La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el embargo de los casi seis millones de dólares que se encontraron en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta de la Nación.

Según un fallo, la decisión fue tomada el martes por los jueces Eduardo Rafael Riggi y Liliana Catucci -en la nueva conformación de la Sala I del máximo tribunal penal, dispuesta a fin del año pasado-, mientras que la jueza Ana Figueroa no firmó por encontrarse de licencia.

El 15 de julio pasado el juez federal Julián Ercolini embargó 4.664.000 de dólares de una caja de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner y el dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.

A criterio del fiscal Gerardo Pollicita y Ercolini, "las maniobras, en principio, se compatibilizaron con aquellas encaminadas a consolidar el producido del ilícito investigado en la causa, toda vez que la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, operó solo cuatro días hábiles posteriores a que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, fuera convocada por el Dr. Claudio Bonadio a prestar declaración indagatoria en la causa 'Dólar Futuro'".

La Sala I de la Cámara Federal, en un voto dividido, confirmó el embargo de las cuentas: "Los movimientos dinerarios detectados entre las cuentas bancarias de Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia, como también los depósitos constatados en la caja de seguridad registrada a nombre de esta última, podrían resultar compatibles con maniobras destinadas a sustraer de la acción de la justicia el producto del ilícito investigado".

Sin embargo, el camarista Eduardo Freiler se inclinó por devolver el dinero, al hacer lugar al razonamiento de la defensa de la hija de la ex presidenta.

Según el abogado Carlos Beraldi, la diputada Margarita Stolbizer -pretensa querellante en la causa "Hotesur"- obtuvo la información del dinero de Florencia luego de que Bonadio dispusiera un allanamiento en las oficinas del contador Víctor Manzanares, en Santa Cruz, en el marco de la causa "Los Sauces".

De acuerdo a lo estimado por Beraldi, desde el juzgado de Bonadio la información se habría filtrado a la diputada Stolbizer, quien luego se presentó ante el fiscal Pollicita para denunciar la maniobra.

Tras la confirmación en la Cámara Federal, Beraldi insistió con sus argumentos ante Casación, que hoy rechazó el planteo por "inadmisible".

La Sala I de Casación sostuvo que "las decisiones atinentes a medidas cautelares -sea que las decreten, levanten o modifiquen- no constituyen sentencia definitiva y, en ese sentido, no se encuentran comprendidas" de ser analizadas por ese tribunal.

Con el mismo criterio, la Sala I rechazó analizar las "nulidades procesales, pues a su respecto prima un criterio de interpretación restrictiva y no ponen fin a la acción, a la pena, ni hacen imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

"A ello se agrega que los fundamentos dados por los jueces que integraron el voto mayoritario han sido suficientes para sustentar la decisión recurrida sin que advirtamos -ni la defensa haya logrado demostrar- la existencia de un perjuicio de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior en el marco del proceso penal, a fin de equipararlo a un pronunciamiento definitivo", señalo la resolución a la que accedió esta agencia.

En la causa se investiga el supuesto pago de retornos por parte de contratistas de obra pública a la ex familia presidencial a través del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate administrado por la firma Hotesur, de la ex familia presidencial, en la provincia de Santa Cruz.