"Suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo", afirmó el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, y descartó que el organismo vaya a elaborar un dictamen sobre el polémico acuerdo entre el Correo Argentino S.A, administrado por la familia Macri, y el Estado, que condonó una deuda millonaria. 

Así, Lamberto respondió a la solicitud del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien anunció este martes en conferencia de prensa que el Gobierno pedirá un veredicto técnico a la AGN sobre la controvertida propuesta que aceptó el Estado.

El titular de la auditoría le recomendó a la Casa Rosada que recurra a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para ese trabajo. 

Lamberto explicó que la AGN ya tiene un plan de auditorías establecidas para el 2017 que "no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento" e incluso resaltó que "hubo casos en los cuales a pesar del acuerdo hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos".

De esta manera descartó la propuesta que horas antes había hecho pública el jefe de ministros.

La conferencia

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de la mesa chica presidencial en dar la cara por el escandaloso acuerdo que cerró el Gobierno con el padre de Mauricio Macri por una millonaria deuda que el empresario tiene con el Estado por Correo Argentino desde 2001.

Tras la habitual reunión semanal que el mandatario tiene con sus ministros, Peña dio una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos. Lo hizo junto al titular de la cartera de Comunicaciones, Oscar Aguad, el responsable de haber avalado el pacto con Franco Macri lo que, según la Justicia, fue prácticamente una condonación de la deuda que hoy asciende a los $4.000 millones.

"No es un problema político, es un tema técnico, de carácter judicial, y que el Estado interviene como hace con cualquier tema de este tipo", arrancó el jefe de Gabinete a explicar la decisión que desató una crisis política dentro y fuera de Cambiemos.

Y apuntó contra el kirchnerismo. "Luego de 12 años de desidia, el Ministerio de Comunicación trabajó en un acuerdo" para que el Estado cobrara los cánones que debía el grupo Socma de la época en la que manejaba Correo Argentino.

"No creemos que haya conflicto de intereses", afirmó pese a que el deudor es la empresa de la familia del propio mandatario.

"El Estado interviene a través de sus áreas competentes, no todas las acciones pasan por decisiones del Presidente, sobre todo cuando están en estado judicial", amplió.

Y explicó que "para evitar cualquier tipo de duda sobre ello, (Macri) le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de dictar una resolución. Recordamos que la AGN es un organismo constitucional, que le corresponde a la oposición".

"También solicitó una reunión con la Cámara Federal para pedirle que aborde esta problemática de manera integral para que no haya desequilibrios", señaló Marcos Peña.

De esta manera, el Gobierno intenta licuar la crisis política, pasarle el problema a la Justicia y darle participación a la oposición. 

"Si hay un perjuicio para el Estado es por no haberlo resuelto en estos 12 años", insistió el funcionario apuntando contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que no aceptaron ninguna de las propuestas de pago de Franco Macri durante sus gestiones porque, según explicaron desde el frente para la Victoria, "no conformaban las ofertas" de la empresa.

Para Peña, ese argumento "es muy pobre" y advirtió que "hay que investigar por qué no se llegó a un acuerdo" en los últimos años. Además, sostuvo que la ex presidenta "denuncia livianamente" el tema.

"Lo importante es dejar en claro que acá no hay nada raro, para que no haya sospechas", continuó.

"Se obró según la ley en el marco de una discusión judicial, con total transparencia. La transparencia y legalidad es total, tenemos absoluta y plena convicción de ello", concluyó.

El caso El caso se conoció la semana pasada, cuando se difundió el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin ante la Cámara en lo Comercial. La procuradora se opuso a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, que se suscribió en junio del año pasado, cuando Mauricio Macri llevaba ya seis meses al frente del Poder Ejecutivo, para que se pagara una histórica deuda del Correo con el Estado.

Según el plan, la empresa se comprometió a pagar la deuda en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés de 7% sólo sobre el capital de la deuda. Las partes destacaron que se trató de un pago de $600 millones, más del doble de la suma inicial de casi $300 millones (a 2001, cuando regía la convertibilidad).

Para la fiscal Boquín, ese convenio implicaba una quita de más del 98% de la deuda, es decir, que se estaba licuando el pasivo. Sostuvo que por una deuda de casi 300 millones de pesos/dólares no se puede pagar $600 millones 32 años más tarde. Sostuvo que la deuda actualizada supera los $4.000 millones y que por eso la quita era abusiva: a criterio del área financiera de la Procuración General de la Nación (DAFI) para 2033 se provocaría un perjuicio al Estado de $70.163 millones.

Boquin también denunció mala fe procesal de la deudora porque días antes de que suscribiera el acuerdo, Correo Argentino reclamó al Estado una demanda millonaria por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo (11%). A pesar de haber firmado un acuerdo con el Estado para saldar el pasivo del 2001 no desistió de su acción.

Ante este escenario, el lunes, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una auditoría para determinar cómo se llegó a ese acuerdo. Además ordenó iniciar un sumario administrativo.

La Procuración dispuso un "sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".

Así se expidió el jefe de los abogados del Estado luego del dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez ante la supuesta falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y en posible violación a la ley de Ética Pública.

Desde la oposición vienen criticando fuertemente el convenio entre el Estado y la empresa de Franco Macri. La justicia federal recibió la semana pasada otras cuatro denuncias penales contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por "defraudación contra la administración pública" en relación al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino que le condona a la familia Macri una deuda multimillonaria con el Estado.