El Gobierno nacional oficializó hoy una "reducción temporal" por 20 años de las alícuotas de contribuciones patronales que pagan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y estableció un plan de "facilidades de pago" para las deudas contraídas por ese ítem. 

El artículo 1 de la Resolución General 4006-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicada en el Boletín Oficial, establece un cronograma de alícuotas reducidas de los fondos que abonan las jurisdicciones provinciales al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que será del 10,17 por ciento durante 120 meses, "contados a partir del período devengado mayo de 2016, inclusive". 

La decisión se da a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 29 marzo del año pasado en la causa "Santiago del Estero, Provincia de c/Afip s/impugnación de deuda" estableció que debía comenzar a pagar el 17 por ciento en concepto de aporte y no el 10,17 como venía ocurriendo desde 2001.

"Que las diferencias de contribuciones generadas como consecuencia de la circunstancia señalada, inciden desfavorablemente en la administración presupuestaria y tributaria de las jurisdicciones locales afectadas, resultando necesaria la implementación de medidas que permitan la percepción de aquéllas conforme lo estipula la normativa vigente", señala la norma entre sus considerandos. 

Según el cronograma, a partir de mayo de 2026 la alícuota se incrementará 0,583 por ciento anualmente, hasta alcanzar el nivel de confluencia con la tasa correspondiente. 

Del 10,17 por ciento que pagarán las provincias, el 8,67 por ciento irá al Sipa, mientras que el 1,50 estará destinado a la cancelación de la deuda. La historia de la disputa entre la Nación y las provincias por los aportes patronales data de 2001 e involucra a 11 distritos que transfirieron sus cajas de jubilaciones a la administración central en los '90, durante la privatización del sistema previsional. 

La ley de déficit cero aprobada ese año por el Congreso dispuso que la alícuota para los empleadores estatales era del 17 por ciento, pero la Corte consideró en ese momento que la norma estaba destinada al sector privado, al que el entonces gobierno de la Alianza quería reactivar con planes de competitividad. 

El conflicto se generó a partir de que esas provincias entendieron que la alícuota del 17 por ciento comprendía cuatro subsistemas, respecto de tres de los cuales no eran beneficiarias (Asignaciones Familiares, 4,4 por ciento; PAMI, 1,5 y el subsidio al desempleo, 0,89), por lo que plantearon que sólo debían contribuir para las jubilaciones con un 10,17 por ciento. 

Desde ese momento, la Nación reclama la diferencia con respecto al 17 por ciento, hecho que el fallo de la Corte del año pasado con respecto a la situación de Santiago del Estero terminó por resolver.