Para salvar a IMPSA, Enrique Pescarmona ofreció a los acreedores contratar un asesor financiero para vender el grupo mendocino y poder pagar una deuda que asciende a u$s1.136 millones y que está siendo negociada a través de un proceso de reestructuración de pasivos enmarcado en un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que ya fue aprobado por la justicia.

La propuesta fue publicada en el sitio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el paper se incluye la contratación de un asesor financiero que llevará adelante un proceso de venta de acciones de la compañía que dejará a la familia fundadora afuera del directorio y también del control operativo tanto de IMPSA como de Venti.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará este proceso que deberá comenzar no más allá de la fecha de liquidación y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses, pero que puede ser extendido en sus plazos.

En este marco, todo indica que la discusión será la de la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de Drag-Along (arrastre) que incluye el APE.

Además, en el paper elaborado por los abogados de IMPSA se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por u$s472 millones equivalentes, divididos en u$s150 millones equivalentes de Bonos Par sin reducción de capital, y u$s322 millones equivalentes de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.

En este sentido, se crea la figura de un fideicomiso que tendrá la propiedad del 65% de las acciones del conglomerado mendocino en beneficio de los acreedores.

Como parte de este proceso de reestructuración de IMPSA, la familia Pescarmona solamente mantendrá el 35% de las acciones de IMPSA.

El grupo entró en default a fines de 2014 y fue llevada a juicio por el BID, que interpuso una demanda ante la Corte de Nueva York por un crédito impago de más de u$s160 millones.

Ahora, el próximo paso para analizar la propuesta será durante una asamblea de tenedores de las distintas Series de Obligaciones Negociables y del Bono 2020 que ocurrirán el 20 y 21 de febrero en Mendoza.

Es posible también que importantes bancos extranjeros y locales puedan desembarcar en el directorio de IMPSA como parte del proceso de reestructuración.

Entre las entidades se destacan los brasileños Bradesco y Bndes, el BID y los argentinos Banco Nación y Bapro, informó el Cronista. Las próximas asambleas fueron aprobadas en su convocatoria por el tribunal que lleva la causa del APE. Es decir, por la jueza Gloria Cortés, a cargo del 2º Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza.