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El titular de AFI está sospechado de haber recibido u$s600.000 por su presunta gestión en la designación de empresas para realizar el soterramiento
17/02/2017 - 21:01hs

El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que solicite un informe a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, sobre la firma del acuerdo para el soterramiento del tren Sarmiento con la firma Odebrecht, en el marco de la causa en la que se investiga al titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Arribas está sospechado de haber recibido vía transferencias bancarias unos 600 mil dólares por su presunta gestión en la designación de empresas para realizar el soterramiento del Sarmiento.

El pedido del fiscal fue hecho luego de la declaración testimonial dada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien aportó cinco copias que "documentan transferencias" a una cuenta de Arribas en Suiza por parte de Leonardo Meirelles, un arrepentido del caso "lava jato" en Brasil donde se investigan hechos de corrupción.

"Debido a la cercanía de fechas entre las transferencias señaladas y el anuncio de Odebrecht relativo al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, es necesario que el instructor requiera al señor jefe de Gabinete de Ministros que en un plazo perentorio elabore un informe preciso, concreto y escueto", expresó Delgado.        

Añadió que el informe sea "ceñido exclusivamente a los hechos, sobre la fecha en que se firmó ese acuerdo, quienes participaron en representación de los contratantes y qué montos de dinero había en juego".

Asimismo, le pidió al juez que disponga que el Banco Central "designe en un plazo perentorio un experto en la materia para que traduzca esos formularios propios del sistema financiero al lenguaje común", en referencia a los comprobantes aportados por el periodista.

Además, Delgado pidió que se de intervención a Interpol para "colaborar" en la causa y que se insista en Cancillería para que "redoble esfuerzos para obtener colaboración de Brasil".

Es que Delgado había reclamado que se obtengan las declaraciones que Meirelles y otro implicado en el Lava Jato hicieron ante la Justicia de Brasil, y en donde consta la información que compromete a Arribas.

Cooperación entre procuradores En este contexto, fiscales generales y procuradores generales de once países que llevan a cabo investigaciones relacionadas con los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht firmaron el jueves la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción. 

“El documento es el resultado de la reunión celebrada en el Memorial del Ministerio Público Federal en Brasilia que contó con titulares y magistrados de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela”, informó el portal fiscales.gob.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó la delegación del MPF, integrada además por el fiscal nacional de investigaciones administrativas y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodriguez, y el director de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.

En la Declaración de Brasilia, los titulares de los ministerios públicos asumen el compromiso de "brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en caso Lava Jato, en general". 

La reunión fue convocada por el procurador general de la República Federativa del Brasil, Rodrigo Janot Montero de Barros, luego de numerosos pedidos de colaboración recibidos por parte de otros ministerios públicos de la región, entre ellos el argentino, en el marco de la investigación iniciada en 2014 por el ministerio público brasileño.

En diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil llegó a un acuerdo con  Odebrecht S.A., en el marco de un convenio más amplio del que tomaron parte la Procuración General Suiza y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La compañía se comprometió a entregar información y documentación sobre hechos de corrupción. Según quedó acreditado, Odebrecht S.A. pagó sobornos por los menos en 15 países, incluyendo la Argentina.