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El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, concurrió a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre distintas cuestiones y defendió al Presidente
23/03/2017 - 10:03hs

La resolución de temas donde pueda haber conflicto de interés de los funcionarios se perfila como la próxima gran batalla entre el Gobierno y la oposición. Esa fue la sensación que dejó la comparecencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de Diputados, donde mantuvo duros cruces con la bancada peronista.

Para frenar las críticas por supuestas maniobras para favorecer negocios propios y de allegados, el presidente Mauricio Macri firmó dos decretos que establecen un protocolo para los casos en los que un funcionario pueda tener vínculos personales con una empresa. Pero esto no fue suficiente para la oposición, que reclamaba poder debatir ese tema en el recinto.

Los legisladores opositores consideran que el Gobierno no tiene intenciones de avanzar con una nueva Ley de Ética Pública, mientras el macrismo defiende a capa y espada las nuevas normas, al remarcar que no invaden las facultades del Congreso.

Si bien desde el Frente Renovador reconocieron que el Poder Ejecutivo tiene facultades para emitir un decreto regulatorio sobre este tema, consideran que “es insuficiente porque un decreto no puede imponer penas y lo que hace falta es que se sancione a los funcionarios que violen las normas sobre ética.

En tanto, el kirchnerismo y el bloque Justicialista consideran que lo relativo a los conflictos de intereses debe pasar sí o sí por el Poder Legislativo.

La motivación política detrás de los decretos de Macri fue la pérdida de apoyo de la ciudadanía cuando se conoció la firma de un acuerdo con el Correo Argentino (que perteneció a su padre, Franco) en el que se dio un tratamiento benevolente respecto de su deuda con el Estado nacional. También una presunta participación de su familia en el negocio de las “low costs” a través de Avianca Argentina.

El jefe de Gabinete defendió ante los diputados el controvertido acuerdo con el Correo por una deuda pendiente con el Estado desde hace más de 15 años. Aseguró que no existió conflicto de intereses y que no aplican las sanciones previstas en la ley de Ética Pública porque “el Presidente de la Nación no intervino en el acuerdo”.

“Para determinar la existencia de un conflicto de interés, se requiere que los intereses personales, laborales, económicos o financieros de un funcionario se encuentren en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo, circunstancia esta que no ha tenido lugar”, sostiene Peña asegurando que no hubo contradicción de intereses para los casos del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el cuestionado director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Mocoroa.

Este es el tema que más preocupa al Gobierno. De hecho, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, debía presentarse el martes ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para explicar el accionar del organismo que conduce en el acuerdo entre el Estado y el Correo, pero no lo hizo por “problemas de agenda”.

Al presidente se lo acusa de tener intereses contrapuestos, ya que con sus decisiones fueron favorecidas firmas que pertenecen a su familia.

Macri aseguró que las causas judiciales en las que está implicado están basadas en denuncias en las que “no hay nada real”.

 “Más allá de que hagan denuncias todos los días, en ninguna hay nada real (…). Son cuestiones virtuales, no hay hechos concretos, no hay hechos consumados que acrediten lo que se denuncia“, insistió el mandatario.

Pero defenderse de acusaciones en la Justicia no es algo nuevo para el Presidente, ya que como jefe de Gobierno porteño acumuló más de 200 denuncias mientras ocupó el cargo entre diciembre de 2007 al mismo mes de 2015.

La última ocurrió la semana pasada, cuando fue denunciado por una ONG por la licitación fraudulenta del nuevo Tango 01. Es que se negó a utilizar la flota presidencial desde que asumió, por lo que ordenó la compra de aviones en una operación sospechada. En el sorteo, la causa le recayó en el Juzgado de Claudio Bonadio, que trabaja con la Fiscalía de Jorge Di Lello. Las denuncias contra el Presidente o su grupo cercano de funcionarios aumentan día a día.

Las denunciasHace unas semanas, el mencionado fiscal Di Lello firmó un requerimiento de investigación por la venta de Mac Air, la compañía aérea de la familia Macri, a Avianca y la posterior entrega de la totalidad de las rutas de cabotaje solicitadas.

Pero durante el anuncio del Plan Aerocomercial, que incluía el inicio de operaciones de la compañías ´low-cost´, se indicó que -por ahora- las nuevas rutas aéreas no serán otorgadas a la firma colombiana y que se esperará la resolución de las causas judiciales por supuesto "conflicto de intereses".

El acuerdo con Avianca será revisado por la Oficina Anticorrupción y se le aplicará el nuevo filtro de los decretos que -desde el jueves- regulan los casos de conflicto de intereses en materia de contrataciones o licitaciones.

El primer mandatario tiene otras causas que lo involucran directamente, en distintas instancias procesales:

- Panamá Papers: Macri es investigado por la supuesta omisión de sociedades offshore en paraísos fiscales. El fiscal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello buscan establecer si tanto su padre Franco como él fueron parte de operaciones de lavado de dinero.

- Deuda del Correo Argentino:  el fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió investigarlo por presuntas irregularidades en el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino, que implica una quita millonaria de la deuda al Grupo Macri. Para el fiscal, el hecho implica “un perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del Estado". El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas, que incluyeron un requerimiento de información al ministerio de Comunicaciones. El caso está siendo revisado por la Cámara Comercial y se firmaría un nuevo acuerdo, con una quita menor.

- Acuerdo con Qatar: la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue al mandatario nacional, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a otros funcionarios del gobierno por la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Argentina y Qatar que contempla la utilización de fondos de la ANSES. De acuerdo a lo informado por el Jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, todo quedó en una carta de intención y la negociación no avanzó.

- Ampliación del blanqueo: En diciembre pasado el fiscal Guillermo Marijuán lo imputó junto a parte de su gabinete (el jefe de Gabinete y el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay ) por haber firmado un decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos. 

La causa está en poder del juez Ariel Lijo. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Una jueza contencioso administrativo consideró que la medida fue legal, pero el camino penal continúa.

- Lebacs: La fiscal Paloma Ochoa imputó al presidente y otros funcionarios por la emisión de Lebacs pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Esta decisión fue apelada y ahora es el turno de la Cámara de analizar el caso.

Otros funcionarios acusados

Además del presidente, otros importantes integrantes del Gobierno se encuentran imputados  por la posible comisión de diversos delitos. Entre ellos se puede mencionar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, varios integrantes del Gabinete y funcionarios de primera línea. 

- Gabriela Michetti: a la vicepresidenta la investigan por el origen de los fondos que le robaron de su departamento el 22 de noviembre de 2015, consistente en $245.000 y u$s50.000 que se encontraban en efectivo ubicado en distintas bolsas dentro de su departamento.

- Federico Sturzenegger: el titular del Banco Central fue imputado por el fiscal Di Lello en abril pasado por el contrato que fijó el precio al que se cobrarían los contratos de dólar futuro.

- Mario Quintana: el vicejefe de Gabinete también resultó imputado por haber sido otro de los que se beneficiaron al ser uno de los actores que fijó el precio de dólar futuro con el que resultaría favorecido: se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales lo adquirieron por un monto de u$s11.480.000. También se investiga -por pedido del fiscal Di Lello- su participación en el otorgamiento de rutas "low cost".

- José María Torello: el jefe de asesores de Mauricio Macri también resultó imputado en la causa dólar futuro porque invirtió u$s800.000 en contratos de dólar futuro. 

- Luis Caputo: el secretario de Finanzas del Gobierno también compró contratos de dólar futuro.

- Emilio Basavilbaso: el titular del ANSES y el director de Relaciones Gremiales e Institucionales del organismo, Francisco Bosch, fueron imputados por la presunta extorsión a jefes de Unidades de Atención Integral (UDAI) -muchos de ellos militantes de La Cámpora- para que renuncien a sus cargos de planta permanente a cambio de cobrar tres meses sin trabajar. En caso que no aceptasen la propuesta era ser despedidos con causa justa.

El fiscal general de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Walter Rodríguez, abrió formalmente una investigación y le solicitó al juez federal Sebastián Ramos varias medidas de prueba para avanzar en el caso.

- Daniel Angelici: el presunto operador judicial del gobierno y amigo personal de Mauricio Macri afronta una causa judicial iniciada en su contra por otra aliada de la administración nacional: Elisa Lilita Carrió. La diputada nacional denunció al presidente de Boca Juniors por tráfico de influencias en Comodoro PY, y tras ello, el fiscal Jorge Di Lello dicidió imputarlo y solicitó las primeras medidas de prueba.

- Hernán Lombardi: la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo para el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el marco de una investigación de desvío de fondos públicos pertenecientes al gobierno de la Ciudad mediante la Fundación Pensar, por lo que Lombardi volvió a la condición de imputado en la causa por presunta defraudación a la administración pública.

- Gustavo Arribas: el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) quedó imputado en una investigación para comprobar si cobró coimas de la empresa Odebretch en el marco de la mega causa por corrupción que estalló en Brasil conocida como Lava Jato. El fiscal federal Federico Delgado pidió indagar sobre los supuestos pagos que recibió el funcionario en base a una denuncia de la diputada Carrió.

- Juan José Aranguren: el ministro de Energía está acusado de haber favorecido a la empresa Shell, de la que fue CEO, y por una compra de gas a Chile sin licitación pública. También sus principales colaboradores fueron alcanzados por una denuncia de la diputada Carrió, que los acusó de "negociaciones incompatibles con la función pública".