 

“La capacidad de revisar código es un derecho no sólo de los informáticos, sino de cualquiera que quiera sentarse a aprender a leer código. Es un derecho por extensión del de libre expresión, de informarse y de hablar en ese lenguaje, el de la programación”, manifestó el analista de Access Now.

Otro problema grave está en el artículo 8, en el que se le otorga a las fuerzas de seguridad la potestad de fiscalizar en la vía pública la utilización por particulares de computadoras portátiles u otros artefactos electrónicos que puedan interferir con las máquinas de votación, en un radio de 300 metros de donde se encuentren. 

La norma reconoce lo vulnerable que son a la interferencia electrónica los dispositivos para el voto electrónico, pero nada dice de los que se encuentren en los domicilios o edificios particulares cercanos a los lugares de votación, ni aclara qué se hará, por ejemplo, en el caso de la prensa y sus dispositivos de transmisión.

Al respecto, Pallero señaló que no puede haber “fiscalización” de los equipos electrónicos sin una revisación de los mismos, lo que implicaría una intromisión en la privacidad de las personas sin orden judicial.

“Comenzamos a correr de a poquito los límites constitucionales y los derechos se pierden de a poco”, enfatizó Pallero.

En relación con uno de los argumentos empleados para promocionar el voto electrónico, vinculado a la celeridad del conteo, Wolovick fue contundente al señalar que existen sistemas de lectura óptica de caracteres que permitirían leer con elevada precisión y velocidad las boletas de papel evitando la mayor parte de los riesgos del voto electrónico.