Impuestos
La AFIP dijo basta: el Gobierno decidió que no habrá prórroga y el blanqueo de capitales vence a fin de mes
20-03-2017 La determinación la tomó el gabinete económico este lunes, en la Casa de Gobierno. Se evaluó el impacto negativo de un DNU, que podría ser catalogado de "inconstitucional". También se barajó la negociación política en el Congreso para allanar la extensión del plazo, pero se desechó
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El Gobierno dio por tierra con su decisión de prorrogar el blanqueo de capitales, tal como había avalado hasta el propio presidente Mauricio Macri, por lo que la medida vencerá a fin de mes.

"Si bien el último día para sincerar un bien es el 31 de marzo, en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un Martillero Público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble", dice el comunicado oficial de la AFIP fechado este lunes.

La determinación la tomó el gabinete económico durante el mediodía del lunes en una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno y en la que estuvieron presentes el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

Entre las principales razones del “volantazo” político-económico se encuentra el temor al rechazo que podría generar prorrogar el blanqueo por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), tal como se había anunciado.

Ocurre que al ser un tema tributario, el DNU podía ser rechazado en el Congreso por inconstitucional.

Según el artículo 99, inciso tercero, al Poder Ejecutivo nacional se le prohíbe firmar Decretos de Necesidad y Urgencia en cuatro materias: régimen electoral, partidos políticos, materia penal e impositiva. Y el blanqueo, justamente, es una cuestión penal e impositiva.

Con el DNU empantanado, se evaluó la vía de la negociación parlamentaria. Pero también se desechó. En el análisis sopesó el alto costo político que podía tener una negociación en el Congreso para allanarle el camino a la prórroga. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral.

Así las cosas, el Gobierno dio marcha atrás con su iniciativa y ahora aspira a llegar a los u$s120.000 millones a fines de marzo.

En la actualidad el monto logrado ronda los u$s110.000 millones.

Los rumores en torno al DNU
La decisión de emitir un decreto radicaba en que los tiempos no daban para un proyecto de ley que debía ser debatido en el Congreso en forma rápida, para modificar las fechas del sinceramiento fiscal.

Incluso, según una fuerte versión, existía un borrador que extendía el blanqueo hasta el 30 de abril y también la moratoria. Así, se admitía la incorporación de deudas devengadas hasta el 31 de diciembre pasado lo que ampliaba el número de contribuyentes que iban a poder regularizar deudas impositivas mediante el pago en cuotas.

Desde importantes estudios impositivos con llegada a los despachos de la AFIP y el Ministerio de Hacienda ya advertían de la dificultad de afrontar el tema en el Congreso.

Pero la estrategia, arriesgada, era que el Ejecutivo publicaba el DNU y hasta que el Congreso ratificara - o rechazara- el decreto, iban a ir pasando los días y, en el mientras tanto, iban a ingresar contribuyentes al blanqueo.

"Vamos al peor escenario: el Congreso rechaza el DNU. Teniendo en cuenta que rige el secreto fiscal, ¿cómo individualizás a los que entraron después del 31 de marzo para excluirlos del régimen?", especulaba una fuente.

Pero ante las versiones de que la extensión del plazo se iba a realizar mediante un DNU, Agustina O'Donnell, socia del estudio Torassa & O'Donnell, advirtió sobre el obstáculo que finalmente pesó en la decisión que tomó la Casa Rosada.

La especialista advirtió que no se dan los supuestos para que la medida se prorrogue por un DNU: “Se trata indudablemente de materia tributaria, vedada expresamente para esta clase de normas por el artículo 99, inciso tercero de la Constitución".

"Ni parecieran existir las circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes que exige dicha norma", agregó la experta.

Eso fue lo que evaluó la mesa chica del Gobierno. Analizó los costos de la estrategia y este lunes decidió abortar la “operación prórroga”. Al menos, por ahora.

 

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