Al menos 138 empleados de entre 30 y 40 años escuchan en simultáneo y en directo 4.000 comunicaciones diarias en un edificio judicial en la avenida de los Incas al 3800, en el límite entre los barrios porteños de Belgrano y Villa Ortúzar.

Es la sede de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, que depende de la Corte Suprema, que este año quedó en el centro del debate tras la difusión de los diálogos entre el ex titular de la la agencia de espías estatales (AFI), Oscar Parrilli yla ex presidenta Cristina Kirchner.

Las escuchas que realiza el organismo son legales, y se hacen bajo orden de un juez quien puede también definir quiénes son los que desgraban. El magistrado puede enviar agentes de alguna fuerza de seguridad para hacer esa tarea.

Sin embargo, los oficiales que no pertenezcan a la Dirección de Captación no tienen acceso al edificio y entran por una escalera exterior para preservar todo el material registrado.

Se pueden escuchar hasta tres meses seguidos las conversaciones telefónicas de un número determinado de líneas, según lo disponga el juez o autoridad judicial. Ese plazo puede ser prorrogable.

Parrilli culpó a ese organismo por la difusión de las conversaciones con el ex subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y pidió que se allane el edificio.

El ex titular de la AFI denunció ante el juez Rodolfo Canicoba Corral que las escuchas que trascendieron en algunos medios pertenecen a fechas que no se corresponden con las autorizadas por el juez Ariel Lijo.

El proceso es el siguiente: el juez manda un oficio a la Dirección de Captación de Comunicaciones con el número telefónico a intervenir. Se filtra por número de causa, la carátula o el número telefónico.

Las empresas telefónicas mandan la decodificación al "lugar de captación" y de ahí se pasa al área llamada "fonola" donde se registran los audios que envían esas comunicaciones. Las captadoras graban los audios en CD. El organismo graba 100 CD cada 2 horas identificados con códigos de barras.

De los 138 empleados que tiene la Dirección, 38 están abocados a los casos de secuestro y personas con riesgo de vida.