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La polémica por la deuda del Correo Argentino domina el inicio de la sesión en Diputados

15-02-2017 El Frente Renovador hizo sufrir al oficialismo. Los legisladores bajaron uno a uno al recinto poco antes de que se cumpliera el tiempo de espera para iniciar la sesión. El Gobierno descuenta que conseguirá los votos para sacar la norma sobre ART con media sanción en el Senado
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El oficialismo debió transpirar más de la cuenta para lograr el quórum y dar inicio a la sesión en la cámara de Diputados para tratar la norma complementaria de Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) impulsada por el Poder Ejecutivo.

Cuando solo quedaban dos minutos para que finalice el tiempo y se de por caída la sesión, el massista Felipe Solá se sentó en su banca y recién allí se juntaron los 129 diputados necesarios para empezar a debatir.

Durante las primeras tres horas, la oposición se abocó de lleno a la polémica por el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino. 

La primera en hacerlo fue la diputada Soledad Sosa, quien pidió un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto sobre la “inmediata interpelación” del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro Oscar Aguad, por lo que definió “un escándalo”, en referencia al acuerdo con el Correo. 

Para el apartamiento del reglamento hacían falta los tres cuartos de la Cámara, que no se alcanzaron, pues la votación terminó con 103 votos a favor y 79 en contra.

A continuación se ocupó del tema Diana Conti, quien tras aporrear al Gobierno por el caso Arribas, la emprendió también contra el macrismo por el tema del Correo, incluyendo de paso también la cuestión del decreto del blanqueo para familiares.

En tanto, Héctor Recalde recordó haber sido abogado de trabajadores del Correo y recordó que “el Grupo Socma despidió a miles de trabajadores del Correo”, oportunidad en la que su defensa, y destacó al respecto que esos empleados le regalaron un buzón en miniatura que mantuvo sobre su banca durante la sesión.

Pero el objeto de su cuestión de privilegio tenía por objeto rechazar la interpretación que se le dio días pasados a sus dichos durante la conferencia de prensa que brindó junto a Oscar Parrilli, cuando dijo que “tenemos experiencia” en referencia a la edición de escuchas telefónicas. Previsiblemente las atribuyó a “la interpretación de algunos medios hegemónicos”.

En ese marco, Felipe Solá cuestionó el convenio con el Correo, manifestándose “no sorprendido ni anonadado, sino dolido” por “cómo se puede llegar a hacer un acuerdo que refiere a una empresa que ha sido de la familia Macri, que dejó de pagar los cánones al Estado nacional, con lo que significa eso como gravedad, y que lo hizo mientras Mauricio Macri era director”.

También tuvo lugar la polémica por los dichos de Juan José Gómez Centurión sobre la última dictadura militar no fueron pasados por alto. En este sentido, el diputado del bloque Justicialista Pablo Kosiner presentó una cuestión de privilegio en contra del titular de la Aduana.

“Muy mal hablaría de nosotros que dejemos pasar esta situación”, dijo y sostuvo que manifestaciones como las que niegan que en Argentina existió un plan sistemático para la desaparición de personas “ya no se discuten” porque “ya la Justicia dio su veredicto”, después de “una lucha grande que dio la sociedad”.

En tanto, el diputado camporista Martín Pérez presentó una cuestión de privilegio contra Mauricio Macri por la situación planteada a partir de la votación del expediente que establece el régimen previsional para exsoldados de Malvinas, donde el Ejecutivo a través de un decreto vetó el artículo 3 de la ley sancionada, por lo que se anuló la garantía para que los beneficiarios puedan votar a un piso de dos jubilaciones mínimas.

El pedido de tratamiento del DNU no obtuvo los votos necesarios para su tratamiento, pues la votación terminó con 104 afirmativos y 87 negativos.

Otro de los temas que se filtró en el debate fue la controvertida detención de la dirigente Milagro Sala. El diputado Edgardo Depetri recordó que por esa situación se había pedido la intervención del Poder Judicial “y la verdad que las sospechas tienen sus fundamentos porque están haciendo todo esto para tapar todo lo que pasa”, dijo.

El legislador nacional por el FpV sostuvo que el objetivo ha sido prohibirle hacer “actividad política o actividad social” a Milagro Sala. Con ello se busca “tapar todo lo que pasa como la denuncia escandalosa con el Correo Argentino". También mencionó la condonación de $19.000 millones a Edesur y Edenor e hizo referencia al caso Arribas.

La polémica en torno a "Precios Transparentes" fue otra de las cuestiones que el bloque del Frente para la Victoria impulsó en el recinto. 

Debate demorado
El oficialismo descuenta que tendrá el apoyo del "peronismo dialoguista" para aprobar la nueva ley de ART en Diputados, pero el Frente Renovador de Sergio Massa los hizo sufrir hasta último minutos.

La reforma que impulsa el Gobierno para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) tiene altas chances hoy de llegar a buen puerto, luego de un agitado camino lleno de contramarchas y disputas políticas con la oposición, los sindicatos y hasta sus propios socios de coalición.

La estrategia original del Gobierno había sido el decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo cual generó un rechazo en varios sectores, que cuestionaban la constitucionalidad del método. Pero con la marcha atrás que implicó la convocatoria a sesiones extraordinarias, logró aplacar las críticas de la oposición y cerrar las grietas internas que causó esa decisión.

Es que se dirigía a sufrir una derrota casi segura en el Congreso, pese a que ya existía una iniciativa sobre ese tema con media sanción del Senado.

Será la primera sesión de un año electoral donde el macrismo espera poner a prueba su gestión.

Además, el plenario tendrá un condimento extra ya que se verá salpicada por el escándalo del acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino, que la oposicióni califica como una condonación de deuda millonaria para el empresario Franco Macri, ex propietario de la firma.

Con apoyo de la oposición “dialoguista”, Cambiemos se encamina hacia la sanción de la nueva norma, que obtuvo dictamen favorable.

En el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa aprobada en el Senado. El grueso del Frente Renovador y el bloque de Diego Bossio acompañaron con su firma el proyecto.

El Gobierno además se aseguró el apoyo de otras bancadas más chicas que le garantizarían la aprobación de la norma.

El debate dejó en evidencia las diferencias internas expresadas por los posicionamientos divergentes en sectores como el Frente Renovador, el Frente para la Victoria-PJ y los diputados de extracción sindical.

Divisiones en el massismo
Facundo Moyano mostró sus disidencias con la postura que adoptó el massismo y firmó el dictamen de rechazo impulsado por otra aliada del Frente Renovador, Margarita Stolbizer para rechazar el proyecto. 

Durante el debate en comisiones cuestionó “el orden de prioridades del Gobierno” con el fin de “proteger al sector empresario y no al trabajador”.

El mismo camino seguirá Jorge Taboada, quien además de ser diputado también es sindicalista de Camioneros en Chubut.

Moyano pronosticó que la ley propuesta por el gobierno de Mauricio Macri será declarada inconstitucional y denunció que “va en línea con una intención de flexibilidad laboral”, ya que “le saca derechos a los trabajadores”.

El “dipusindical” recordó que hace cinco años, cuando se discutió en el Congreso la última modificación de las ART, él mismo había denunciado que se trataba de “un engendro de la UIA” (Unión Industrial Argentina).

En ese entonces, Moyano no sólo integraba el bloque del Frente para la Victoria-PJ, sino que en su discurso apuntaba directamente al entonces presidente de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, con quien hoy comparte bancada.

En tanto, Stolbizer subrayó que “la ley llega viciada de inconstitucionalidad, porque viola un principio elemental, que es que si una persona es dañada, debe ser compensada”.

En cambio, Héctor Daer, quien además de ser diputado por el massismo integra el triunvirato que conduce la CGT, confirmó su apoyo a la iniciativa pero aclaró que “no es la ley” de las centrales obreras sino “la propuesta por el Poder Ejecutivo”, y reconoció que “hubiera preferido una ley de prevención” de riesgos de trabajo.

Y explicó que por una cuestión de “seriedad” la CGT no concurrió a la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo ya que era una discusión “abstracta” luego del llamado a extraordinarias.

La pata empresarial del massismo, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, enfatizó su respaldo al proyecto: "Trabajadores y empresarios no tenemos diferencias, los dos estamos preocupados por tener un sistema sustentable, y este proyecto va en ese sentido".

El Frente para la Victoria-PJ, liderado por Héctor Recalde; la izquierda, representada por Néstor Pitrola; y el progresismo, liderado por Margarita Stolbizer, rechazaron la iniciativa oficial al advertir que limitará el derecho de los trabajadores de recurrir a la Justicia en caso de accidentes laborales.

El proyecto
En el artículo primero, el proyecto dispone que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.

Se establece luego que “una vez agotada” esta instancia, “las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central”.

Así, “el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la Justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino”.

“El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes”, dice el texto.

El diputado por el PRO y economista Eduardo Amadeo fue el encargado de revelar las cifras que justificarían el dictado de una nueva ley. Las tildó de “escandalosas” y precisó que “entre 2004 y 2016, la cobertura de los seguros aumentó un 40%”, y que en el mismo período “la siniestralidad en la industria bajó un 26%, lo que implica que las empresas hicieron más esfuerzo por reducir accidentes, y se redujeron más los accidentes graves y que causaban muertes”.

Sin embargo, advirtió el macrista, “la litigiosidad aumentó un 2.600%, lo que ayudó a que no se cree trabajo en blanco”, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que entre julio y agosto del año pasado “pidieron por favor que se aprobara esta ley”.

 

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