El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días su mayor apuesta para cambiar el funcionamiento del Estado y modernizarlo.

Lo hará mediante la creación de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.

La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro de la carrera estatal y constituyen la conducción más permanente del sector público, debajo de la cambiante conducción política.

El pedido lo hizo el año pasado el presidente Mauricio Macri al ministro de Modernización, Andrés Ibarra , el mayor responsable de esta iniciativa. "Queremos crear una universidad pública que esté compuesta por programas que tengan que ver con itinerarios formativos en la carrera del empleado del Estado", explicó Ibarra. "¿Se imaginan ir a una oficina pública y que los atienda un empleado comprometido y formado?", se entusiasmó el ministro.

Ese sector del Estado nacional está integrado por un total de 210.000 empleados, e incluye a los que trabajan en la órbita de la Presidencia, los ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa).

El proyecto del Gobierno es que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central, una plantilla que cobra un sueldo bruto promedio de $30.000 mensuales, deberán asistir a los cursos de capacitación.

El objetivo oficial, de todas maneras, es más ambicioso, ya que el plan contempla que en el mediano plazo el nuevo instituto de formación pública alcance a todos los organismos del Estado nacional, las provincias y los municipios, un universo que reúne a más de cuatro millones de empleados estatales, una cifra que convierte al sector público, por lejos, en el mayor empleador del país.

Para empezar, contará este año con un presupuesto de $ 60 millones, que servirán para financiar la puesta en marcha de 219 cursos destinados a distintos estratos de la administración pública, de los cuales el 42% implican una participación presencial. Muchos de ellos se realizarán en un edificio ubicado en la avenida Belgrano, que el Ministerio de Modernización está reformando.

Pero la mayor parte estará contenida en la denominada "universidad virtual", un ítem clave de la iniciativa, que le permitirá al Gobierno llegar más allá de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, reducir la ausencia de trabajadores estudiantes y bajar los costos de la capacitación.

Modernización tiene avanzada la licitación para garantizarse los servicios vinculados con la oferta pedagógica digital, que implican la contratación de horas de consultoría para el diseño, la implementación y el mantenimiento de una plataforma de capacitación a distancia, así como también de licencias de programas.

Recibió ofertas que van desde casi $4,95 millones hasta $7,94 millones. Eligió la propuesta más económica, señala La Nación.

Los trabajadores del Estado comenzarán a notar de inmediato los cambios en los requerimientos de la carrera pública. Desde las próximas semanas, cualquier persona que ingrese a la administración central deberá completar un período de inducción de varias horas, con cursos y programas obligatorios y optativos, cuya realización es verificable a través de los sistemas tecnológicos que está desarrollando el Gobierno. Los trabajadores que ingresaron el año pasado también deberán cumplir con este requisito.

Cuando el sistema esté completamente desarrollado, todos los empleados del Estado que responden al Poder Ejecutivo deberán recorrer el denominado itinerario de la carrera pública, que variará según la especialización que haya elegido cada uno.

Según el plan oficial, para un empleado público avanzar en su formación será la única manera de crecer en la carrera y de incrementar su salario por encima de las negociaciones paritarias que cada año apuntan a recuperar la porción que se lleva la inflación.

Quienes no hagan los cursos, en cambio, sufrirán penalidades. Al final de todos los años, se realizará una evaluación de desempeño del personal, que incluirá los avances del empleado en su formación. Varias evaluaciones negativas lo perjudicarán en su carrera, aunque hasta ahora no se especificó de qué manera.

Los empleados públicos estarán agrupados en carreras como la administrativa, otra relacionada con la comunicación y otra social, por ejemplo. Luego de su revisión y actualización, se tipificará cada una de ellas para generar planes de formación y capacitación en función de sus cuestiones específicas.

El plan oficial también contempla aprovechar la oferta de las universidades para formar a la denominada alta dirección del sector público, que representa la conducción más permanente del Estado, ya que en muchos casos resiste los cambios de gobierno.

Se trata de aquellos que tienen cargos de directores y coordinadores, la capa gerencial que está debajo de los ministros, secretarios y subsecretarios, cargos habitualmente cubiertos por la conducción política del gobierno de turno. Son casi 3000 personas en la administración pública nacional (APN) a las que el Gobierno espera llegar en el corto plazo.

Este lunes el propio Ibarra mencionó detalles de esta iniciativa sobre "la nueva carrera del empleado" público en diálogo con Radio Mitre.

Admitió que ya ha habido resistencias de parte de los empleados pero consideró que "esto que hoy aparece es lo que nos va a dar las verdaderas competencias del Estado".

Asimismo, al ser consultado por los despidos en el sector público conducidos por la misma administración macrista, Ibarra opinó que se "redujo la totalidad de gente que trabaja en la Administración Pública Nacional y organismos descentralizados en unas 15.000 personas aproximadamente", y consideró que en el Gobierno "somos muy cuidadosos y austeros en esto".