Existe una máxima del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. El acto propio obliga a sus consecuencias. Hay excepciones, claro está, como que aquella rúbrica se hubiera hecho con un revólver apuntando.

Este principio podría aplicarse a lo que dijo el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa. "Instruí a [Oscar] Aguad para que volvamos a fojas cero", sostuvo en relación al polémico acuerdo entre el viejo Correo Argentino y el Estado. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo con un instrumento que acaba de firmar.

Una parte, el Estado mediante un funcionario, prestó conformidad a un acuerdo propuesto por otra parte, el Correo.

Ambos le pidieron entonces a una cámara judicial que homologue el convenio. Pero ahora, según lo que dijo Macri, la cosa cambia y uno de ellos desconoce lo entregado al juez.

Podría pasar que el deudor (la empresa Correo, del grupo Macri) quiera hacer valer cada punto y cada coma de lo que ya firmó en un contrato que está a consideración de la Justicia. 

Llegado a este punto, es poco probable desconocerlo si no hay anuencia del Correo.

Además, es muy limitada la capacidad que tiene un juez comercial para establecer los términos de un acuerdo en un concurso de acreedores, indicó el diario La Nación. 

Se trata de un pacto entre partes en el que uno ofrece y el otro acepta. Si el juez considera que hubo fraude o abuso en la propuesta, podrá no homologarla o hacer alguna sugerencia, pero no establecer nuevos términos.

Sí podría darle un plazo extra al Correo, en este caso, para qué mejore la oferta. Eso es lo que hacen muchos jueces y cámaras comerciales cuando, según su visión, el acuerdo privado no es equitativo. La inflación y el paso del tiempo son dos condimentos que llevaron a que se camine por esta dirección en los últimos tiempos, agregó el matutino.

También podría darse el caso de que el Correo se presente y le diga al juez que retira la oferta para hacer una mejor. No podrá hacer una peor. Pero para todos los casos en que este caso requiera volver a fojas cero, se necesita la anuencia de la empresa.

La misma teoría de los actos propios se debería aplicar a los 12 años que transcurrieron de estancamiento en la causa.

Fue el Estado, representado por los funcionarios anteriores, los que realizaron actos procesales en su nombre. Las acciones u omisiones de entonces no pueden ser desconocidas ahora.

También se podría dar el caso de que la cámara, al considerar abusivo el convenio, decrete la quiebra de la sociedad, tal como lo prevé la ley.

En ese caso, habría que identificar bienes para venderlos y pagar deudas. Pero el asunto es que cuando se retiró la concesión, en 2003, se confiscaron los bienes de Correo Argentino.

Y esa confiscación, con sus reclamos cruzados, también se discute en la Justicia en otros juicios y otros fueros.