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El Gobierno, "groggy": el affaire Correo opacó el anuncio del “Plan Patagonia” y evidenció la falta de reacción

10-02-2017 El presidente Mauricio Macri sintió el golpe y no pudo usufructuar políticamente el anuncio de los desarrollos de infraestructura en el sur. Con el tema en el centro de la agenda, no hubo respuesta oficial de funcionarios de primera línea a las denuncias penales ni a las críticas de la oposición  
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En los papeles, era una semana a puro festejo para el presidente Mauricio Macri

Al día siguiente de cumplir los 58 años, el Jefe de Estado tenía planeado anunciar el “Plan Patagonia” de desarrollo en el sur del país.

Inspirado en el Plan Belgrano, un programa de inversíon en infraestructura que le viene dando réditos políticos en el norte del país, este nuevo anuncio tendría todos los condimentos de una celebración.

Estaba pensado como una suerte de relanzamiento de gestión en un año electoral en el cual se prevé una pesada inversón en obra pública. Además, incluía una foto con diversos gobernadores, varios de ellos peronistas.

Pero el dictamen de una fiscal general cambió todos los planes de la Casa Rosada. La procuradora ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, solicitó rechazar “por abusivo” un acuerdo firmado en junio del año pasado entre el Estado nacional y el Correo Argentino, vinculado a la familia Macri, y el escándalo se hizo inevitable. 

La fiscal dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado, en el marco de un concurso preventivo, porque lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”. 

Con el tema en el centro de la agenda nacional y una respuesta tardía y poco clara a cargo de funcionarios de segunda línea, pretender que el "affaire Correo" estuviera ausente de un acto público encabezado por el Presidente equivalía a querer tapar el sol con la mano.

Macri, que se encontraba en Viedma, Río Negro, preparando los detalles para el anuncio del "Plan Patagonia" recibió la noticia como un baldazo de agua helada. Y el aprovechamiento político del proyecto que busca emular al “Plan Belgrano”, que ya se lanzó en el norte del país, fue opacado.

La ausencia del Jefe de Estado en la conferencia de prensa en la que se comunicó el lanzamiento oficial de la iniciativa así lo evidenció. 

Macri tenía pensado encabezar la presentación y usufructuar el rédito político de poner en movimiento los engranajes de la obra pública.

Pretendía contraponerlo con los logros de la gestión kirchnerista. Pero sólo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció el plan nacional, que en los cálculos del Gobierno incentivará la producción e infraestructura en la región.

El costo político que podía tener para el Presidente responder preguntas incómodas en torno al acuerdo que favoreció a su padre, era evidente. Más aún si podía llegar a quedarse sin respuestas o falto de elementos, como le sucedió cuando tuvo que enfrentar a la prensa tras el escándalo de los Panama Papers. 

Por eso, Macri cumplió sólo en parte con su agenda de este jueves. 

Únicamente se reunió con los seis gobernadores patagónicos en la Residencia de los Gobernadores, ubicada en Viedma, para presentarles el plan nacional y poder sacarse la foto –de alto contenido político- con los mandatarios provinciales.

Sin embargo, esta mini cumbre pasó casi desapercibida tras las repercusiones del acuerdo entre el Estado y el Correo.

Por caso, el Presidente, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, fueron denunciados penalmente el mismo día del anuncio.

Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti los acusaron por fraude en perjuicio del Estado y “negociaciones incompatibles" con las funciones públicas. El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

Durante el encuentro con los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Mario das Neves (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Rosana Bertone (Tierra del Fuego)  y Carlos Verna (La Pampa), Macri no hizo mención al escándalo.

También participaron del mitin el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su segundo en ese organismo, Mario Quintana.

Así, el Gobierno se perdió de festejar a pleno una iniciativa clave como el "Plan Patagonia”, con la que pretendía lograr un alto impacto político.

El objetivo, según se anunció desde Presidencia, es que la Nación y las provincias “converjan en objetivos y lleven a cabo programas para la resolución de las problemáticas más urgentes, como la creación de empleo y mejoras en las infraestructuras y la conectividad". 

Falto de reflejos
El centro de la controversia tuvo como epicentro la negociación entre el Estado y el grupo Socma, cuya cabeza es Franco Macri, padre del Presidente.

La denuncia, en concreto, apunta a que el acuerdo aceptado por la parte estatal implica una condonación de la deuda que el grupo Macri mantiene desde 2001 con el Estado y que hoy, según Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) dependiente de la Procuración General de la Nación, asciende a los $4.000 millones

De acuerdo a las proyecciones realizadas por aquel organismo especializado, el arreglo implicaría una quita de más de $70.000 millones si se proyecta hasta 2033, cuando debiera pagarse la última de las 15 cuotas pactadas. 

En su dictamen, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo hincapié también en el rol que desempeñó el Ministerio de Comunicaciones, porque el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario de aquella cartera “sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso”.

Como saben los consultores políticos, en situaciones así, la primera batalla a pelear es la de la opinión pública.

A mediano plazo pueden cambiar los términos de la negociación, o tal vez se aclare que no había lugar para la acusación, pero nada repondrá el impacto inicial de un tema que quedó instalado en la agenda.

Menos, cuando se trata de algo que salpica con una sospecha de corrupción a un gobierno que, precisamente, ha levantado la bandera de la lucha por la honestidad en la función pública.

Para colmo, el escándalo hasta pareció bajar los decibeles de los casos que afectaban al kirchnerismo, como el pedido de detención contra el ex jefe de Inteligencia de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, procesado por presunto encubrimiento a un narcotraficante. 

En definitiva, el Gobierno sintió el golpe. En términos pugilísticos podría decirse que tras conocerse la noticia del acuerdo con el Correo, quedó "groggy".

Acostumbrado a dar respuestas vía conferencia de prensa, generalmente con el jefe de Gabinete Marcos Peña a la cabeza, en esta ocasión el silencio ganó la escena en la Casa Rosada.

En contraposición, la artillería desde el arco opositor fue pesada

El Frente para la Victoria promovió la mentada denuncia penal a través de los dirigentes de Nuevo Encuentro. El Frente Renovador le dio voz a Graciela Camaño y Felipe Solá.

Para la titular del bloque massista de la cámara Baja "parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri”. El ex gobernador, en tanto, sostuvo que en el Gobierno "demuestran que el que manda es Franco y eso es muy grave".

La diputada por el GEN, Margarita Stolbizer, también se sumó a la ola de críticas: advirtió hoy que los "argumentos" del Gobierno no son "convincentes" y remarcó que no se pueden "favorecer negocios con los grupos económicos" con los que exista vinculación. 

Por su parte, el senador nacional por Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, consideró que el acuerdo evidencia "una flagrante violacióna la ética pública".

Incluso el dirigente radical Julio Cobos consideró “abusivo” el acuerdo para la condonación. El senador por la UCR advirtió que el acuerdo puede ser declarado nulo.

La demora en brindar una respuesta efectiva por parte del oficialismo quedó así más expuesta. 

En Viedma, siguiendo los pasos del presidente, los funcionarios se llamaron a silencio. Ni el jefe de ministros ni Frigerio se refirieron al caso ni a las denuncias en contra que se sucedieron en los tribunales de Comodoro Py

Solo dos funcionarios de segunda línea respondieron la inquietud de los medios de comunicación. Y no aclararon del todo el panorama.

El subsecretario de Regulación de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oscar González, dijo que el acuerdo “es transparente y está verificado por síndicos”. Añadió que forma parte “de un concurso de quiebra que está establecido en la ley".

A favor del Gobierno intentó aclarar que se logró una mejora en la tasa de interés y que no se reconoció ninguna quita sobre el capital. De todas formas, no quedó claro cómo se llegó a las cifras en el complejo acuerdo.

En el mismo sentido se manifestó el denunciado director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa: “A (Franco) Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses", afirmó. Pero tampoco logró disipar del todo las dudas.

Por más que en los próximos días el Gobierno logre articular una respuesta convincente, la primera reacción para intentar desinstalar el tema de la agenda falló

Ese primer round ya lo perdió.

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