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El intento del Gobierno por acotar la crisis política del Correo terminó en rechazo opositor y la creciente judicialización del tema
15-02-2017 El Gobierno estructuró su estrategia de defensa en tres ejes: convocó a la oposición, culpó al kirchnerismo y deslindó responsabilidades en la Justicia. En un día, el Poder Ejecutivo tomó nota de su aislamiento y ya ensaya otras variantes
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El affaire del Correo dejó en evidencia que al Gobierno le está fallando el manual de contención de crisis.

La jornada del martes fue una seguidilla de reveses: ni la oposición dio apoyo al mensaje para "transparentar" la negociación de la deuda, ni la Auditoría General de la Nación se mostró dispuesta a dar un veredicto. Y, para coronar la situación tensa, el propio Mauricio Macri quedó imputado en una causa judicial.

Ahora, lejos de quedar acotado, el tema del Correo ya es oficialmente un gran problema para el macrismo, y amenaza con convertirse en una verdadera bola de nieve, por su potencial impacto negativo en la opinión pública en un año electoral.

La estrategia del Gobierno tuvo la intención de descomprimir la situación. El jefe de gabinete, Marcos Peña, brindó una conferencia de prensa para exculpar de responsabilidades a Cambiemos y tendió puentes a la oposición. La ponencia se realizó luego de la habitual reunión semanal que el jefe de estado tiene con sus ministros en la Quinta de Olivos.

La reacción fue evidentemente tardía: el jefe de ministros –alter ego del presidente según las propias palabras de Macri- demoró una semana en tomar la voz y enfrentar a la prensa para esgrimir argumentaciones a favor del oficialismo.

Y su convocatoria a la prensa junto al ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, pareció un reconocimiento de que los intentos previos por diluir el tema no habían surtido efecto.

Previamente, en lo que pareció un plan para minimizar el suceso, solamente hicieron declaraciones públicas dos funcionarios de tercer rango. Más tarde, que explicaron que no había habido quita en la deuda que el grupo Socma mantiene con el Estado nacional. Luego, el propio ministro Aguad, responsable directo del área que suscribió el acuerdo, ofreció dar explicaciones al Congreso. Y luego la vicepresidenta Gabriela Michetti hizo decaraciones periodísticas sobre el tema.

Pero el "escandaloso del Correo" ya era un tema instalado en los medios, que no solamente opacaba actos públicos con anuncios oficiales a cargo de Macri, sino que empezaba a erosionar la imagen pública del Gobierno. 

Tan delicada es la situación que agudizó la interna de Cambiemos. Por caso, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba hizo pública su posición: dijo por Radio Nacional el presidente debe dar explicaciones sobre el caso. “Macri le tiene que explicar a la gente que es un problema de una empresa privada de la que no tiene nada que ver", indicó. 

A siete días de conocido el hecho, eso aún no sucedió. Hasta el momento, primó la voluntad de la otra ala del Gobierno.

Estrategia
La estrategia desplegada por Peña tuvo el evidente propósito de ponerle un fin a la crisis política. Por la vía de garantizar transparencia al ofrecer participacón a la Auditoría General, no sólo se pretendía terminar con la polémica sino que hasta se compartía la responsabilidad del acuerdo con la oposición, dado que es la que maneja ese organismo estatal.
 
La propuesta, en palabras de Peña, era que "para evitar cualquier tipo de duda" respecto de un eventual conflicto de intereses, "se le solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de dictar una resolución”. 

Peña destacó “que la AGN es un organismo constitucional, que le corresponde a la oposición". "Esto es otro reaseguro extra porque estamos absolutamente comprometidos en transparentar todo tipo de acción de Gobierno, sobre todo esto, para despejar dudas", había dicho el funcionario.

Como suele ocurrir en estos casos, el propio ofrecimiento dejaba entrever la admisión tácita de un error. ¿Por qué no se planteó esa auditoría desde el inicio de las conversaciones?

Por otra parte, esa apelación a la participación -y a co-asumir la responsabilidad- para con la oposición, pareció algo contradictoria con la actitud del jefe de Gabinete de culpar al kirchnerismo por haber dejado licuar la deuda de los Macri.

Esa ha sido hasta ahora la argumentación oficial de los funcionarios de Cambiemos: la propia desidia de la gestión anterior fue lo que permitió que, con el paso de los años, la inflación fuera achicando la deuda en términos reales, con el consiguiente perjuicio para el Estado.

La otra parte de la estrategia consistió en trasladarle a la Justicia un cambio en la negociación, de manera que las demandas cruzadas entre el Estado y el Correo no corran por carriles separados, sino que formen parte de un mismo acuerdo.

El jefe de ministros solicitó “una reunión con la Cámara Federal para pedirle que aborde esta problemática de manera integral para que no haya desequilibrios". 

Así, el Gobierno busca que bajen los decibeles políticos del tema, en la medida en que la negociación pasa a formar parte de un nuevo acuerdo. “No es un problema político, es un tema técnico, de carácter judicial, y que el Estado interviene como hace con cualquier tema de este tipo", dijo en lo que pareció más una expresión de deseos que una realidad.

Ocurre que sólo 15 días antes del acuerdo que firmaron las partes, el 13 de junio del año pasado, la empresa controlada por los Macri promovió una demanda contra el Estado por presuntas inversiones impagas y dos meses después pretendió cobrar cuatro veces más (sin contar los intereses) que el monto que pactó abonar por la deuda del 2001.

Dificultades
El tiempo dirá si la estrategia del Gobierno fue correcta y logró minimizar el daño político. Pero a juzgar por lo ocurrido en las últimas horas, todo indica que los habrá buenos resultados. Por lo pronto, parece difícil que el Gobierno logre articular a la oposición para que juegue políticamente a su favor.

El Auditor General de la Nación, Oscar Lamberto, fue el primero en cortar en seco la voluntad del Poder Ejecutivo al afirmar pocas horas después de la propuesta de Peña que su organismo no va a intervenir en el acuerdo porque no son los "adecuados" para esa tarea. 

El Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones”, se desentendió Lamberto. Y explicó que la AGN ya tiene un plan de auditorías establecidas para el 2017 que "no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento".

Para no dejar lugar a dudas –y dejar expuesto a Peña- resaltó que "hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos".

Atentos al movimiento del Gobierno, que acusó el golpe que le provocó la difusión del controvertido acuerdo, dirigentes de la oposición continuaron criticando al Gobierno.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados y titular del PJ, José Luis Gioja, cuestionó a Peña porque, afirmó, "debería saber que la Auditoría depende del Congreso Nacional”.

"Es un bochorno que no saben cómo explicarlo, nos quieren hacer creer que no hay conflicto de intereses cuando Correo Argentino era del padre del Presidente y hoy pertenece a sus hijos y hermanos, que no nos tomen por tontos a los argentinos", sostuvo.

Por su parte, el Bloque Justicialista (BJ), encabezado por Pablo Kosiner, brindó una conferencia de prensa en la tarde del martes y puso en duda que el presidente Mauricio Macri no estuviera al tanto de las negociaciones que culminaron en el acuerdo

Otro dirigente del PJ que decidió sumarse a las críticas, y grafica el escenario adverso que se le perfila al Gobierno en el Congreso, fue el diputado nacional por el Bloque Justicialista (BJ) Diego Bossio, quien acompañó más de una medida oficial desde su banca.

Para el ex titular de la Anses, el convenio del Estado con el Correo es "un escándalo donde se autoperdonan miles de millones en medio de una profunda crisis social". 

Bossio calificó a la decisión gubernamental de "un serio retroceso institucional y ético, donde surge un potencial abuso del Estado en provecho de los gobernantes, sus familiares y amigos".

Con Franco Macri como principal beneficiado y todo el arco opositor en contra –hasta Julio Cobos y Margarita Stolbizer atacaron el acuerdo- parece muy difícil que prospere el ya desgastado argumento de la “pesada herencia” que agita el Gobierno.

Incluso como figura en el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, en 2003 los abogados del Estado rechazaron un acuerdo previo propuesto por el Grupo Macri por insuficiente. Entonces, el Estado ya había dicho que el Grupo Macri no buscaba pagar el ciento por ciento de la deuda, ya que había que contemplar el valor real por el paso del tiempo.

Según lo firmado, la empresa se comprometió a pagar la deuda que arrastra desde el 2001 ($296 millones cuando regía la convertibilidad) en 15 cuotas anuales desde 2018 en adelante y con un interés de 7% sólo sobre el capital de la deuda. Se trata de unos $600 millones apagar sobre todo en los últimos dos años del plan: 2032 y 2033.

Para la fiscal Boquín, ese convenio implica una quita de más del 98% de la deuda, es decir, que se está licuando el pasivo de la familia presidencial

La procuradora sostuvo que la deuda actualizada supera los $4.000 millones y que por eso la quita era abusiva.

A criterio del área financiera de la Procuración General de la Nación (DAFI) para 2033 se provocaría un perjuicio al Estado de $70.163 millones.

La fiscal parece firme en su postura y ya advirtió que de no lograr una respuesta satisfactoria acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, el devenir judicial del caso escapa a la voluntad de la Casa Rosada

En este contexto, se sumó el martes la declaración del ex juez nacional Comercial que decretó la quiebra del Correo Argentino en 2003, Eduardo Favier Dubois, para quien "no tiene sentido que el Estado acepte cobrar el 1% (de la deuda) y esté con la contingencia de un juicio millonario en su contra. Firmar para recuperar el 1% de la deuda y después tener una demanda atrás, no resiste", dijo y dejó entrever un argumento que será difícil de refutar en tribunales.

“La Ley de Quiebras dice que se suspende los intereses de las deudas, pero no que se eliminan", contó. Ante esto, sugirió que "la Cámara debería llamar a una nueva audiencia" para revisar lo acordado.

Dubois contó que la negociación de 13 años se empantanó porque la empresa de la familia Macri presentó propuestas que perjudicaban al interés público. "La única forma de avanzar era aceptar una propuesta que consideraban ruinosa. En 2003 el Correo le hizo a una propuesta al Estado y el Estado no la aceptó", recordó, en sintonía con una de las razones que derriban la tesis de la pesada herencia.

Denuncia en la justicia
Por la tarde, horas después de que Peña brindara la conferencia de prensa para evitar daños mayores, el fiscal federal Juan Pedro Zoni formuló un requerimiento de instrucción e imputó al presidente Macri, al ministro de Comunicaciones Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, para investigar sus responsabilidades en el “affaire” del Correo.

El representante del Ministerio Público Fiscal reseñó que el expediente se inició con la denuncia del abogado Daniel Jaime Igolnikov, a la que se acumuló la de los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti. “Todos ellos ratificaron su presentación”, informó el MPF.

Hay otras tres denuncias en torno al caso que complican al Presidente: una de un abogado y otra del kirchnerismo que recayeron en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y una tercera que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Lejos de encontrar paz tras la conferencia, el espiral judicial sigue creciendo e incomoda al Presidente.

 

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