El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne le mostrará en tres meses a Mauricio Macri el primer borrador del proyecto de reforma fiscal que recién irá al Congreso el año que viene.

El Gobierno lo pondrá a discusión de los bloques legislativos, las asociaciones profesionales, las cámaras empresarias y los think tanks.

“No puede decir nada de ese proyecto”, dice el ministro, quien prepara personalmente el proyecto junto a Sebastián Galiani, su secretario de Política Económica.

No hay ningún sabio ni un gurú ni estrella del fiscalismo, criollo o foráneo, que aporte nada al proyecto.

“Los sabios somos nosotros”, bromea el funcionario. El esfuerzo de emprender una reforma fiscal es un empeño de un gobierno que se siente con futuro. Algo que no han tenido otras administraciones que intentaron algo parecido.

El esfuerzo más recordado es el de Domingo Cavallo, que dejó sangre, sudor y lágrimas en la pelea contra los impuestos distorsivos o que impiden la competitividad.

Ingresos brutos fue la bestia negra de las batallas anteriores, pero este gobierno se resigna a que es la caja de la mayoría de las provincias, y que es una quimera pretender eliminarlo, o bajarlo de manera significativa.

En la conversación de merodeo sobre el secretísimo proyecto surge, casi por fatalidad, el otro enemigo de la competitividad, que son las cargas al trabajo. Si hay un tributo que los ortodoxos querían dinamitar son los impuestos que encarecen los empleos.

“En la Argentina llegan al 40% entre lo que pagan trabajadores y empresas. En países con los que hay que compararnos, eso no llega al 20%”, dice Dujovne.

Los sabios de esa reforma entienden que es una guerra delicada pero vital: los sindicatos, identificados con la oposición peronista, no les van a dejar dar un paso en la dirección de una baja de aportes. De ahí el sigilo con que se mueven en Hacienda: hablar de un proyecto es despertar en el acto los anticuerpos que anulan cualquier camino.

“Las jubilaciones las tiene que pagar y las va a pagar siempre el Estado, aunque se toquen los descuentos, porque ese pago es por ley y con escalas automáticas de actualización”, insiste Dujovne.

El otro tramo son los descuentos para el mantenimiento de las obras sociales. Acá el Gobierno hace experiencia con el conflicto docente: era mejor discutir condiciones y reforma educativa, el estatuto, y no valores monetarios.

Después de todo, como recordó esta semana un fino negociador del sindicalismo, “cuando das plata, arreglás todo, y sólo estás dando plata, plata, o sea nada”. En esta reforma fiscal, el debate se llevará por el andarivel de la discusión de qué calidad de salud dan las obras sociales, que podrían bajar los aportes si se crea un sistema más amplio del que sean parte con el Estado y los privados.

En la división de tareas que Dujovne se impone a sí mismo, la explicacion de la economía se lleva un tercio del tiempo, otro tercio esta reforma fiscal, y el último tercio el emprendimiento que más lo entusiasma, que es un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que compromete a 21 de las 24 provincias en normas de control del gasto.

¿Por qué 21 y no 24 provincias? Porque la Capital no integra el Consejo que administra el último acuerdo de este tipo, La Pampa no entra porque es una provincia boutique, ordenada y sin colapsos financieros. San Luis, porque es la Barcelona del Sur y no le firma nada a nadie. Y menos ahora que los Rodríguez Saá se acercan al kirchnerismo para protegerse del acuerdo de Cambiemos con su ex delegado en la gobernación, Claudio Poggi.

Persigue ponerle un techo al gasto primario hasta 2019 y frenos extravagantes para la clase política criolla, como normas de fin de mandato que impedirían que los funcionarios que se van, designen en los últimos seis meses empleados en planta permanente o rematen propiedades del Estado.

Los hombres que no vienen de la política actúan con preconceptos. Uno de ellos es creer que los políticos van a ajustar sus conductas a las restricciones del sistema, cuando la realidad muestra que la política ajusta el sistema a sus intereses.

El llamado Pacto de Guaymallén --por la ciudad mendocina en donde hace dos semanas se firmó un acta con los términos del compromiso-- convertiría a la Argentina en un paraíso fiscal, no en una guarida fiscal

El Gobierno cree que, en un par de meses, ese Pacto de Guaymallén que contiene el compromiso de no subir el gasto hasta 2019, será ley del Congreso.

La “gran Sileoni” para cerrar la huelga docenteEstos proyectos respiran con alivio pensando en la descomprensión del conflicto que seguirá, por física política, al paro del próximo jueves 6.

Para esos días creen que el conflicto docente en Buenos Aires estará a punto caramelo para disparar la táctica final: con la huelga de ese sector en su mínima expresión -el cálculo de la semana hablaba de un 20% de acatamiento- y los niños en el aula, hacer la “gran Sileoni”. O sea, dictar un decreto con el aumento ofrecido, pero rechazado por los gremios, y confiar en que será difícil que los maestros salgan de nuevo a la calle.

Este movimiento está admitido por todos los sectores, que se acomodan a mostrar al Gobierno nacional y al de María Eugenia Vidal como ganadores de la pulseada. ¿Qué triunfo buscan? Demostrarle al voto propio de Cambiemos que tienen la fuerza para resistir los ataques de la oposición, identificada mayoritariamente con el peronismo. Que de esto se trata: de un capítulo de la campaña electoral.

El paro del 6 y la Semana Santa postergan la apertura del Congreso hasta el 19 de abril. Eso también dilata decisiones de candidaturas y otros movimientos que se suceden con vértigo.

Toman posición, por ejemplo, Sergio Massa, que recibió antes de irse a China al asesor peruano Sergio Bendixen, quien le aconsejó salirse de la escena pública y de las refriegas y trabajar su capital simbólico, como las alfombras rojas que lo arroparon en su majestuoso viaje a China.

Pero lo más gravitante antes de irse a Oriente fue la visita que hizo a La Ñata, adonde comió con Daniel Scioli. Un mensaje con sordina, pero que conocen todos los actores.

También mueve Florencio Randazzo, que piensa cada vez más en competir, pero por fuera de PJ de la provincia. Para eso hizo una consulta con el ex intendente de Pinamar Blas Altieri, quien tiene registrado un partido provincial en regla para anotarse como candidato.

Hubo en las últimas horas catarata de encuestas, todas presentando a las fuerzas en puja en Buenos Aires divididas en tres tercios: Cambiemos-Carrió, Cristina-Scioli y Massa, en diversos órdenes de precedencia según el paladar del consultor.

Eso pone ilusiones en todos, pero las amortigua un hecho que aporta la experiencia: las PASO polarizan cualquier elección entre el primero y el segundo. El que sale tercero se queda afuera, sea la elección que fuere.

En esas encuestas mantiene imagen Vidal y crece cinco puntos Macri. El peronismo sufre, en sus principales figuras, un negativo alto que deben trabajar para ser competitivos. ¿Randazzo? En ninguna da más de 7 puntos, pero si juega, los votos se los saca a la dupla Cristina- Scioli. No a Massa, ni a Macri. 

“¿También lo van a jubilar al papa por viejo?”María Servini se entusiasma con sus pujas con Ricardo Lorenzetti: “Me gustan estas peleas, he renacido”, le diría a un visitante hace algunas horas. “Sí, tengo 80 años, como el Papa, que es 15 días más joven que yo. ¿Qué, a él también lo van a jubilar por viejo?”, reía.

Carrió rechazó el fallo como fruto de una “mayoría circunstancial”, del cual debieron excusarse los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti porque fueron convencionales en 1994 y redactaron la cláusula de la edad. Va a continuar la pelea junto a Servini contra el presidente de la Corte.

Desde el 4° piso de Tribunales (sede de la Corte) le quitan toda inquina a la decisión, que debió salir hace rato porque lleva 7 años en trámite. Estaba lista en octubre pasado, pero la pidió el nuevo juez Carlos Rozenkrantz, que falló contra el límite de la edad y lo firmó recién ahora.

Picardías: el tribunal protegió a Elena Highton porque esperó a que ella tuviera un fallo protector que no apeló nadie y quedó afuera de la razzia. Ahora el Gobierno festeja que podrá tener más de una veintena de nuevo cargos a cubrir, entre ellos el de juez electoral de Córdoba, el segundo distrito del país en cantidad de votos, y en donde se juegan las relaciones de Cambiemos con el delasotismo.

Administrar esa nueva realidad despertó nuevas quimeras, como que es la oportunidad para que Ernesto Sanz revise su negativa a ser ministro de Justicia.

Hoy el Gobierno no tiene una relación informativa eficaz con la Corte, que sí la tiene el ex senador mendocino, y se enteró del fallo de los 75 años por los diarios. De haberlo sabido antes, le hubiera avisado a Carrió que Servini no estaba tocada, y evitaban un chisporroteo político en el comienzo de la campaña electoral, dice este domingo Clarín.