El macrismo está evidenciando más puntos en común con el kirchnerismo que lo que le gustaría reconocer.

Aunque su discurso y buena parte de la fundamentación de sus políticas se basa en arreglar lo que la gestión anterior dejó dañado, empieza a evidenciarse cierta continuidad tanto en políticas como en métodos.

La lista es larga, e incluye el retraso cambiario, una política de tasas altas que promueve la "bicicleta financiera", el señalamiento a los empresarios como responsables de la inflación, la vocación por interferir en las negociaciones salariales del sector privado y el mantenimiento de una elevada presión impositiva.

También, la reticencia a bajar el gasto y la convicción de que la obra pública debe ser la locomotora de la economía, para compensar la falta de inversión porque -como decía Cristina Kirchner- los privados "no la quieren poner".

Pero acaso, uno de los mayores parecidos sea una política que empezó a aplicarse en las últimas semanas, y que hace recordar al momento en que Cristina Kirchner habló sobre una etapa de "sintonía fina" en su modelo.

Ocurrió al inicio de su segundo mandato, y no resultaba fácil de entender, porque esa política mezclaba herramientas ortodoxas junto a medidas intervencionistas.Fue de aquella época el intento de bajar los subsidios a la energía (un plan ambicioso en el cual se aspiraba a recortar 16.000 millones de dólares, luego dejado sin efecto por temor a un rechazo popular).

Había cierta intención de morigerar el frente fiscal pero, al mismo tiempo, con medidas distorsivas como los primeros controles al dólar y una intromisión en las empresas privadas, forzando a reinversiones compulsivas, persiguiendo los stocks "encanutados" y con intentos de imponer criterios de ajuste salarial, entre otros.

Cristina justificaba esa política con el argumento de que el modelo -que había recibido el espaldarazo de la reelección- estaba acertado en sus grandes líneas pero que necesitaba ajustes en algunos detalles sectoriales, donde se requeriría el ojo experto del gobierno para gestionar problemas o ineficiencias.

En definitiva, no tan diferente del diagnóstico que el macrismo hace del momento actual. Una sintonía fina PRO

Las últimas medidas del Gobierno han dejado en claro que Macri no percibe la necesidad de correcciones en las grandes líneas, y que, a lo sumo, procurará resolver con intervenciones sectoriales los problemas de competitividad derivados de la situación macro.

Es clara esa postura en el tema cambiario. Mientras la cotización del dólar se desploma por debajo de $16 y ya, en términos reales, el tipo de cambio no difiere mucho del que había dejado el kirchnerismo, la administración rechaza cualquier acusación de "retraso cambiario".

Fue explícito al respecto el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, alineado con el discurso de que la cotización es fijada por el mercado y no hay motivos para intervenir.

El mensaje entrelíneas es, naturalmente, que no se puede ni se quiere devaluar. Para los que analizan el tema con ojos políticos, no es momento de tomar una medida impopular. Para los que lo ven desde lo técnico, porque temen al inmediato traslado a precios, que haría de la devaluación una medida sin ganancias de competitividad y, para colmo, con disparada inflacionaria.

Pero esto no significa que se desconozca el problema de la pérdida de competitividad, algo sobre lo que los industriales machacan en cada foro de negocios. 

Para botón de muestra, el Indec infoma que la industria metálica básica siguió cayendo a un ritmo de 12,6% anual en diciembre.

Y se siguen perdiendo empleos en ese sector, motivo por el cual la central sindical CGT convocó a un calendario de protestas que arranca con una manifestación frente al ministerio de Industria.

Y mientras tanto, crecen las filas de argentinos yendo a comprar electrodomésticos baratos a Chile, donde los precios pueden ser menos de la mitad de lo que se cobra en el mercado local.

El diagnóstico oficial también incluye la necesidad de un recorte en el déficit fiscal, algo que nadie discute. Pero todavía está por verse la voluntad real de generar una reforma que implique un alivio en la presión impositiva, una de las medidas reclamada a gritos por las gremiales empresariales.

Y, mientras los funcionarios se congratulan de que se crearon las condiciones para que el país vuelva a crecer, por lo bajo se quejan de la escasa predisposición de los empresarios a hundir capital y aumentar su nivel de inversiones. La hora de los remedios sectoriales

Es entonces que, para mejorar la rentabilidad de sectores agobiados por la pérdida de competitividad, no se habilita ni una rebaja impositiva, ni un cierre comercial ni mucho menos una devaluación, pero sí se busca generar mesas de diálogo en la cual se analicen medidas específicas de apoyo.

Se trata de un mix de medidas administrativas, promesas de mejora en infraestructura, contención de costos salariales, más alguna eventual medida que privilegie la compra de producción local.

El caso piloto fue el acuerdo de flexibilización laboral en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, en el cual se logró una mayor producción a pesar de menos perforaciones.

Actualmente se intenta aplicar una receta similar a la industria automotriz.

Para el primer caso, el punto fundamental fue la racionalización de aspectos de gestión, así como la aceptación de criterios de productividad a la hora de remunerar el trabajo. Al eliminar horas extras innecesarias, pago de "horas taxi" y otros ítems que elevaban el "costo argentino" por encima del promedio internacional, se crearon las condiciones, afirmó el Gobierno, para que se destrabaran inversiones.

En el caso del sector automotor, se busca revitalizar la industria de autopartes por la vía de incrementar el porcentaje de integración en autos de producción local. Además, se procuran introducir criterios de productividad en la discusión salarial.

En el listado oficial, se quiere seguir con los sectores textil, electrónico, metalúrgico y aeronáutico.

Además, en el renglón del consumo masivo se tomaron medidas de índole comercial que generaron resquemores entre los empresarios.

Se empezó con las medidas para "transparentar" las promociones con crédito. Y hay versiones sobre intentos de bajar el costo de intermediación en los shopping centers, donde el porcentaje que los comerciantes deben resignar para el centro comercial está en el entorno de 15%, el triple el promedio regional. Efectos colaterales

Pero hasta ahora, esa etapa de ir por la "sintonía fina" mientras persisten problemas de fondo en el plano fiscal y cambiario, está revelándose difícil.

El acuerdo en el sector automotor está complicado. El Gobierno quiere promover la mejora de la competitividad mediante una baja en las cargas sociales patronales, así como una flexibilización de las condiciones de trabajo, lo cual encuentra resistencia sindical.

El objetivo de integrar mayores autopartes nacionales es más difícil de lo que parecía en los papeles. Y el propio mercado internacional conspira contra la producción local, en un momento en que en el exterior cae la demanda por autos argentinos y en el mercado local aumenta la oferta de importados.

Lo cierto es que los primeros contactos tripartitos no dejaron ver gran entusiasmo ni por parte de empresarios ni de dirigentes sindicales. Y la perspectiva luce complicada para los otros sectores de la lista, que tras años de gozar de cupos de mercado, ven con preocupación el riesgo de la competencia importada.

También, como le ocurrió en su momento a Cristina, está mostrando dificultades la política de combatir la inflación por la vía de la contención salarial. El mensaje a los empresarios es que no se tolerará que las subas salariales sean luego trasladadas a precio, pero el clima de creciente conflictividad muestra los límites a esa advertencia.

Por otra parte, el propio Poder Judicial está trabando esa política, al dictaminar que en el acuerdo salarial de los bancarios el Gobierno no debe interferir, al tratarse de negociaciones entre privados.

Para colmo, ni siquiera están saliendo bien las medidas de transparencia comercial que, en los papeles, deberían contribuir a bajar precios y mejorar el atractivo de la compra a crédito. De momento, "Precios Transparentes" trajo un encarecimiento de la financiación.

La compensación a estos problemas es que, con un semestre de retraso, están apareciendo los primeros "brotes verdes". Pero el Gobierno sabe que ese tímido rebote debe ser apuntalado, sobre todo si aspira a que la economía juegue a favor en un año electoral.

Hasta ahora, la "sintonía fina" luce insuficiente.