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Con apoyo de CGT y la oposición, el Gobierno avanzó con el proyecto de ART en Diputados

14-02-2017 El oficialismo consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto que demora el acceso del trabajador a la Justicia. El miércoles intentarán convertirlo en ley. Stolbizer, Moyano y el kirchnerismo junto con la izquierda rechazaron la iniciativa
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Con el apoyo del bloque justicialista y de parte del Frente Renovador, Cambiemos consiguió la mayor cantidad de firmas en respaldo del texto que hace dos meses aprobó el Senado y que demora el acceso del trabajador a la Justicia.

En contra se expresaron la izquierda, otra parte del Frente Renovador y el Frente para al Victoria-PJ, que lo hizo con dos dictámenes, uno de rechazo total y otro con observaciones al de mayoría.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda se extendió por más de dos horas, en las que los diferentes protagonistas expusieron sus puntos de vista de cara a la sesión especial del miércoles, en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto.

El debate dejó en evidencia las diferencias internas expresadas por los posicionamientos divergentes en sectores como el Frente Renovador, el Frente para la Victoria-PJ y los diputados de extracción sindical.

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (Justicialista), señaló que "este proyecto viene a reducir la litigiosidad y es consecuencia del alto valor de la cuota de las ART", y auguró "que sirva para tener un trabajo mas decente y más digno".

Tras cuestionar al gobierno por dictar un DNU con el contenido de la ley sin pasar por el Congreso, puso de relieve la importancia de la iniciativa, al sostener que "viene a corregir una situación en la cual hoy el trabajador está en situación de riesgo laboral y menos cubierto y ante un festival a medida de la industria del juicio".

En defensa del proyecto, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto busca "frenar la aceleración marcada de la litigiosidad, que va sobre todo en contra de las pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que tienen menos espaldas para bancarla".

"Como consecuencia de ello, las primas de riesgo son más altas para pagarlas, y eso atenta contra la creación de empleo", remarcó; al tiempo que advirtió que "se venía una avalancha de juicios, y por eso sirvió el decreto de necesidad y urgencia".

En la línea de defensa del proyecto, el también macrista Eduardo Amadeo, expresó: "Si no aprobamos esta ley y todo sigue igual dentro de poco los trabajadores no tendrán seguro. Por eso estamos discutiendo equidad, estamos discutiendo las rentas mafiosas".

Apuntando a los grandes estudios laboralistas, agregó: "En nuestro país está lleno de sectores que viven a costa de los otros; son los caranchos oligarcas que prostituyen los derechos de las personas en beneficio propio, lo que se llama carancheo de 'guante blanco'".

A su turno, Margarita Stolbizer, del GEN, justificó su voto en contra al expresar que "se trata de un sistema absolutamente regresivo, que lo único que plantea es bajar la litiogiosidad" y que "demoniza al trabajador que va a los tribunales, buscando cercenarlo e impedir su derecho".

"Lo que hay que trabajar es para evitar los accidentes y las enfermedades", manifestó, al tiempo que insistió en que "no hay seguridad de que en tres meses el Congreso va a sancionar una ley" en ese sentido.

En la misma linea se pronunció el massista Facundo Moyano, quien dijo que "esta ley muestra el orden de prioridades del gobierno, porque proponen este tema antes que algo que hable de prevención".

"No vamos a ir al recinto a votar algo que está en contra de los derechos de los trabajadores; y no le vamos a hacer ninguna contribución al proyecto porque no estamos de acuerdo con la cuestión de fondo", adelantó, incluyendo en su postura a la del moyanista chubutense Jorge Taboada.

Se diferenció así de su compañero de bloque e integrante de la conducción de la CGT, Héctor Daer, quien aclaró que "ésta no es una ley de la CGT, sino que es una ley del Poder Ejecutivo" y que desde el sector sindical hubieran "preferido una ley que prevenga".

"En el Senado le hicieron importantes modificaciones, y el proyecto mejoró para darle herramientas a los trabajadores en su deambular ante el poder hegemónico de las ART".

Sin embargó, aclaró que "queda la vaguedad con respecto a las comisiones médicas centrales" y advirtió que "esto es en vano si en noventa días no se debate una legislación sobre la prevención de los accidentes de trabajo con fuertes sanciones ejemplificadoras par quienes no cumplen".

En consonancia, la pata empresarial del massismo, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, enfatizó su respaldo al proyecto: "Trabajadores y empresarios no tenemos diferencias, los dos estamos preocupados por tener un sistema sustentable, y este proyecto va en ese sentido".

Por la izquierda, Néstor Pitrola, explicó su propuesta y el dictamen en contra: "Defendemos la prevención en los lugares de trabajo mediante comisiones obreras electas, para proteger la vida y la salud, en lugar del lucro financiero de las ART, hermanas de las nefastas AFJPs"

Para Héctor Recalde, abogado laboralista y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, con la legislación laboral del Poder Ejecutivo permanentemente se está violando la seguridad jurídica, y así solo van a venir los capitales golondrinas".

"No hay que quitarles derechos a los trabajadores; sino que hay que ver qué pasa con el sistema de prevención, porque hay un aumento de los juicios de trabajo. Esta ley va a ser declarada inconstitucional", sentenció.

El proyecto aprobado por la Cámara alta establece que todo trabajador debe pasar por una comisión médica antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención".

El procedimiento ya había considerado inconstitucional en varios fallos de la Corte Suprema. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) se pronunció la semana pasada en contra de la reforma por considerar que "limita el acceso del trabajador en forma directa a la Justicia". 

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