El fiscal de Casación Javier De Luca pidió declarar la "invalidez" de una resolución que complicaba a Ricardo Echegaray y pidió revisar todas las decisiones judiciales que se tomaron a la hora de determinar el rol del ex titular de la AFIP como presunto encubridor de las maniobras de Lázaro Báez .

El ex funcionario kirchnerista está sospechado de frenar una investigación contra el dueño de Austral en la AFIP de Bahía Blanca por el uso de facturas "truchas".

Las denuncias por el rol de Echegaray en la llamada "ruta del dinero K" siguieron un complejo laberinto judicial. En 2014, Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron una denuncia que recayó en el juzgado del por entonces juez Norberto Oyarbide. En paralelo, la diputada Margarita Stolbizer planteó la misma cuestión en el juzgado de Sebastián Casanello, que ya investigaba a Báez por lavado de dinero. El dato de facturación trucha era clave para la investigación de "la ruta del dinero K" porque constituía el "delito precedente" al lavado.

Ante esta situación, se trabó entre ambos jueces un conflicto de competencia, que debió ser resuelto por la Cámara Federal. Esa instancia determinó que ambas denuncias debían tratarse por separado. Explicó que los hechos de los distintos expedientes no eran iguales, porque en la causa por lavado se debía evaluar la responsabilidad de la AFIP en el contexto de la operatoria de Báez.

Una semana antes del cambio de gobierno, en diciembre de 2015, Oyarbide sobreseyó a Echegaray. Sin investigar, adujo que la denuncia era "imprecisa" y un "relato abierto" sin especificaciones.

En abril del año pasado, en tanto, Casanello decidió citar a indagatoria a Echegaray. Es en ese momento donde, presuntamente, se desarrolla el diálogo telefónico entre Echegaray y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, cuya escucha se filtró en los últimos días. Allí, el ex jefe de los espías tilda a Casanello de "flojito" y "presionable".

Echegaray planteó un recurso y pidió el sobreseimiento en la causa Báez. La defensa del ex funcionarios fundó el pedido en la prohibición de la doble persecución penal, al señalar que Oyarbide ya lo había sobreseído por los mismos hechos.

"Si ahora se necesita un chivo expiatorio para justificar el delito precedente al lavado, ello no puede hacerse a costa de la vulneración de garantías esenciales del debido proceso legal", manifestó el abogado León Arslanian, a cargo de la defensa de Echegaray.

El asunto escaló de nuevo a la Cámara Federal, que cuestionó el sobreseimiento dictado por Oyarbide, al que calificó de "incomprensible". Así, Echegaray presentó un recurso ante Casación, la instancia de revisión previa a la Corte Suprema, señala La Nación.

En una audiencia celebrada ayer, el fiscal ante Casación, De Luca, cuestionó en duros términos lo actuado por Casanello hasta ahora. "Nadie se ha tomado el trabajo de describir las facturas falsas con alguna precisión, los períodos u operaciones imputados en ellas y dónde habrían sido usadas", manifestó en su escrito. Y arremetió: "No sabemos qué estamos hablando en esta causa".

De Luca también cuestionó en duros términos a la Cámara Federal al señalar que "no resolvió sobre el objeto procesal que debía resolver". "No corresponde a la Casación hacer su trabajo", agregó.

Así, De Luca solicitó que se declare "la invalidez de la resolución de la Cámara Federal" que complicó la situación de Echegaray. Requirió "que se le devuelva el expediente a la Cámara para que se vuelva a expedir respecto del planteo de "doble persecución". En sendos escritos, ayer las defensas de los ex funcionarios reiteraron que ya fueron juzgados -y sobreseídos- por la cuestión Báez.