La causa por la megaevasión impositiva de Cristóbal López a la AFIP por su deuda de $8.000 millones por el Impuesto la Transferencia de los combustibles al organismo recaudador había recaído originalmente en el juez federal Julián Ercolini.

Pero luego de varios meses de haber recibido el caso el magistrado se declaró incompetente y determinó que la investigación debía seguir en el fuero Penal Económico.

La decisión del juez pasó a la Cámara Federal porteña, que debía resolver si accedía o rechazaba la medida del magistrado.

Finalmente el tribunal hizo lugar a la decisión de Ercolini y ordenó que la causa siguiera su trámite en el fuero Penal Económico, medida que podría beneficiar al "zar del juego K".

Por qué el fallo de Cámara beneficiaría al Grupo Indalo

En el Grupo Indalo -conglomerado de empresas de López- esperaban esta medida, que implicaría que busquen acogerse a la moratoria impositiva y determinar un "plan de pagos" para cancelar la deuda con la AFIP, de acuerdo a Clarín. En paralelo López intentará avanzar con la venta de Oil Combustibles, la compañía investigada en la causa.

López y su socio Fabián de Sousa -ambos investigados en la causa- pedirán en la Justicia la autorización para vender el paquete accionario mayoritario de la firma investigada y con la que no se pagaron los multimillonarios fondos. La operación estaría muy avanzada y le generaría a Indalo un anticipo de más de $2.200 millones. 

Todas estas maniobras le permitirían a los investigados cerrar el frente penal en su contra.

De todas maneras el escenario judicial no sería tan simple ya que al tratarse de una causa penal tributaria "sólo puede extinguir la acción penal si se paga la deuda al fisco".

En caso de que esto no ocurra "las penas de la ley penal tributarias son mucho más graves que las de la defraudación", indicaron fuentes de la causa.

El caso

Tanto López como De Sousa están bajo la lupa de la Justicia por la presunta retención indebida de lo recaudado por Oil Combustibles por el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos.

La deuda llegó a $8.000 millones, se generó durante los gobiernos de Cristina Kirchner y la principal sospecha recayó sobre los popes del Grupo Indalo, que financiaron la expansión de su conglomerado de compañías con los fondos que le correspondían a la AFIP.

Ercolini ya indagó a todos los imputados en esta causa excepto al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. A fin de año se declaró incompetente y derivó la investigación al fuero penal económico, con el argumento de que se trata de "un caso de evasión impositiva".

En este sentido, la Cámara Federal Porteña ratificó la decisión de Ercolini de que la causa por la megaevasión de Oil debía ir al fuero Penal Económico.

Ahora tanto el fiscal federal de la causa Gerardo Pollicita como la AFIP deberán analizar los pasos a seguir, ya que podrían apelar ante la Cámara de Casación Penal, aunque las probabilidades de retener la causa en el fuero federal resultan escasas, de acuerdo a La Nación.

Para el fiscal esto significa un fuerte revés, ya que le había pedido a Ercolini que dictara el procesamiento de López, De Sousa, Echegaray y otros 16 funcionarios del organismo recaudador más un embargo preventivo por casi $9.000 millones.

En esta causa el empresario ya había manifestado su decisión de "acogerse a los beneficios de la moratoria fiscal regulada por la ley 27.260 y demás normas complementarias", es decir, de regularizar deudas. Con la medida de la Cámara, quedó más cerca de lograr esto en la causa por megaevasión millonaria.