El gobierno de Mauricio Macri ya tiene quien lo controle. La Auditoría General de la Nación (AGN) acordó el plan operativo que ejecutará este año, el cual comprende más de 300 auditorías que se realizarán en prácticamente todas las áreas de la administración pública. El objetivo es indagar en el primer año de gestión del actual gobierno.

El organismo de control, que preside Oscar Lamberto (PJ), apunta a realizar informes de auditorías lo más actualizadas posibles; tanto Lamberto como el resto de los auditores (oficialistas y opositores) sostienen que cuanto antes en el tiempo se concluyan las auditorías, más efectivo será el control (históricamente la AGN dejaba pasar más tiempo antes de auditar una gestión).

De hecho, el colegio de auditores pautó que buena parte de los trabajos sobre la gestión 2016 estén listos antes de este fin de año.

El Plan Operativo 2017, que fue diseñado por auditores y legisladores del oficialismo y de la oposición, pondrá su lupa en la Jefatura de Gabinete y en casi todos los ministerios.

Se indagarán programas clave, como las obras de infraestructura y de seguridad que lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la distribución de recursos del plan de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Desarrollo Social; las ejecuciones presupuestarias; el proyecto de Fomento al Empleo Joven, del Ministerio de Trabajo; los planes de vivienda, del Ministerio del Interior y Obras Públicas y la política penitenciaria, a cargo del Ministerio de Justicia.

Asimismo, se realizarán auditorías en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Anses; Aerolíneas Argentinas; la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar); el Banco Central; Banco Nación, Yacyretá, Conicet, Fabricaciones Militares, PAMI, Arsat y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Se sumarán, además, las universidades; la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa); la Casa de Moneda, Lotería Nacional, entre otras dependencias.

"Hemos reformado la planificación de las auditorías. Antes, la AGN planeaba unos 600 proyectos anuales, pero, en concreto, se realizaban sólo la mitad. En esta oportunidad decidimos proponer una número de informes que sea cumplible. Incorporamos tecnología,incluso compramos drones para efectivizar el control", indicaron a La Nación.

Si bien predomina el consenso entre los auditores de la AGN en cuanto a la planificación de este año, habrá que ver qué sucede con informes aún pendientes de la gestión de Cristina Kirchner. Entre ellos, la cuenta de inversión de 2015, que detalla la ejecución del presupuesto de ese año.

Dicha cuenta de inversión desnuda serios desfasajes entre las metas físicas previstas y los recursos asignados; en muchos casos, sobre todo en la obra pública, se revela una fuerte sobreejecución presupuestaria y bajos resultados en el cumplimiento de las metas físicas.

El informe en cuestión se debatirá en la última semana de febrero.

El colegio de auditores, presidido por Lamberto, está integrado por los también justicialistas Javier Fernández, Vilma Castillo y José Forlón; los oficialistas Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez (UCR) y Gabriel Mihura Estrada, del Frente Renovador. Si bien la oposición domina el cuerpo, Lamberto negó que la AGN vaya a ser "un órgano de persecución política".

"La Auditoría tiene que ser aliada del funcionario y no una enemiga", enfatizó, marcando así distancia con quien fue su predecesor en el cargo, Ricardo Echegaray, kirchnerista y ex jefe de la AFIP.

Ni bien asumió, Echegaray había anunciado que auditaría al gobierno de Macri "en tiempo real", es decir, sin cumplir con el mandato constitucional de que los informes de la AGN deben ser ex post, transcurrido al menos un ejercicio de gestión. En junio pasado fue destituido del cargo tras ser procesado por los delitos de falso testimonio y violación de secreto durante su gestión al frente de la AFIP.