El Gobierno reglamentó parcialmente la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso el año pasado, en el marco del ejercicio de “derechos, la libertad de expresión y el principio republicano de los actos” de la gestión gubernamental.

Así se estableció en el decreto 206/17 publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En los considerandos de la norma se recalcó que “el acceso a la información pública es fundamental para el ejercicio de otros derechos y se deriva de la libertad de expresión” y que “a su vez, este derecho se vincula estrechamente con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno”.

Además, se recordó que la “sanción la Ley 27.275 implicó saldar una deuda con la sociedad que venía reclamando una ley de acceso a la información pública por más de 10 años”.

En el decreto, el presidente Mauricio Macri dispuso que la Agencia de Acceso a la Información Pública “actuará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete”. Por su parte, el jefe de Gabinete “dictará las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida, en el marco de su competencia”.

El Ejecutivo aclaró que el decreto entrará en vigencia el 29 de septiembre de este año. La ley fue reglamentada parcialmente porque todavía faltan regular más de 20 artículos. En este sentido, se precisó que “la reglamentación que aprueba el presente Decreto es producto de múltiples y enriquecedores debates, así como de una consulta pública en la que se puso a consideración de la sociedad civil la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la ley”.

La Cámara de Diputados aprobó el 14 de septiembre de 2016 la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que permite a cualquier persona solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz. En la ley se establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.

En el proyecto original del oficialismo se había establecido que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.