El juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, resolvió de manera cautelar suspender ternas de fiscales que el Ministerio Público Fiscal ya había girado al Poder Ejecutivo. Una ONG había cuestionado la reglamentación por la que fueron seleccionados los procuradores.

Con su resolución, Furnari suspendió siete nuevas ternas que habían sido enviadas al Poder Ejecutivo por parte de la institución que comanda Alejandra Gils Carbó. El Ejecutivo debía elegir entre uno de los tres candidatos propuestos en cada terna y enviar el trámite al Senado que concluía el proceso de selección. 

En su resolución, el juez hizo lugar a una medida cautelar pedida por la ONG Será Justicia que cuestionó la supuesta "imparcialidad" de quienes deben decidir en los concursos de selección, en alusión a Gils Carbó. Desde la ONG se rechaza la metodología de los concursos. La medida cautelar dictada por el magistrado Furnari se tomó hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La Procuración emitió un comunicado en el que sostiene que la medida cautelar “avanza con razonamientos falaces, replicando principios de organización del Poder Judicial que nada tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y que avasallan su autonomía e independencia”.

E informa, para llevar tranquilidad a los fiscales, que “no se frenaron designaciones sino solo siete ternas. Los fiscales que fueron designados y concursaron con ese régimen son 30 y están todos en funciones. La resolución del juez no afecta en nada esos procesos”, explicaron.

“Ya no hay concursos en la Procuración sustanciándose con ese régimen porque en junio de 2015 se sancionó una nueva ley y eso obligaba a adecuar el reglamento de concursos así que tampoco se suspenden concursos en trámite”, añadieron desde el MPF. 

Fue en medio de esa adecuación cuando se iniciaron las causas que derivaron en el actual conflicto.

Ante este escenario, el MPF indicó en el mentado comunicado que la “resolución no suspende el ejercicio del cargo ni afecta la validez de los actos de ningún fiscal cuyo proceso de selección haya tenido lugar bajo el reglamento impugnado”. Tampoco afecta “a los magistrados que fueron trasladados conforme las facultades que la ley otorga a la Procuradora General de la Nación". Ni "alcanza el fallo a los traslados transitorios ni a las designaciones de fiscales subrogantes".