Una firma del empresario kirchnerista Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo, está a punto de quedarse con un contrato millonario para producir contenidos audiovisuales y transmitir toda la actividad presidencial por los próximos 12 meses.

La administración de Mauricio Macri lanzó hace semanas una licitación para contratar un servicio integral de seguimiento de la actividad de la Presidencia y los Ministerios.

La empresa ganadora deberá proveer el equipamiento, la infraestructura y el personal que "permitan la permanente generación, transmisión, compaginación, producción, coordinación y distribución de todas las señales audiovisuales que sean solicitadas por la Secretaría de Comunicación Pública". 

El presupuesto original establecido por el Gobierno para un período de un año superaba los $64 millones, pero se presentaron a la compulsa dos compañías que ofrecieron un precio menor: BVS TV, que cotizó el servicio en $63 millones, y Prensa Satelital, que pide $58 millones.

Esta última está bajo el control del Grupo Indalo, que pertenece al empresario patagónico y a Fabián De Sousa, su socio minoritario y el principal gestor de los negocios no vinculados con el juego.

La Corte, que produjo y transmitió partidos del programa Fútbol Para Todos, fue creada en 1987 por los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo. En marzo del año pasado le vendieron el 51% de ese paquete a López.

Pese a mantener la mayoría, fuentes cercanas a Cristóbal López sostienen que no participa de la gestión cotidiana de la empresa.

Además del precio menor, los argumentos técnicos para quedarse con la licitación se basan en que viene prestando el servicio desde el año 2003 para los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Fuentes oficiales explicaron que la licitación contempla toda la actividad de Macri, sumada a la de la Jefatura de Gabinete y eventualmente los ministerios.

Eso incluye la transmisión de la reunión del World Economic Forum que se hará el mes próximo en Buenos Aires, los viajes fuera del país, la transmisión de la reunión del G20, la Asamblea General de la ONU y las visitas de Estado que haga el Presidente.

También incluye las notas realizadas en vivo con los canales del interior del país -el año pasado se hicieron más de 400- de Macri y otros funcionarios y la televisación de las audiencias públicas previas a los aumentos en las tarifas de luz y gas que se aplicarán este año.

Pese a la cifra abultada, el contrato en juego implica un recorte en términos reales, según los documentos oficiales relevados por La Nación. Por ejemplo, recibió $52,2 millones por la transmisión de las actividades de Cristina Kirchner en 2014.