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"Quieren crear una policía del pensamiento", acusó el camarista al que Triaca busca destituir

21-02-2017 El ministro de Trabajo pidió el juicio político de los jueces que avalaron la paritaria bancaria con una suba del 24%, 6 puntos más que el "techo" que el Gobierno busca imponer. "Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias", dijo. "No es republicano", insistió
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El juez Enrique Arias Gilbert criticó al Gobierno por querer destituirlo por el fallo en el que avaló el aumento salarial de los trabajadores bancarios y le ordenó a la Casa Rosada "no interferir".

"Yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a aplicar la Ley le guste a quien le guste, si no, desaparecería la división de poderes", dijo el camarista y acusó al macrismo de "crear una policía del pensamiento".

El Ministerio de Trabajo liderado por Jorge Triaca presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra él y Graciela Marino por el fallo en favor de la paritaria bancaria, y los acusó de "mal desempeño", "falta de idoneidad", "negligencia grave" e "incumplimiento de la Constitución Nacional".

"Hay una confusión tremenda, quien dice eso tiene un problema de comprensión de texto terrible", apuntó contra los funcionarios de la caretra laboral.

"Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias", se quejó Arias Gilbert en declaraciones en radio Diez.

"No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino", remarcó.

Y explicó la situación: "Había una denuncia de la Asociación Bancaria que decía que en un acuerdo donde se habían reunido las mayorías necesarias y que tenía principio de ejecución, había una actividad del Estado que consideraban irrazonable, con ilegalidad manifiesta, en la que lo que se estaba sacando era algo que no es un derecho que no es de la Justicia, ni del Estado, ni del Poder Ejecutivo. El tener paritarias es un derecho de las organizaciones de empleadores y de las de trabajadores, no es un derecho de la Justicia ni del ministro de Trabajo. La función de la Justicia tampoco es homologar. La función es evitar la arbitrariedad y evitar que se pueda producir un daño. De hecho, la decisión del ministerio fue tan arbitraria que cuando finalmente homologaron reconoce que no hay razón para oponerse". 

Según el juez, "si las patronales que firmaron el acuerdo están decidiendo no pagarlo al día siguiente de firmarlo -que fue la situación con la que me encuentro- se está preparando un conflicto salvaje, y eso fue lo que se trató de evitar".

"Lo que hice fue darle 10 días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no son propios", explicó.

Gibert y Marino dictaron a fin de enero una cautelar en la que consideraron válido el acuerdo que los gremios habían firmado con Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (bancos públicos), y ordenaba que todos los bancos, incluidos los extranjeros nucleados en ABA que lo rechazaban, debían pagar según los términos de lo acordado en noviembre del año pasado.

Además, los jueces habían ordenado al Ministerio de Trabajo que se abstuviera de intervenir en las negociaciones.

El Banco Central y ABA cuestionaron la decisión de la Justicia, por lo que la misma Cámara -ya con sus magistrados titulares y no con los de feria- ratificó a mediados de febrero que los términos de la cautelar de enero eran claros e insistió en que tanto el Gobierno como los bancos debían acatarla.

"Es la primera vez que me pasa esto desde que soy juez, en 1989", señaló Arias Gilbert. "Nunca ocurrió esto y puedo asegurar que redacté resoluciones que no le gustaron al gobierno de (Carlos) Menem, de (Fernando) De la Rúa, de (Eduardo) Duhalde, de Néstor y de Cristina Kirchner", concluyó enfadado.

 

 

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