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El ministro de Comunicaciones respondió preguntas sobre la condonación de una millonaria deuda que el padre del Presidente tiene con el Estado desde 2001
21/02/2017 - 13:28hs

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, brindó este martes explicaciones al Congreso sobre el pacto suscripto entre el Estado nacional y el Correo Argentino por una millonaria deuda que la empresa tenía cuando era propiedad del padre del presidente Mauricio Macri.

Ante la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó: "Hicimos lo que pudimos, obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado".

"Estamos tratando de ser lo más transparente que podamos" añadió y consideró que "no hay conflicto de intereses". 

En sintonía con la que expuso el Gobierno antes de dar marcha atrás con el acuerdo, Aguad enfatizó que al haber una quiebra "las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento".

Así, defendió que el Gobierno haya aceptado que una deuda de $296 millones (durante la convertibilidad) se pague $600 millones en 2033.

Según la fiscal Gabriela Boquin, que consideró “abusivo” el convenio firmado entre el Estado y el Correo -propiedad del Grupo Macri-, el argumento del Poder Ejecutivo es falso y se condonó una deuda que actualizada ascendería a $4.000 millones.

No obstante, el dictamen de la procuradora, el titular de la cartera de Comunicaciones insistió con la tesis que lo llevó a rubricar el polémico pacto.

"Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir la omisión. La otra opción era pedirle la quiebra a la empresa, pero la empresa no tiene bienes, fue desapoderada en 2003 de los bienes" por el Estado, añadió, y continuó con la estrategia oficial de culpar al kirchnerismo.

Ante la crisis política que se desató, el ministro sostuvo que “el Presidente entiende que tenemos que generar un protocolo para los cosas donde hay dudas".

“El acuerdo ya se anuló”, aseguró luego. 

Y en referencia a los juicios iniciados por el Correo contra el Estado, dijo: “Estoy tratando que no puedan cobrar un peso de esos juicios". Después, sobreactuó: "No le vamos a perdonar un peso" al grupo Socma de la deuda que tiene con el Estado.

Pero también indicó que "es muy probable" que Mauricio Macri se haya informado sobre el desarrollo de la causa.

"Jamás dije que el Presidente no conocía (el acuerdo con el Correo), dije que nunca hablé con el Presidente de este tema", precisó el funcionario.

"Yo era el responsable del tema del juicio. El Presidente no se puede interesar por un juicio donde está involucrada su familia", agregó.

Cruces

Las respuestas fueron instantáneas y unánimes desde la oposición.

"Le admiro la desvergüenza con la que viene a defender este delito", le espetó el diputado por el FPV, Martín Doñate.

"Decir que el acuerdo vuelve a "foja cero" no solo es admitir el delito, sino que ratifica que el Presidente sabía (lo que estaba sucediendo) y que el Presidente es el dueño del Correo", dijo. 

Acto seguido, Doñate, cruzó al ministro: "Lo utilizan a usted y a (el director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos) Mocoroa para robarle $70.000 millones a los argentinos". Esa cifra es la deuda que se le condonaría al grupo Macri si se aplicasen sobre la deuda los intereses desde el 2001 al 2033, cuando culmina el plan de cuotas que se le otorgó al Correo. 

"Estamos ante una verdadera estafa", señaló el diputado y manifestó no estar sorprendido porque “venimos alertando que los dueños de grandes empresas se sientan en los sillones del Estado para decidir sobre sus propios intereses".

En este contexto, el legislador kirchnerista mostró un listado de 54 funcionarios “que cumplen roles que son incompatibles".

Doñate calificó el acuerdo como "una perversidad nunca vista en un gobierno" y "un escándalo internacional" al tiempo que consideró que el ministro debería estar "en el recinto de la Cámara, dando respuestas a través de una interpelación".

Desde el Frente Renovador, uno de los diputados que tomó la voz fue Felipe Solá, quien cuestionó la forma en que se manejó el Gobierno. 

"No estamos discutiendo esa cifra (en referencia a los $70 mil millones) sino las formas de moverse y operar cuando se tiene que negociar con una empresa de la familia Macri", afirmó. 

"No creo en el cuento (del Gobierno sobre el asunto). Yo lo conozco al ministro Aguad y usted tampoco creería en el cuento", cruzó al ministro y dirigente radical.

El diputado massista se preguntó si "cuando se firma un convenio de gravedad importantísima para el Estado, ¿no se sabe que la familia presidencial es parte, no lo sabe el Presidente que se llama Macri ni el jefe de Gabinete (Marcos Peña)? A todos tenemos que acusar de que no están informados".

Por su parte, desde el Bloque Justicialista, el diputado Pablo Kosiner alertó que "es imposible negar un conflicto de intereses" y consideró que "no han sido lo suficientemente sólidas" las "explicaciones" del ministro de Comunicaciones para “desvirtuar la idea de que los funcionarios incumplieron con sus deberes".

“El usufructo es del padre del Presidente y las acciones son de los hijos. Si eso no es conflicto de intereses, ¿entonces qué es?", se interrogó.

“Esto no es una confrontación política, esto es un pedido de informe, está en juego el patrimonio de todos los argentinos", concluyó.

Aguad había ingresado al Congreso a las 14.35. La explicación del ministro comenzó cerca de las 15.15. Tras su mensaje al plenario de Diputados, los legisladores comenzaron con sus preguntas y comentarios.

Contexto

La exposición del ministro ocurrió luego de que el lunes Gendarmería ingresara al Ministerio en busca de información. El jueves pasado, el presidente Mauricio Macri había anunciado el retorno a "foja cero" del controversial acuerdo que beneficiaba a la empresa de su padre Franco Macri. 

"No hay ningún hecho consumado, nadie cobró, nadie pagó ni condonó nada", aseguró Macri la semana pasada para intentar amortiguar el impacto que causó la noticia en la opinión pública.

En pos de contener la crisis que desató el acuerdo, el martes pasado, Aguad participó de una reunión del interbloque Cambiemos en la que se trazó una estrategia para amortiguar el impacto del caso, que fue judicializado

Por caso, tanto Macri y Aguad fueron imputados en una causa penal iniciada por la denuncia de los dirigentes kirchneristas, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.

Ante este escenario, el lunes pasado la Casa Rosada presentó un escrito ante la Cámara en lo Comercial en el que pidió dejar sin efecto el acuerdo a que había arribado con la empresa Correo Argentino por los cánones que el Grupo SOCMA tiene impagos desde 2001.

El tribunal resolvió ante ello, convocar a una nueva audiencia de las partes para el próximo 16 de marzo a las 11, para volver a evaluar los términos de los reclamos y un eventual nuevo acuerdo entre acreedores y la empresa.

Por su parte, el juez federal Ariel Lijo dispuso este mismo lunes la búsqueda de información en el Ministerio de Comunicaciones.

En este mismo plan de “acelerar” la investigación, el magistrado ordenó que una comisión de la Gendarmería Nacional se presente en el Ministerio para exigir documentación, con un plazo de entrega de 24 horas.

Le pidió a la cartera, dirigida por Oscar Aguad, que presente información sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra; detalles sobre el marco normativo respectivo; y los antecedentes de Mocoroa.

Con respecto a la Cámara en lo Comercial, Lijo solicitó que entregue copias certificadas sobre las ofertas y contraofertas de las negociaciones; y las opiniones que dieron la Fiscalía, la Sindicatura General de la Nación, y los síndicos controlantes y verificantes.

Pero también la Auditoría General de la Nación y la Procuración del Tesoro tendrán que darle explicaciones al juez actuante. En este caso, deberán aportar las opiniones que hizo en torno al concurso preventivo del Correo Argentino.

Se trata de las primeras medidas de prueba ordenadas por el magistrado a instancias del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien imputó a Macri y Aguad la semana pasada para determinar si el acuerdo con el Correo implicaba un perjuicio al Estado.