La paritaria bancaria se convirtió en un campo minado para el Gobierno. Es que la decisión de fijar un tope salarial al gremio empezó a complicar el esquema previsto por la Rosada y abrió un conflicto inesperado con la Justicia, tras el fallo que ordenó pagar el acuerdo firmado.

Las principales cámaras del sector habían aceptado en noviembre otorgar dos bonos y una suba a cuenta del 24% (un 10% de aumento y una suma mensual de $2.000 hasta abril inclusive). Pero los funcionarios ahora buscan acotarlo al 18%.

Por ello, el Ejecutivo presentó en los últimos días un pedido de revocatoria en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se tramita la cautelar elevada por los bancarios. Mientras que los bancos apelaron la medida.

Esa fue la estrategia que definieron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con los banqueros la semana pasada durante una reunión en Casa de Gobierno, en la que decidieron meterse en la batalla legal iniciada por el sindicato de la Asociación Bancaria.

Pero la Justicia interpretó el bloqueo del Ministerio de Trabajo como una "interferencia". Y la reacción del Gobierno, desde la cartera laboral, fue hacer una "acusación espejo" a la Justicia, es decir que interfiere indebidamente en el desarrollo de la paritaria. Este conato de conflicto entre poderes del Estado dejó al descubierto cómo el conflicto bancario, lejos de quedar limitado a un problema sectorial, tiene para el Gobierno un significado político más profundo.

"El gremio los hizo meterse en el terreno judicial y no es bueno políticamente para el Gobierno porque está perdiendo su rol de intervenir en la mesa de negociación y genera un mal precedente", señaló el especialista Marcelo Aquino, del estudio de abogados homónimo.

La pelea con el Poder Judicial escaló a tal punto que el Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de iniciar el pedido de juicio político a los jueces que hicieron cumplir el acuerdo salarial, según advirtieron en Trabajo.

El enfrentamiento tiene lugar en medio del traspaso de la Justicia -entre ellos el fuero laboral- a la Ciudad. El convenio fue firmado el 19 de enero por Mauricio Macri y Horacio Larreta, pero los magistrados, funcionarios y empleados judiciales se resisten. El Jueves el tema llegó hasta el Consejo de la Magistratura, donde la mayoría prefirió no pronunciarse al respecto.

El otro síntoma del agravamiento de las tensiones es lo que ocurre en las calles. Luego de las asambleas del jueves y viernes, que paralizó la atención en muchas entidades, el gremio liderado por Sergio Palazzo decidió convocar oficialmente para el viernes un paro de la actividad.

Las medidas de fuerza fueron suficientes para dividir a los bancos. En los últimos días, el Banco de Chubut pagó el acuerdo y se sumó así al Credicoop, el Banco de La Pampa, Chaco, Corrientes, Formosa, Cabal, Bica, Bradesco, Imfc y otras entidades del interior.

Pero del otro lado el Gobierno se ve presionado a sobreactuar y mostrarse duro. Conscientes de que los bancarios son un caso "testigo" que observa el resto de los sindicatos y el mercado, las autoridades pusieron un freno a la paritaria para sostener la pauta oficial.

Fue el gobernador peronista de La Pampa, Carlos Verna, quien salió a denunciar "presiones" en su provincia por parte de Presidencia para que los bancos de su provincia no pagaran el acuerdo salarial."A pesar de las presiones del jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Marcos Peña, respaldado por su asesor económico, Mario Quintana, para desestimar el acuerdo salarial hecho en noviembre pasado con La Bancaria, el Banco de La Pampa pagará lo acordado", manifestó la Dirección de Prensa del gobierno provincial.

Se trata de una señal que implica ciertos riesgos políticos para el Gobierno, ya que una intromisión en paritarias del sector privado -y pelea con el Poder Judicial incluida- va a contramano de la imagen de diálogo y respeto institucional que predica el macrismo. Y va contra el tono que ensaya la provincia de Buenos Aires. Allí María Eugenia Vidal logró establecer en diciembre un acuerdo anual del 18% con los gremios estatales (salvo ATE y Cicop).

Paritaria en corto

Para tener un parámetro de qué tan complicada es la situación, basta recordar que ni siquiera en tiempos del kirchnerismo una paritaria llegó a los tribunales. Es cierto que había presiones de Cristina Kirchner a los sindicalistas y que el Gobierno jugó un rol clave en la ruptura de la CGT y la CTA.

Pero durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, se había improvisado una suerte de "techo" ficticio mediante adicionales, sumas fija y la letra chica de los acuerdos. De ese modo, el Ejecutivo fijaba su pauta y a la vez otorgaba "puntos extra" por debajo de la mesa.

Toda esta dinámica de negociación empezó a "entrar en corto" con la desaceleración de la economía y la inflación. El intento del Gobierno de anclar los salarios desencadenó crecientes conflictos y llevó a la expresidenta a enfrentarse cada vez más con el sindicalismo.

Un escenario similar empezó a emerger el año pasado, luego de que los gremios perdieran entre 7 y 10 puntos de poder adquisitivo y 400 mil empleos, según las cifras de la CGT. Sólo evitaron una mayor conflictividad los fallidos acuerdos en la mesa de diálogo entre la central sindical con el Gobierno y los empresarios.

Sin embargo, los problemas de fondo persisten. Los sindicalistas informaron la semana pasada una inflación en enero del 1,6%, según el cálculo de sus propios consultores económicos. Se trata de una tasa que anualizada supera por lejos el 17% previsto por el Banco Central.

En la mesa de negociaciones, la expectativa de los gremios duplica la pauta. Si el año pasado el pronóstico de inflación era del 20% y superó el 40%, este año hay que pedir aumentos del 35%, el doble de las estimaciones oficiales. Eso es, por caso, lo que reclaman los docentes.

La consultora Ecolatina y el estudio Bein pusieron el dedo en la yaga al señalar que la actividad y el consumo sólo se recuperarán si los salarios superan la inflación proyectada en el Presupuesto. Es decir, si el Gobierno afloja el cinturón sobre los salarios.

Pero en el dilema de elegir entre evitar la conflictividad y cumplir con sus metas inflacionarias, la Rosada parece inclinarse por lo segundo.

Costo político

Con el conficto bancario en plena escalada y ya en el centro de la agenda pública, se vislumbra un costo político para el Gobierno si persiste en la actitud de no homologar el acuerdo salarial de los bancarios.

El argumento oficial es que la paritaria bancaria no puede ser homologada porque no fue firmada por todas las cámaras del sector, mientras que La Bancaria sostiene que las firmantes (Adeba y Abappra) representan el 80% de la actividad. Según el sindicato, una vez cumplido el plazo para expedirse la suba salarial empieza a regir de hecho.

Los especialistas, en cambio, señalan que en los últimos 30 años nunca hubo homologación tácita de los acuerdos sino la aprobación expresa de las autoridades. Lo que sí representa un cambio respecto al kirchnerismo es la intervención ministerial a partir de un objetivo macroeconómico.

"El Ministerio de Trabajo puede revisar un acuerdo en la medida que no se respeta el orden público laboral y se establece algo por debajo de la ley. Pero rehusarse a homologar por un factor económico no tienen sustento legal", advirtió Aquino.

La postura intervencionista tiene, además, un efecto en la interna sindical: refuerza los argumentos de los sectores más duros. En la corriente de Palazzo creen que el dialoguismo del triunvirato de la CGT no ha impedido los despidos ni la pérdida de poder adquisitivo. Por el contrario, envalentona a las autoridades a ir por más.

Estas presiones internas, sumadas a la suba de las tarifas, la nueva ola de cesantías y el inicio del calendario electoral, fue lo que terminó de forzar el giro en Azopardo, con el lanzamiento de una movilización para el 7 de marzo y un paro sin fecha para mediados de ese mes.

La sensación en el ámbito sindical es que las primeras paritarias son sólo la punta del iceberg. "Hay algo político que es intentar disciplinarnos para que nos aumenten en el porcentaje que pide el Presidente de la Nación. Nosotros no lo vamos a permitir, vamos a hacer respetar el acuerdo", dijo Palazzo en declaraciones radiales.

En tanto, los docentes enfrentan una situación similar, luego de la suspensión del Consejo Federal que define el piso salarial a nivel nacional. En su lugar, la Rosada optó por descentralizar la discusión en las provincias para debilitar a los sindicatos, mientras que Vidal amenazó con descontarles los días de paro, tal como lo hizo el año pasado.

La reacción sindical no se hizo esperar. Por primera vez en mucho tiempo la CGT y la CTA salieron a respaldar a los cinco gremios docentes a nivel nacional (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA). Así lo reflejó la conferencia inédita que brindaron el jueves pasado en la sede de Azopardo, acompañados por miembros del triunvirato.

Son síntomas de un cambio de ánimo. El Presidente lo vivió el jueves al lanzar el Plan Patagonia en la ciudad de Viedma, en Chubut. Allí lo recibieron protestas de la CTA y la CGT, en rechazo a la política económica. En tanto, Triaca pasó un mal momento el viernes en Entre Ríos, donde se topó con un grupo de bancarios que lo acusaron de "traidor".