En una votación al borde del fracaso, Cambiemos consiguió aprobar, con 88 votos a favor y 44 en contra, el proyecto de ley que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que finalmente no contó con respaldo de la oposición “dialoguista”, encabezada por el Frente Renovador y el bloque Justicialista.

Es que en el medio de la sesión se dio a conocer una sorpresiva resolución de la ANSES que modificó el cálculo de actualización de la movilidad jubilatoria. La oposición estalló en el recinto y pidió la interpelación y la renuncia del director del órgano, Emilio Basavilbaso. Esto puso en peligro la votación del proyecto.

Quien advirtió sobre la noticia en el recinto fue la jefa del bloque massista, Graciela Camaño. “No vamos a tolerar que este tema sea modificado por decreto”, sentenció. De inmediato se le sumaron Diego Bossio y Héctor Daer, quien también había garantizado su apoyo al proyecto de ART. 

El enojo fue en ascenso y se transmitió de bancada en bancada. Como resultado, el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Bossio y Oscar Romero anunciaron que se abstendrían de votar la ley de ART. Tras la votación, y a última hora del miércoles, el Gobierno dio marcha atrás con la resoluciòn. Uno de los motivos que llevaron a ello fue que perdería sus principales aliados en el Congreso.

Con lo justo, Cambiemos logró sancionar la ley con todos sus votos propios, más los del Frente Cívico por Santiago y aliados como el exintendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, el salteño Alfredo Olmedo y el exgobernador puntano Claudio Poggi. Elisa Carrió se mostró disconforme y no votó.

De esta manera, el oficialismo puso punto final a un derrotero que inició con el tratamiento del proyecto en el Senado y siguió con un cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ante la evasión del trámite parlamentario, la oposición alzó la voz y obligó al presidente a dar marcha atrás con una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La sesión inició con más de 30 cuestiones de privilegio de la oposición por distintos temas; el más urticante fue, tal como se esperaba, el acuerdo por la condonación millonaria de la deuda al Correo Argentino, propiedad del empresario Franco Macri, padre del presidente.

El debate

La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Senado, aunque con modificaciones forzadas por la CGT, que finalmente había dado su aval. Pero el debate estuvo plagado de cuestionamientos, sobre todo del Frente para la Victoria-PJ, la izquierda y el progresismo.

El centro de las críticas y las sospechas de inconstitucionalidad recayeron en el artículo primero, que dispone que el trabajador deberá recurrir de manera obligatoria a las comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención” en caso de un accidente laboral.

La oposición también cuestionó que las modificaciones no se centren en la prevención de accidentes, aunque dentro de los tres meses de vigencia de la reforma, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente un anteproyecto de ley de prevención laboral.

“Es el camino adecuado para frenar la catarata de juicios que se están llevando puestos a los trabajadores y a las pymes”, destacó el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti, al abrir el debate.

Desde el Pro, Daniel Lipovetzky explicó: “Mantenemos la doble vía, pero tratamos de que el trabajador que quiera cobrar su indemnización de forma expedita y evitar un juicio, pueda tomar el camino de las comisiones médicas, y ese camino lo hemos mejorado con este proyecto, a partir de la posibilidad de que el trabajador concurra con su abogado”.

El abogado laboralista Héctor Recalde defendió la propuesta alternativa del Frente para la Victoria-PJ, que otorga carácter optativo –no obligatorio- a la instancia previa administrativa de las comisiones médicas. 

Los dardos también llegaron de parte de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien pronosticó que la norma no sólo será declarada inconstitucional, sino que tendrá un “efecto contrario” al buscado por el Gobierno.

“Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo que tiene que terminar haciendo un trabajador, frente al cercenamiento de sus derechos, es otra vez ir a golpear las puertas de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad, y entonces tendremos juicios más largos y más caros”, razonó la diputada.

Dentro del massismo, Facundo Moyano y José Ignacio De Mendiguren coincidieron en la necesidad de prevenir los accidentes laborales, pero se pronunciaron de manera contraria: mientras que el sindicalista de los peajes mantuvo su postura en contra, el extitular de la UIA se pronunció a favor.

Al cierre del debate, el integrante del triunvirato de la CGT Héctor Daer recordó que la central obrera consiguió importantes cambios al proyecto original en el Senado: se estableció un plazo para trabajar en una ley preventiva de riesgos laborales, y se fijó que los honorarios de los abogados sean afrontados por las ART y no por el trabajador.

La ley

En el artículo primero, el proyecto dispone que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.

Se establece luego que “una vez agotada” esta instancia, “las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central”.

Así, “el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la Justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino”.

“El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes”, dice el texto.

Carlos Toselli, director de la Revista Temas de Derecho Laboral de la editorial Erreius, indicó que la nueva norma “viene a modificar significativamente el aspecto jurídico normativo que estaba vigente hasta la fecha”.

“Esa modificación no se vislumbra como positiva, sino por el contrario, pareciera que es el eterno retorno a situaciones problemáticas y conflictivas, algunas de las cuales ya han sido consideradas inconstitucionales por la Justicia”, indicó el especialista, quien remarcó que varias de esas cuestiones fueron replicadas por el proyecto recientemente aprobado.

Asimismo, Toselli destacó que una de las pretensiones de la reforma “es sustraer del ámbito de los tribunales con asiento en la Capital Federal el juzgamiento de aquellas causas donde el trabajador optaba por demandar ante la jurisdicción competente en función del domicilio del demandado”.

“La decisión de otorgarle carácter suspensivo a la vía recursiva tanto de la ART como del trabajador conforma un chantaje hacia este porque debe aceptar el porcentaje asignado por la Comisión Médica local para cobrar algo en forma inmediata”, concluyó.