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Conmoción regional por el "autogolpe" chavista en Venezuela

EE.UU., México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Panamá condenaron la decisión de la Justicia de atribuirse las funciones del Parlamento
31/03/2017 - 12:54hs
Conmoción regional por el "autogolpe" chavista en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumió las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato, en una decisión sumamente polémica.

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", indicó el Tribunal en un fallo publicado durante la noche del miércoles.

El tribunal, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias.

Aunque la cámara desvinculó a esos diputados posteriormente, la Corte considera que el acto no fue formalizado.  

Repercusiones regionales y mundiales

La cancillería argentina emitió un comunicado para señalar su "preocupación" por la decisión de la Justicia venezolana que "limita las facultades de la Asamblea Legislativa" y restringe el accionar de los legisladores "elegidos por el voto popular. Además reivindicó la "plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos".

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció "el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional", último poder del Estado legitimado por el voto popular.

"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció Almagro.

Por su parte, Brasil emitió una nota con un tono de condena hacia el dictamen. "El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

A su vez, el gobierno de Chile expresó su "más alta preocupación" por la decisión de la Corte Suprema.

"Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos cómo proceder de ahora en adelante", agregó el canciller Heraldo Muñoz, quien también reafirmó lo expresado por 20 países durante una sesión en la OEA en la que pidieron pasos concretos en el organismo para lograr un mayor diálogo y que el país salga de la crisis.

El jefe de la diplomacia chilena señaló que lo que su país quiere "es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos. Pero claramente esto va en la dirección opuesta".

Más tarde, el gobierno de Michelle Bachelet llamó a informar a su embajador en Caracas, Pedro Felipe Ramírez.

"La situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades", tuiteó la mandataria.

Desde Uruguay, varios líderes políticos de oposición se refirieron a la situación que atraviesa Venezuela. El senador colorado Pedro Bordaberry, señaló que "no hay excusas" para pedir la suspensión del país caribeño de la Organización de Estados Americanos y pedir la aplicación de la carta democrática en el Mercosur.

El senador uruguayo del partido Blanco, Luis Lacalle Pou señaló que "urge decisión firme" sobre qué hará la cancillería uruguaya con respecto a la participación de Venezuela en la OEA. Mientras que su par del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que los parlamentarios uruguayos que piden democracia en Venezuela se pronunciarán al respecto.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró en Bogotá que su gobierno está preocupado por lo que considera un "deterioro del orden democrático" del país bajo el régimen chavista. El diplomático envió su mensaje luego de una reunión con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.

La representante del gobierno de Juan Manuel Santos también se sumó a la condena.

"Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia", dijo Holguín en rueda de prensa. En un comunicado emitido poco después por la Cancillería colombiana, el gobierno colombiano señaló su "profunda preocupación" por la decisión.

En el caso del expresidente colombiano, Álvaro Uribe, publicó un video en Twitter en el que pide la aplicación de la carta democrática en Venezuela y que saquen al presidente Nicolás Maduro del gobierno venezolano y lo "metan preso". Además dice que "ojalá" Venezuela convoque a elecciones "cuanto antes".

En horas de la mañana, Perú resolvió retirar "de manera definitiva" a su embajador en Venezuela por entender que la decisión de la Justicia venezolana fue un "quebrantamiento del orden democrático".

"Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un comunicado.

El Gobierno de Panamá expresó "profunda preocupación" por la decisión del Supremo de Venezuela e hizo un llamado a que en ese país se respete el orden constitucional y la democracia.

La medida adoptada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, "que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional" del país suramericano, "agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela", expresó en un comunicado la Cancillería de Panamá.

"Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas", indicó la misiva oficial.

Estados Unidos denunció que la "usurpación" del Poder Judicial es "una ruptura de las normas democráticas".

Además, señaló que el dictamen "daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos".

Por ello, el Departamento de Estado norteamericano concluyó: "Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela".

La Unión Europea, por su parte, solicitó un "calendario electoral claro" en Venezuela y respeto a la Asamblea Nacional.

Diputados sin inmunidad El opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) denunció que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le despoja de sus funciones mientras estén en desacato es "un golpe de Estado con todas sus letras".

"En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", denunció Borges, quien rasgó frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de "basura" e instó a la Fuerza Armada a no "seguir callada frente a la ruptura de la Constitución". 

"Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (...) están en  contra del caos que sucede en Venezuela", sostuvo el diputado, y  anunció que la cámara "se rebela y desconoce" la decisión judicial.

Al conocerse la nueva decisión del TSJ, el también opositor Henry Ramos Allup, afirmó que los parlamentarios "debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (...) y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos".

Por su parte, el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, celebró el fallo.

Alegando el desacato, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

El retiro de los fueros parlamentarios ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. 

La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron "preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria" de Venezuela.

Una semana antes de ese encuentro, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por Maduro como "traición a la patria", delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

Presión internacional  Para analistas como Benigno Alarcón la escalada en el choque de poderes de Venezuela es una respuesta a las recientes acciones en la OEA

"El gobierno está tratando de aumentar la presión sobre los parlamentarios y la comunidad internacional, diciendo que está dispuesto a tomar represalias y apresar a líderes opositores que estén buscando ayuda en el exterior", declaró Alarcón a la AFP.

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, "sin la aprobación de la Asamblea Nacional".

Pero al declarar "omisión legislativa", la Corte indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esta cuestión resulta clave para el Gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016. 

Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.

Las gestiones en la OEA son promovidas por su secretario general, Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.

Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.