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Fue luego de conseguir el una quita de su deuda con el Estado, que ahora vuelve a "foja cero". Argumentó que realizó inversiones en la empresa postal
19/02/2017 - 17:57hs

La fiscal Gabriela Boquin no sólo le dio estado público al acuerdo que contemplaba una quita millonaria a la deuda del Correo –que calificó como “abusivo”–, sino que además descubrió que la empresa de la familia Macri preparaba una demanda paralela por $2.370 millones contra el Estado.

Según un expediente judicial iniciado por la empresa el 13 de junio pasado, la firma pretendía que una vez homologado el acuerdo, con el que podía ahorrarse hasta $70 millones, iniciar una demanda para que el Estado le devolviera esos $2.370 millones más intereses.

A este total se llega por dos ítems: el reclamo de $1.794.929.993 por las inversiones en las instalaciones de la empresa que luego pasó al Estado y $570 millones por “daños contractuales” por “canon pagado en exceso”, “mejores en las instalaciones del correo”, “bienes no inventariados”, y “servicios impagos”, entre otros.

La empresa justifica que, al expropiar el Correo, el Estado “experimentó un enriquecimiento de su patrimonio”, a la vez que provocó “el empobrecimiento” de Correo Argentino SA.

No obstante, según indica Perfil, la empresa de la familia presidencial hizo tres cálculos posibles de su reclamo, dependiendo de tres escenarios distintos de su relación con el Gobierno.

El piso son casi $1.300 millones ($1.279.663.892), más intereses del 11 % anual desde 2009 hasta la fecha de pago.

El monto “medio” son casi $1.500 millones ($1.498.724.617), también más intereses, porque aquí la empresa especulaba con un escenario donde el Estado le reconocería menos de lo que reclama.

El techo son $4.000 millones, en caso de que el Gobierno o la Justicia anularan cualquier obligación con la empresa.

El reclamo estuvo parado desde 2010, cuando estas propuestas fueron descartadas por el ministro de Planificación, Julio de Vido. La empresa reavivó el tema cuando Mauricio Macri asumió como Presidente en 2015.

El 28 de junio, finalmente, la empresa y los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, liderado por Oscar Aguad, llegaron a un acuerdo. La fiscal Boquin se enteró de esto en octubre y elaboró su primer dictamen.