Trabajadores judiciales realizaron este miércoles un paro parcial con movilización en rechazo al traspaso de tribunales de la órbita nacional a la Capital Federal, mientras desde la Ciudad de Buenos Aires dieron garantías de estabilidad laboral y salarial a los agentes que sean cambiados de jurisdicción.

El gremio que lidera Julio Piumato denunció a través de un documento un "intento del gobierno nacional de avanzar sobre la independencia de uno de los tres poderes del Estado y la colonización de los estrados judiciales".

La medida de fuerza significa el inicio de un "plan de lucha" convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Pero desde el ámbito de la Ciudad, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, afirmó que "los empleados y funcionarios judiciales nacionales que formen parte de la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad y sus derechos previsionales".

"Resulta engañoso hablar sobre los riesgos que conllevaría el traspaso para esos trabajadores", dijo Pagani, ante la oposición planteada a la iniciativa desde la UEJN y otras entidades judiciales tradicionales.

Mediante el documento, la UEJN advirtió que "la intención del Gobierno es la influencia en el manejo de la Justicia", al insistir en su rechazo contra el traspaso de parte de los tribunales a la órbita porteña.

"El plan económico apunta a reducir los costos laborales y a aumentar el desempleo como factor de disciplinamiento social. Para eso, hace falta una justicia dócil que dé la espalda al derecho protectorio del trabajo y se ponga al servicio de los sectores más concentrados del capital", alertó el texto.

La comisión interna del fuero laboral de la UEJN también manifestó su "rechazo al pedido de juicio político por parte del Ministerio de Trabajo hacia dos camaristas por haber fallado conforme a derecho pero en contra de los intereses del Poder Ejecutivo".

Se trata de los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes la cartera de Jorge Triaca les pidió el juicio político por haber avalado la paritaria bancaria.

"No sólo nuestros derechos adquiridos como judiciales están en riesgo sino los de todos los trabajadores del país", resumió la convocatoria al paro de hoy.

En tanto, Pagani desestimó las advertencias gremiales al sostener que "la obra social actual de los empleados de la Ciudad es la misma que la utilizada por los empleados de la Justicia Nacional, con lo cual es una falacia decir que existe una cobertura médica mejor para los empleados de una u otra jurisdicción".

"Se trata del valor de la Autonomía del Poder Judicial de la Ciudad que debe ser reivindicado, garantizando los derechos de los porteños como de los ciudadanos de todas las provincias", dijo.

Pagani descartó así "que haya un intento del gobierno nacional sobre el accionar de la justicia independiente como se esgrime desde sectores gremiales", dijeron fuentes del sector.

El 19 de enero, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron los convenios para la transferencia de parte de la Justicia nacional a la órbita porteña.