El gobierno de Mauricio Macri avanzará con el decreto impulsado en 2012 por la expresidente Cristina Kirchner que plantea la expropiación del predio La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La medida había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que la Corte Suprema avaló, aunque el Gobierno contestó la demanda para proseguir con los pasos procesales hasta que se defina la cuestión de fondo.

La base del reclamo es que La Rural se adquirió a “precio vil”: se pagaron u$s30 millones contra los u$s131,8 millones calculados por los peritos judiciales.

Por otro lado, también se discute el plazo de los pagos y una renegociación que se realizó en 2001 que terminó con tres cuotas impagas por u$s6 millones.

Si bien desde la Sociedad Rural señalaron que la operación se realizó según la ley y que mantendrán su postura en la Justicia, desde el Gobierno reconocen a que el decreto de Cristina Kirchner “es correcto”.

En este sentido, la Procuración coincidió con el decreto de 2012 sobre la "invalidez" del decreto de Menem (el 2699), que considera que el precio de venta del predio "fue vil".

También apunta contra el sistema de contratación directa para realizar el traspaso, sin justificar "circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general".

"Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular", afirma el documento de la Procuración.

Entre los "vicios" detectados por el organismo se destaca que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino que fue tasado por los bancos Hipotecario y Ciudad, y de un consorcio de inmobiliarias.

"El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre", señalaron fuentes del Gobierno a La Nación.

"La causa es tan absurda que nunca fue a juicio oral. El predio fue legítimamente comprado, tal como lo establecía el marco legal vigente", retrucan desde La Rural.