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“Affaire Correo”: en un nuevo dictamen, la fiscal Gabriela Boquín acusó a la empresa de la familia Macri de “desleal”
10-02-2017 Gabriela Boquín cuestionó que la firma haya demandado al Estado y le haya exigido una deuda superior mientras se encontraba negociando con él. Además, advirtió que pidió que se le actualice el monto a una tasa de interés del 11% cuando para pagar su pasivo de 2001 ofreció una tasa del 7%
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El “affaire Correo” sumó este viernes un nuevo capítulo.

Mientras continúan los cruces en torno al controvertido monto que pagará la empresa al Estado por una deuda de 2001, la fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, volvió a  emitir un duro dictamen contra la firma vinculada la familia Macri porque consideró que el Correo Argentino tuvo una actitud "contraria a la buena fe" y “desleal”.

En su nueva resolución, la funcionaria judicial recordó que solo 15 días antes del acuerdo que firmaron las partes, el 13 de junio del año pasado, la empresa controlada por los Macri promovió una demanda contra el Estado por presuntas inversiones impagas y dos meses después pretendió cobrar cuatro veces más (sin contar los intereses) que el monto que pactó abonar por la deuda del 2001.

El 12 de agosto de 2016, afirmó la procuradora, es decir, 46 días después de la audiencia por la que se llegó al polémico arreglo,  la concursada “ajustó” la demanda contra el Estado a $1.794 millones (al 2009) a lo que le sumó $570 millones más y la solicitud de una tasa de interés del 11% para actualizar la supuesta deuda que el Estado mantendría con ella. 

Lo curioso –y que compromete aún más lo firmado por el Gobierno-, es que la tasa de interés que reclamó la empresa es superior a la que el Estado le reconoció en el polémico plan de pagos, que era de solo el 7% (y que contenía una secuencia de cuotas extendida hasta el 2033).

Para Boquín este acontecimiento –del que la Fiscalía se anotició a último momento - “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (…) un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento, al menos hasta el 2009 (…)”. 

La fiscal, además, definió la "conducta contraria a la buena fe procesal" por haber demandado a su principal acreedor y por haber exigido una deuda superior mientras se encontraba negociando con él. 

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la empresa vinculada a la familia Macri mantuvo “una conducta desleal” por su accionar.

Ocurre que, mientras se sustancia el pago de la deuda de 2001, la firma mantiene “expectativa de cobro, justamente con el acreedor Estado Nacional”. Se trata de una deuda que multiplica por cuatro (sin contar los intereses) el monto de $600 millones que el mismo Estado le aceptó como pago el año pasado, a cancelar en 16 años. 

Por ello, suscribió Boquín, “existe una conducta de la concursada que puede ser calificada como de mala fe procesal”. 

En otro apartado de su dictamen, la fiscal respondió a los cuestionamientos que hace el Gobierno respecto de los intereses computados desde el concurso preventivo (fue en septiembre de 2001) y recordó que artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras establece la “suspensión” de los intereses, "pero no su condonación".

Ante este escenario, sostuvo que, en caso de recibir un fallo en contra, apelará para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La propia Boquín fue quien dictaminó que debe rechazarse "por abusiva" la propuesta que el Estado le aceptó al Correo en junio de 2016, en el marco de un concurso preventivo. El Correo Argentino estaba controlado por SOCMA S.A a través de Sideco Americana S.A., vinculadas a Franco Macri, padre del presidente.

El gobierno de Mauricio Macri le había aceptado una quita del 98,82% del total de la deuda –según la fiscalía- al suscribir el pacto, que se firmó después de 15 años de iniciado el trámite concursal.

Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio pasado debe considerarse "abusivo" ya que implica una quita de más de $4.000 millones en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.


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