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El organismo dictaminó que la firma de Enrique Blaksley no están autorizada a ofrecer fideicomisos o hacer transacciones       
12/02/2017 - 15:27hs

El golpe ahora es doble para Enrique Blaksley Señorans (en la foto), presidente y cara visible de la financiera Hope Funds y el protagonista de lo que es, posiblemente, la mayor estafa de la historia argentina.

Primero están las fuertes imputaciones en su contra. A mediados de noviembre en Comodoro Py, los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier se presentaron en el Juzgado Federal Nº 1 de Marí­a Romilda Servini para denunciar a Blaksley, Hope Funds y más de cuarenta allegados y firmas -entre ellas varias offshore implicadas en el megaescándalo de los Panama Papers– por el delito de estafa.

Gabriel Iezzi y Ví­ctor Varone, socios en el estudio jurí­dico que lleva su nombre, se sumaron poco después al reclamo con clientes que aducí­an haber sido ví­ctimas del mismo delito.

Hope Funds habí­a hecho su fortuna con una serie de "contratos de mutuo", esquemas donde grandes y pequeños inversores aportaban dinero bajo la promesa de fabulosas tasas de hasta el 12% anual.

La mayorí­a de los clientes de ambos equipos legales, cerca de 200, aseguran no haber visto un peso de vuelta, ni de interés o inversión inicial, en lo que serí­a un gigantesco esquema Ponzi similar al que llevó a la cárcel a Bernie Madoff, ex cabeza del NASDAQ.

El presunto daño causado por Hope Funds, por lo pronto, no tiene un número, ni en total ví­ctimas ni en dinero; ni la Justicia lo sabe a ciencia cierta. Fuentes alrededor del caso especulan en miles a los ahorristas presuntamente estafados, con un número multimillonario de plata detrás. El estudio Iezzi & Varone, hasta el momento, recibió más de mil consultas de todo el paí­s.

Servini también habí­a recibido poco antes por decisión de la Cámara Federal de San Martí­n otra causa contra Hope Funds, iniciada en 2014 y que habí­a tramitado en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro.

La carátula: lavado de activos. Los denunciantes fueron la AFIP y la PROCELAC, en ese entonces bajo el fiscal Carlos Gonella. Un informe entregado por la AFIP reveló que de 521 clientes que tení­a la empresa Hope Funds, apenas tres tení­an la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en sus declaraciones de impuestos. Servini recibió los documentos de este expediente dí­as atrás.

Hoy por hoy, se conoce una nueva medida oficial que limita severamente a Blaksley y a su empresa insignia para salir de su crisis. El 3 de noviembre pasado, dos semanas antes de la primera acusación en el fuero federal, la Comisión Nacional de Valores emitió su resolución número 18.322 bajo la firma de su presidente, Marcos Ayerra, entre otras autoridades.

En el documento, la CNV -que depende del Ministerio de Finanzas y se encarga del control de la oferta pública en el paí­s- afirma sus sospechas de "una actividad irregular" tras una investigación iniciada por una denuncia recibida en 2011 que incluyó citaciones a Blaksley mismo y pedidos de sus libros contables. No menciona la causa de la jueza Servini, ya que no habí­a comenzado.

Luego de ocho carillas de explicaciones, la CNV resolvió ordenar "el cese inmediato del ofrecimiento de fideicomisos en general y de toda otra invitación para realizar cualquier acto jurí­dico con valores negociables por no contar con la autorización legalmente exigida".

En sí­ntesis, la CNV congela con esta resolución los posibles negocios de Hope Funds y le prohibe operar comercialmente. Blaksley y su empresa hasta pueden recibir una sanción si es que violan esta normativa.

El organismo, por ejemplo, no vio con buenos ojos que Blaksley no entregara sus libros contables luego de pedir una prórroga al respecto. Todo esto es un golpe duro, si la letra de la CNV se toma de forma literal: para Blaksley, seguir operando era su única esperanza de resurrección.

Ramiro Rúa, abogado penalista que defiende a Hope Funds en Comodoro Py, asegura que hoy "la empresa no está trabajando". Sin embargo, testimonios en la City porteña hablan de supuestos nuevos mutuos firmados por ahorristas.

La CNV habla explí­citamente de "fideicomisos" en su resolución. Un fideicomiso es precisamente el núcleo de Verazul, un proyecto de country en la zona de Pilar y el gran negocio fallido de Blaksley.

En su lanzamiento en 2013, año en que se constituyó el fideicomiso del proyecto, Verazul prometió espacio para más de 2 mil unidades, con una laguna de 33 hectáreas para actividades náuticas, club house y amarradero, cancha de squash.

Un terreno de 800 metros cuadrados podí­a valer cerca de 85 mil dólares. Un reconocido animador infantil con presencia en teatro y televisión incluso compró una parcela en el lugar. Hoy, Verazul está frenado por la Justicia, por decisiones de los jueces federales Sandra Arroyo Salgado y Adrián González Charvay: se lo acusa, junto con otros emprendimientos inmobiliarios, de ser responsable de causar la fatí­dica inundación del rí­o Luján del año pasado al impedir su correcto drenaje.

Hoy, Hope Funds busca lograr que un número significativo de acreedores, pequeños inversores en su mayorí­a, firmen acuerdos extrajudiciales para frenar sus problemas en el fuero comercial, donde enfrenta 27 pedidos de quiebra. Uno de esos inversores dialogó con Infobae antes de aceptar el acuerdo: aseguró que su contacto dentro de la empresa aseguró que la plata para saldar su deuda vendrí­a del proyecto Verazul.

A fines del año pasado, Blaksley sostuvo una reunión en las oficinas de Hope Funds de la calle Sarmiento con los pocos vendedores leales que le quedan; muchos de ellos también habí­an perdido dinero con el juego de los contratos de mutuo y buscaban recuperarlo.

El empresario les trazó, básicamente, el plan para salir de la crisis.En su monólogo, el empresario habló del "análisis agronómico del famoso campo que les conté, una gran oportunidad de negocios", de "comprar barato para vender caro", de "ganar diez millones" y de tener negocios alternativos "por si lo de la contaminación parece muy sofisticado". Lo de "la contaminación" serí­a, precisamente, Zero, la presunta nueva oferta de Hope Funds. Su slogan: "Cero basura, cero polución".  

 

Fuentes que conocen los pasillos de la empresa enviaron a Infobae documentación con los logotipos de Zero destinada a posibles inversores. "Básicamente, es un sistema de máquinas que elimina basura. O sea, no lo tiene ni la NASA para los astronautas que van al espacio y ahora lo tiene Hope Funds", se rí­e una voz. Los papeles de solicitud de Zero a los que accedió este medio hablan de una "valorización de proyecto" de "1.500.000.000" en dólares, con opción de pago en efectivo y hasta un formulario para una declaración jurada de origen de fondos.

Otro documento, titulado "propuesta de negocios", habla nuevamente de un flujo de fondos millonarios y al menos de largo plazo, con fecha final para 2027. Las "cuotas a cobrar descontadas", solo para ese año, ascienden a 3,3 mil millones de pesos. Todo esto, de cara a la resolución de la CNV ya firmada por sus autoridades y divulgada públicamente en su sitio web.

El abogado Rúa, defensor de Hope Funds, se escuda con una excusa sorprendente: "No se notificó a la empresa". Fuentes en la CNV dicen lo contrario. Rúa también habla de un error de concepto, de "otro Blaksley".

La resolución 18.322 revela una investigación no solo a Hope Funds, sino a otra empresa del clan Blaksley, llamada Juno, un nombre de fantasí­a de Argentum Business Development, dirigida por Sebastián Blaksley, hermano del jefe de Hope Funds.

La denuncia llegó del jefe otra firma fiduciaria, que reportó a la CNV que dos emisarios de Juno le habí­an ofrecido negocios invocando a la empresa de Enrique Blaksley, asegurando que Juno era un desprendimiento de Hope Funds y que estos vendedores, que luego declararon en la investigación, aseguraron no tener autorización de la CNV para operar. La cadena, eventualmente, llegó hasta Enrique mismo.

Por lo pronto, Rúa asegura que pedirá la nulidad de la resolución y que emisarios de la financiera se reunirán con jefes de la CNV el 23 de este mes. Un miembro del cí­rculo í­ntimo de Blaksley también lo defiende: "Hope Funds nunca operó bajo la órbita de la CNV y el sumario es sobre un fideicomiso sobre el cual la empresa ni mi hermano nunca tuvieron nada que ver. Esto se presentó hace años y no sé por qué siguen. Si bien ya se respondió eso hace años, la empresa está preparando un descargo más detallado para pedir que la desvinculen de ese sumario. Sus fideicomisos no son financieros ni operan tí­tulos valores".

La causa contra Hope Funds en el Juzgado N°1 ha tenido amplia publicidad. Sin embargo, las oficinas de la empresa de Blaksley nunca fueron allanadas por la fuerza pública. Para los abogados Iezzi y Varone, que representan a damnificados en la causa con un daño colectivo de dos millones de dólares, ésto representa una pequeña bomba de tiempo: hay prueba en riesgo.

Los letrados presentaron un escrito a la jueza Servini con una propuesta de 170 testigos para la causa y formularon un contundente pedido de medidas para "evitar el ocultamiento malicioso de documentación contable/administrativa". Así­, requirieron a la jueza que inhiba los bienes de Blaksley, Hope Funds y sus allegados y firmas imputados en la causa, que se prohí­ba su salida del paí­s y que se allanen sus oficinas y domicilios. "Es graví­simo que Blaksley y los demás imputados no tengan dictadas a la fecha todas estas medidas que son urgentes en estos casos de delito económico", afirma Iezzi.

Los abogados luego subieron la apuesta en el escrito presentado ante Servini. El empresario deportivo Guillermo Marí­n, marido de la vedette Valeria Archimó, se asoció con Blaksley en la firma Imagen Deportiva. El municipio de Tigre estuvo involucrado en la exhibición de tenis que produjo Hope Funds con Roger Federer y Juan Martí­n del Potro en 2013. La empresa también fue sponsor en ese año de La Dolfina, el equipo de polo de Adolfo Cambiaso.

De cara a esto, Iezzi y Varone pidieron que Marí­n y Cambiaso entre otros sean citados a declarar para "manifestar qué se hizo, con qué fondo y si las acciones implicaron una ganancia". Hope Funds también gestionó en 2013 la carrera de Usain Bolt contra un colectivo de la lí­nea 59 en el Metrobus: Iezzi y Varone instaron a Servini a que le exija toda la documentación al respecto al Gobierno porteño.